Bueno pues sirene Montero ha vuelto a hacer el ridículo otra vez. Y es que esta señora vive emperrada en reconstruir y relanzar de nuevo su carrera política no le bastaba con haber sido la ministra más impopular nefasta y odiada de la historia de la Democracia culminando con la puesta en libertad de cientos de agresores sexuales en nombre de la defensa de las mujeres exiliada en el europarlamento y busca nuevas vías para llamar nuestra atención.
Víctor de Aldama, para disgusto de quienes pensaban que iba de farol y es que el comisionista acaba de aportar al Tribunal Supremo las pruebas documentales de los supuestos pagos de comisiones al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos que luego se convirtieron en obras a constructoras de la trama por valor de cientos de millones de euros.
Un respaldo que no sorprende si se tiene en cuenta que Sánchez Acera, hermano de Pilar Sánchez Acera —jefa de Gabinete del ministro Óscar López y la persona de Moncloa que filtró a Lobato el correo del abogado del novio de Ayuso—, ocupa desde hace un año un lucrativo puesto en una empresa pública dependiente del Gobierno. -
Raúl Morodo y su hijo Alejo crearon tres empresas instrumentales para no pagar el IRPF por casi los 4,5 millones de euros procedentes de PDVSA entre 2013 y 2014. La Audiencia Nacional ha condenado a 10 meses de cárcel a Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y a dos años a su hijo, Alejo, después de que estos llegasen a un acuerdo con la Fiscalía y reconociesen que ocultaron a Hacienda ganancias de la petrolera estatal PDVSA entre 2013 y 2014. El exembajador de España se se
Estas adjudicaciones del Gobierno desde 2020 a la compañía del hermano de Sara Aagesen se han realizado desde siete ministerios. El Ejecutivo de Sánchez ha adjudicado al menos 80 contratos en los últimos cinco años a Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica. La empresa de Harald Aagesen, el hermano mayor de Sara Aagesen, nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha recibido en los últimos cinco años más de 1,2 millones en contratos públicos del Ejecutivo, formando ella parte del mismo como