Desde que Isabel Díaz Ayuso asumió la presidencia de la Comunidad de Madrid, en 2019, su gestión ha generado un gran rechazo y contestación social, particularmente en áreas clave para los servicios públicos como la sanidad, la educación y la igualdad. Los vecinos y vecinas apuntan a que sus políticas favorecen a los sectores más acomodados y que lejos de reducir las desigualdades, suponen de facto un recorte de los derechos básicos. No en vano la número uno del PP en la región ha llegado a describir la justicia social como "un invento de la izquierda" diseñado para fomentar la "lucha de clases" y el "rencor" entre diferentes grupos sociales. 

Las protestas de ahora evocan un cierto paralelismo con las manifestaciones de principios de la década de 2010, particularmente con el movimiento del 15M, por el gran seguimiento que están teniendo. En solo dos años, las asociaciones vecinales en defensa de la sanidad pública han convocado tres manifestaciones que han llegado a reunir hasta un millón de personas.

La primera gran marcha tuvo lugar en noviembre de 2022, luego se preparó otra en febrero de 2023 y este mismo domingo se ha celebrado la última. "Hay movilizaciones semanales, aunque hagan todo lo posible por taparlas", afirma a Público Roberto Tornamira, uno de los portavoces de los Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid.

No se trata solo de macroeventos puntuales. El tejido asociativo madrileño demuestra su músculo y potencial cada semana, en cada barrio y municipio de la comunidad. Las plataformas y organizaciones locales se reúnen en asambleas y concentraciones frente a sus centros ambulatorios y hospitales de referencia para exigir cosas tan básicas como médicos de familia o pediatras disponibles. Algunos, como el centro de salud de Abrantes, ubicado en Carabanchel, que ya no tiene pediatras por las tardes y la aplicación para pedir cita muchas veces ni funciona ante la falta de especialistas, agonizan. 

También son frecuentes las acampadas, los encierros y las protestas desesperadas en las zonas rurales de Madrid. Aparte de las listas de espera, en su caso la preocupación llega cuando enferman fuera de los horarios ordinarios y no tienen un médico al que ir. Una situación que conocen bien en localidades como Majadahonda, Colmenar Viejo o Paracuellos, donde han fallecido personas sin posibilidad de recibir asistencia a tiempo por no disponer de facultativo de urgencia.

Desde 2019, Madrid es la única comunidad que ha reducido su presupuesto en Atención Primaria. Mientras la media nacional de inversión es del 14,92%, Madrid se queda en un 10,73%, la más baja del país. Esto ha provocado una falta de personal sanitario y sobrecarga en los trabajadores existentes, con médicos atendiendo a más de 50 pacientes diarios​. La situación ha estado a punto de desbordarse varias veces: así, por ejemplo, la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, que recortó un 18% la plantilla en los centros, y la falta de medios llegó a provocar una cascada de dimisiones en cadena de altos cargos sanitarios dentro del propio Gobierno de Ayuso que dio lugar a una gran crisis interna.

Entre tanto, las empresas tienen cada vez más poder en este servicio básico. Como vienen advirtiendo, los ciudadanos de a pie temen que el día de mañana, en lugar de una tarjeta sanitaria, tengan que presentar una tarjeta de crédito para ser atendidos. En diversas declaraciones, Ayuso ha argumentado que el sector privado ofrece una mayor eficiencia y calidad, dejando clara su apuesta por las aseguradoras y clínicas.

"Nuestra expectativa es no parar. Vamos a insistir por activa y por pasiva en defender nuestros derechos", ha expresado Tornamira. "Claramente se están reactivando los movimientos sociales, pero sobre todo, en mi opinión, porque hay una orfandad de representación política. Los partidos no consiguen conectar con el sentir de la calle y eso es preocupante porque existe el riesgo de que vengan personas como las de la fiesta fascista que ha organizado este domingo Vox y llene ese espacio. También, por el contrario, puede que de aquí surja el día de mañana algo ilusionante", declara Tornamira.

Quinta jornada de huelga educativa del curso

Por su lado, el profesorado madrileño vivirá este martes su quinta jornada de huelga desde el inicio del curso. La comunidad educativa madrileña organizó el pasado 8 de mayo una jornada de huelga histórica, logrando un seguimiento superior al 65%, según datos de las organizaciones convocantes; y este 21 de mayo tendrá lugar una nueva movilización.

El Gobierno de Ayuso ha apostado por aumentar la financiación a la educación concertada, mientras reduce recursos para la educación pública. De hecho, en Madrid, solo el 40% del alumnado está escolarizado en centros públicos​. Se han cerrado aulas y ciclos completos en las escuelas públicas, al tiempo que se otorgan cheques escolares a centros privados, incrementando la segregación educativa y social​, denuncian desde el profesorado. Muy críticos con esta deriva, también las familias argumentan que estas políticas aumentan la desigualdad de oportunidades, pues consideran que la educación pública es una herramienta crucial para la equidad social.

Frente a la lógica "ayusista", individualista y que "pone a pelear al último contra el penúltimo por apenas unas migajas", se constituyeron a principios de este curso lectivo una serie de asambleas de profesoras en los centros educativos madrileños, similares a las que había con la Marea Verde, cuenta Alicia de Menos Lectivas a Público, "con el fin de coordinarse y retomar las protestas". Ello ha supuesto un cambio significativo en la estructura de la movilización, donde el profesorado ha pasado de ser un espectador a un actor activo, con una creciente capacidad de debate y organización en espacios unitarios para la toma de decisiones colectivas. 

La sociedad civil cerca a Ayuso con sus reivindicaciones

Aunque ambos focos (sanidad y educación) son, en estos momentos, el centro de la diana de las protestas contra la gestión de Ayuso, la presidenta también ha sido criticada desde otros espacios, entre los que destacan los defensores de la vivienda digna o los derechos de las mujeres y LGTBI+.

Su gestión en vivienda, especialmente por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión, se ha traducido en un aumento de los alquileres y una mayor precariedad habitacional. Las reformas de las leyes LGTBI+ también han suscitado manifestaciones masivas. El Gobierno de Ayuso ha propuesto modificaciones que, según los colectivos, suponen un claro retroceso y patologización de las personas trans. Entre las medidas más cuestionadas se encuentra la derogación de artículos que protegían la identidad de género y la visibilidad LGTBI+ en el ámbito educativo y público.