La frase estándar del Gobierno para quitarse de encima las preguntas sobre el rescate de Globalia fue la siguiente: "Toda la información y documentación relativa al Fondo (FASEE) tiene carácter reservado". No fue una postura aislada sobre el rescate a Globalia: afectó a todos los rescates en los que intervino el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Pero se convirtió en un parapeto con el que evitar dar información de una operación que ha rodeado la polémica por la reuniones mantenidas entre el comisionista de la trama PSOE-Koldo, Víctor de Aldama, y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
El caso Koldo-PSOE se ha extendido hasta el rescate de la aerolínea Air Europa debido a la implicación de Víctor de Aldama y sus reuniones con la mujer del presidente del Gobierno en los días previos y posteriores a la concesión del recate multimillonario a la compañía. Víctor de Aldama, comisionista estrella de la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, según refleja el sumario, trabajó en 2020 para el grupo Globalia, empresa matriz de Air Europa, a través de su sociedad MTM 180 Capital SL.
MTM, a su vez, mantuvo los negocios, contactos y alianzas clave con Soluciones de Gestión y Apoyo SL, la empresa inicialmente investigada que dio origen a las actuaciones judiciales por los supuestos cobros de comisiones ilegales. Aldama, según el propio escrito de Anticorrupción habría recurrido a Koldo García Izaguirre -asesor de Ábalos y persona de confianza de Santos Cerdán-, con el que compartía "una estrecha relación", para "agilizar trámites en el Ministerio de Transportes" relacionados con los contratos públicos de compra de mascarillas.
El grupo Globalia, por su parte, ha admitido haber contratado en septiembre de 2019 a la empresa de Víctor de Aldama como asesor. Pero todo ello está rodeado de un manto de secreto impuesto inicialmente por el Gobierno. Y es que declaró los rescates con el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas como materia "reservada".
En noviembre de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ayuda inicial a Air Europa de 475 millones de euros con cargo al FASEE que gestionaba la igualmente pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno de Sánchez afirmó conceder la ayuda por el "carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, como por los mercados y las rutas atendidas" por Air Europa.
El rescate se dividió en un préstamo participativo de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de 235 millones de euros. Además, Air Europa también recibió en 2020 un segundo rescate por medio de un préstamo de 140 millones de euros avalado por el Instituto Oficial de Crédito (ICO). En resumen: 615 millones de euros de ayudas públicas de las que poco más se sabe por el carácter "reservado" que rodeó a todas estas operaciones.
La dificultad en el seguimiento de la operación se hacer mayor ante la aparición de una segundo operación de ayuda que también toca a Globalia.
El 16 de marzo de 2021 el mismo Gobierno aprobó el rescate de la UTE Globalia-Ávoris, dotado con 320 millones. Se trataba de una alianza que implicaba a Halcón Viajes y Be The Travel Band. Halcón Viajes procede de los Hidalgo, la misma familia que ostenta el cargo de CEO de Globalia.
El préstamo incluyó un crédito participativo de 163 millones y un crédito ordinario de 157 millones. Ávoris acabó plenamente en manos de Barceló, que se hizo con el 49,5% que poseía Hidalgo. Y Barceló asumió la carga plena de la deuda.
Pero, cada vez que la oposición intentó tener más información, el Gobierno interpuso la siguiente explicación: "Toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al FASEE tiene carácter reservado, tal y como establece el mencionado artículo 2 del Real Decreto-Ley 25/2020".
Y citaba el siguiente párrafo de ese RD: "17. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas. Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren".