El TSJM estrecha el cerco al fiscal general y anticipa una intervención del TS en el caso del novio de Ayuso

El procedimiento que más preocupa en la Fiscalía General del Estado acaba de arrancar y, ya desde el inicio, queda claro que Álvaro García Ortiz acabará respondiendo por la acusación de revelación de secretos que formulan en su contra Alberto González Amador y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La difusión de una nota de prensa sobre el caso, emitida en respuesta a informaciones erróneas sobre la situación penal del empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha acabado convirtiéndose en la peor pesadilla del máximo responsable del Ministerio Público. A la vista de las primeras diligencias ordenadas por el juez del caso, ya es evidente que el asunto acabará en manos del Supremo.

Después de que, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se decidiera por admitir a trámite la denuncia de González Amador, el instructor del procedimiento ha tomado sus primeras decisiones en las que apunta, directamente, a García Ortiz. Aunque el novio de la presidenta madrileña señalaba a dos fiscales, el juez apunta más alto. En un auto hecho público este jueves ordena las primeras diligencias y reclama saber "quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado".

En la nota se desvelaba la sucesión de comunicaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. La defensa del acusado por dos delitos fiscales y falsedad documental, buscaba alcanzar un pacto de conformidad y, a cambio, reconocía la comisión de la defraudación y aceptaba una pena de prisión que no implicaba el ingreso en la cárcel. García Ortiz siempre ha sabido que la responsabilidad es suya. Lo dijo abiertamente, de forma pública y por escrito después de que las denuncias comenzaran a coger vuelo.

En el caso de que la instrucción concluya que existen indicios de delito y compruebe en la respuesta de la Fiscalía que la orden de informar del detalle de los contactos partió del fiscal general, el TSJ dejará de ser competente y el asunto pasará a manos del Tribunal Supremo. La revelación de secretos por parte de funcionario público es un delito grave, penado incluso con penas de prisión y que, además, implica la inhabilitación para aquellos que sean condenados por cometerlo.

TE PUEDE INTERESAR

Ayuso y Dolores Delgado, el martes más negro del fiscal general: "Debe dimitir"

Beatriz Parera

El artículo 417 y siguientes del Código Penal explican que lo comenten aquellas personas que por razón de su cargo público tengan acceso a cierta documentación e información y, teniendo que custodiar estos, actuaran a sabiendas de lo que puede ocurrir y revelasen esa información privada. Si se trata de secretos de un particular, se prevén penas de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Información veraz vs. violación de derechos

El juez ahora y el Supremo previsiblemente en el futuro tendrán que valorar si la nota de prensa responde al derecho a una información veraz, como defiende el fiscal general, o si invadió el límite penal e incurrió en la violación de derechos de González Amador. La pareja de la presidenta madrileña está acusado de defraudar a Hacienda en dos ejercicios simulando contratos para rebajar el pago. El hecho de que se hiciera público que reconoce que lo hizo, le deja indefenso en el procedimiento que se instruye de forma paralela a este, asegura.

TE PUEDE INTERESAR

El novio de Ayuso avisa a la jueza del "riesgo absoluto de revelación de secretos" con el PSOE

Itziar Reyero Pablo Gabilondo

García Ortiz viene defendiendo -en contra incluso del criterio de otros fiscales- que la nota de prensa no contenía información que pudiera perjudicar este derecho de defensa "ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia" en el procedimiento judicial. "No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones", ha indicado en referencia a publicaciones previas en las que se indicaba que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto y luego se echó para atrás.

La tesis del máximo representante del Ministerio Fiscal es que recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado por la Constitución y que la Fiscalía tienen entre sus funciones informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia. El Supremo es competente para determinar quién tiene razón en estas tesis contrapuestas, ya que García Ortiz es aforado. Literalmente, se juega el cargo en este empeño.