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Nueva polémica en torno al fiscal general del Estado. En otro hecho insólito, Álvaro García Ortiz ha recusado a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver el recurso contra su designación como máximo representante del Ministerio Fiscal.
En el incidente de recusación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el fiscal general afirma que los magistrados que apreciaron "desviación de poder" en su actuación al ascender a fiscal de Sala a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, están "contaminados" para resolver la demanda presentada contra su nombramiento por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
"La sentencia es pues una parte troncal de los razonamientos de la demanda. El ejercicio del derecho de defensa nos obliga a contradecirla, y, por ende, se entiende que por ello que el tribunal que la ha dictado no es, ni puede ser, ni puede parecer imparcial al examinar sus propios hechos, fundamentos y conclusiones", explica el fiscal general.
La recusación se presenta contra los magistrados Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero. Sobre este último García Ortiz añade que, al día siguiente de aquella sentencia contra Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que "basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados".
"Entendemos que toda la Sala que dictó dicha sentencia (el fallo sobre la desviación de poder), está contaminada por aquella, y que sus decisiones se verían condicionadas por resoluciones anteriores por razones de mera coherencia y no contradicción entre resoluciones", afirma el fiscal general.
En el incidente, García Ortiz añade que "nuestro sistema legal no impone al justiciable la sumisa aceptación de un enjuiciamiento por magistrados a los que no se considera imparciales" y añade que existe una falta de imparcialidad manifiesta en Lucas, Díez Picazo, Fonseca-Herrero y Requero. La Sala estuvo compuesta también por la magistrada progresista Celsa Pico, ya jubilada.
En el escrito, el fiscal general sostiene que "se cumplen los dos requisitos que la Jurisprudencia Constitucional, la del Tribunal Supremo o la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estiman suficientes para entender que se vulnera el principio de imparcialidad del órgano judicial".
La Sala del 61
La recursación debe ser resuelta por la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación.
Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia LOPJ "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", como sucede en este mismo caso.
Con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, a la cabeza, la Sala del 61 está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
La APIF interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
García Ortiz, denuncian, "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias".
Por ello consideran que "no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno".