El Parlamento ha propinado un varapalo histórico al Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano al tumbar los informes de fiscalización efectuados sobre los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia del covid-19.
Libertad Digital ha tenido acceso a las propuestas de resolución del Partido Popular que han sido aprobadas por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, integrada por el Congreso de los Diputados y el Senado, y que rechazan los informes del tribunal de Chicano al considerar que sus explicaciones son "insuficientes".
Dichas propuestas de resolución se refieren, entre otros, a los informes efectuados sobre la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales; o la contratación de emergencia celebrada en el ámbito de la administración socio-laboral y de la seguridad social.
También sobre los informes de los contratos de emergencia efectuados por los Ministerios del área político-administrativa del Estado o por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas; los contratos en el ámbito del sector público empresarial estatal no financiero; o los contratos de los Ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos autónomos.
Dichas resoluciones instan al Tribunal de Cuentas a que, "a la vista de las insuficientes explicaciones dadas en la Comisión del día 11 de abril de 2024 sobre las cuestiones planteadas a este informe de fiscalización, elabore un informe, en el cual, se analice la solvencia de los contratistas con quienes se materializaron los contratos con motivo del covid-19".
Además se reclama "un informe detallado con las devoluciones de importes a las autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales" y que se "explique la licitación de los contratos con IVA, cuando había aprobada una exención general y los problemas y soluciones adoptadas al respecto, pues existía un real decreto-ley 15/2020, de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo".
Se solicita a su vez al tribunal "exigir en los contratos la obligación de tramitarlos con los principios de eficacia, eficiencia (relación calidad/precio) o economía (mejor precio posible), cuestión que no ha llevado a efecto"; o que "redacte un informe sobre los contratos Covid-19 correspondientes al ejercicio 2020, en el que se analicen los efectos que tuvo la actuación del Gobierno central en la toma de decisiones sobre las Comunidades Autónomas y su contratación, y que provocaron importantes disfunciones".
Por último, se pide otro informe sobre la "solvencia de los contratistas con quienes se materializaron los contratos con motivo del covid-19 y demás intervinientes en los contratos"; "informes con explicación detallada del material recepcionado, y además del material devuelto y los motivos de hacerlo y en su caso, calidad del mismo"; y un "informe de fiscalización con las devoluciones de importes a las entidades del ámbito del sector público empresarial estatal no financiero".
Un "varapalo histórico" para el Tribunal de Cuentas
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por LD afirman que "el varapalo del Parlamento a través de la Comisión Mixta al tribunal que preside Enriqueta Chicano es histórico. Es la primera vez en la historia que el Congreso de los Diputados y el Senado tumban de forma tan contundente la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas".
"En el pasado, el Parlamento conminó a algún ponente de algún informe a que lo repitiera, pero nunca se había efectuado una enmienda a la totalidad en la actuación del Tribunal de Cuentas. Ahora el tribunal que preside Chicano tendría que volver a hacer los informes de fiscalización que ha tumbado el Parlamento sobre los contratos del covid del Gobierno", concluyen.