Los lazos que unen España y Portugal se atan en Galicia. Además de ser vecinas, ambas regiones siempre han estado fuertemente unidas por factores culturales, históricos y lingüísticos muy estrechos, aunque en ocasiones este vínculo va más allá de lo tradicional y se convierte en un nexo de unión para el desarrollo de actividades al margen de la legalidad.
La proximidad entre ambos territorios ha propiciado que muchas redes criminales vinculadas al tráfico de drogas se aprovechen de estos lazos para establecer sus negocios, siendo uno de ellos el de la fabricación de embarcaciones semirrígidas para transportar los cargamentos desde el Atlántico a las costas españolas.
"Galicia siempre ha sido un referente en la fabricación de este tipo de naves, por la profesionalidad, el tiempo y la tradición a la hora de elaborarlas", explica a 20minutos Fernando Iglesias, responsable en la comunidad gallega de Vigilancia Aduanera que lleva ya 18 años trabajando para la Agencia Tributaria. Por ello, muchas organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico acuden a esta bandas de esta región del noroeste español para adquirirlas.
Prohibidas por Real Decreto en 2018
Pero poco a poco, la ley en España ha ido cercando las posibilidades de las redes narco. En 2018, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley por el que quedaban prohibidas estas naves de alta velocidad, ante su intensa actividad en el litoral del Estrecho y de Galicia. Según afirma la página oficial de La Moncloa, entre 2012 y el año de aprobación de esta nueva normativa, Vigilancia Aduanera había intervenido 81 narcolanchas y detenido a 282 personas por su uso para intentar introducir grandes cantidades de droga en nuestro país.
"Antes de esta normativa, la fabricación se hacía en náuticas de forma abierta, pero a partir de esta ley, los criminales trasladaron la elaboración a naves clandestinas", apunta Iglesias, quien explica que, para atacar esta vía, llevaron a cabo en 2022 un operativo sin precedentes conocido como 'Operación Munari', que se saldó con 22 detenciones y el desmantelamiento de una red que equipaba a las embarcaciones con GPS y radares para venderlas a bandas del Campo de Gibraltar.
Portugal, "salvavidas" de las redes criminales
Ante este golpe, y viendo sus posibilidades diezmadas, las organizaciones criminales vieron como salvavidas el actuar en el norte de Portugal, ya que en el país luso la construcción de este tipo de embarcaciones ultrarrápidas no está considerada como ilegal.
"El modus operandi que venimos viendo era que estas redes hacían una interpretación muy particular de la norma, fabricando una parte de las embarcaciones en Galicia y rematándolas en Portugal", explica el responsable de Vigilancia Aduanera de Galicia. "Pero la normativa de 2018 te obliga a que tener la autorización de la Agencia Tributaria para empezar a construir una nave semirrígida, no vale decir que 'no es un barco todavía' porque 'si lo echas al mar no flota'", concluye Iglesias.
En este sentido, Fernando Iglesias asegura que este modus sigue sin estar "del todo erradicado", que incluso hay organizaciones que tienen moldes en Galicia para hacer el casco y después montar los motores en Portugal. Pero, añade que otras redes "le dieron otra vuelta de tuerca", como es el caso de la Operación Vozka llevada a cabo a finales de este mes.
Cómo operaba la 'red narco' entre Ourense y Valença
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Judiciária de Braga, desarticularon el 19 de abril una organización criminal enraizada en Ourense que se dedicaba a la fabricación de narcolanchas para grupos que operaban en el Estrecho. De este modo, el operativo se saldó con la detención de seis personas y la incautación de ocho narcolanchas, 30.000 euros en efectivo, 25 motores de gran cilindrada, radares GPS y diversos materiales náuticos e informáticos relacionados con su actividad.
La "vuelta de tuerca" de este entramado criminal era que la fabricación se realizaba íntegramente en Valença, localidad situada al norte de Portugal, mientras que el núcleo de la organización y la logística financiera estaba en Ourense.
"En 2022, esta red creó un conglomerado de empresas -sin actividad real- en el que todas las ganancias del narcotráfico se iban ingresando de forma fraccionada en cuentas bancarias mediante 'pitufeo', es decir, haciendo ingresos en efectivo en muchas cuentas diferentes de varias sucursales ourensanas", explica Iglesias.
"Ese dinero era reinvertido y blanqueado con la adquisición de embarcaciones, motores, dispositivos GPS y demás materiales en Portugal, donde posteriormente los utilizaban para la elaboración de las narcolanchas en naves de seguridad", expone el responsable de Vigilancia Aduanera de Galicia.
Fabricación y venta "a la carta"
Sus vías de venta y clientes habituales eran asociaciones de tráfico ilícito de drogas y personas, según señala Iglesias. De hecho, en un comunicado conjunto emitido por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria sobre este operativo, se destaca que algunas de las naves que salieron de este entramado estaban implicadas en aprehensiones de más de 4.000 kilos de cocaína y otros tantos de hachís llevadas a cabo en el Estrecho de Gibraltar y aguas internacionales.
"Se las hacían a la carta", afirma el dirigente aduanero. "Las organizaciones narcotraficantes contactaban con ellos para decirles lo que necesitaban: un motor, una embarcación, una embarcación con motor… entonces, esta especie de 'proveedores' aprovechaban esa red empresas interpuestas que habían creado para hacer las adquisiciones pertinentes en Portugal y facilitarles el producto final", explica.
De esta forma, la red ya desmantelada iba "poniendo cortafuegos" para que los adquisidores reales no parecieran criminales y que no hubiera trazabilidad de a dónde iba a parar realmente la mercancía. "Luego se las transportaban de Portugal a España o los propios narcos iban a buscarlas a naves de seguridad lusas que no dejasen nunca constancia de lo que iban a comprar", asegura Iglesias.
Coordinación de leyes portuguesas con España
En este punto, la problemática que se observa a simple vista sería la disparidad de leyes entre España y Portugal. Si a un lado de la frontera la fabricación es ilegal, pero del otro no, se presenta una paradoja cuya respuesta parece sencilla: la creación de una normativa portuguesa compatible con el Real Decreto-Ley español de 2018 para prohibir la fabricación de este tipo de embarcaciones ultrarrápidas.
El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, lo describe como una necesidad de "coherencia legislativa". "Si bien es cierto que a nivel operativo hay una estrecha cooperación policial entre efectivos portugueses y españoles, también es cierto que este canal debería subir escalafón y buscar la coherencia entre las leyes de ambos países", explica en declaraciones a este periódico.
"Portugal es un coladero, por las costas lusas desfilan la mayoría de las narcolanchas que luego suben a Galicia o bajan al Estrecho, y está entrando más droga que nunca. O enfrentamos esto con todos los medios y la máxima decisión, o vamos a tener serios problemas con estas redes", asegura Alonso.
Con él coincide el responsable en Galicia de Vigilancia Aduanera, que destaca que los efectivos portugueses "se abren de brazos" para coordinar operaciones, pero que a nivel legislativo todavía "no hay ninguna acción iniciada" para homogeneizar las normativas. "El anterior gobierno portugués tenía ya sobre la mesa un proyecto inspirado en nuestra normativa, pero con el cambio de gobierno se ha paralizado un poco", asegura Iglesias.
De todas formas, ambos se muestran positivos y confían en la elaboración de una legislativa portuguesa que frene a estos grupos criminales. Por su parte, Fernando Iglesias espera que el Gobierno luso acabe el 2024 con una normativa similar a nuestro Decreto-Ley.
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