En el año 2013, Yolanda Charlín, hija de José Luis y sobrina del patriarca del más famoso de los clanes de la droga de España, Los Charlines, era detenida por la Brigada Central de Estupefacientes junto a su entonces pareja y a un estrecho colaborador suyo, Víctor Dopico. Ambos fueron condenados a seis años y diez meses de prisión por tráfico de heroína. La Policía Nacional les relacionó directamente con la compra de seis kilos de esa droga que se producían en un innovador laboratorio que transformaba la morfina en la letal sustancia en las inmediaciones de Fuensaldaña, en Valladolid.
Con la condena recién cumplida, y tras lo visto el martes en O Salnés, todo apunta a que Dopico, el hombre que por aquel entonces realizaba viajes para negociar alijos en nombre de la sobrina de Manuel Charlín Gama, no ha tardado mucho en regresar al centro del escenario narcocriminal. De hecho, una vivienda que se le atribuye en Vilanova (donde lleva años afincado, pues es originario de Ferrol), así como negocios lícitos relacionados con la automoción y el tabaco están en el ojo de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables del despliegue de las últimas horas con epicentro en O Salnés.
Así, los registros más vistosos de la tarde del martes tuvieron lugar en el estanco de la Plaza de Galicia de Vilagarcía -todo un espectáculo para la multitud que pasea por esa zona cada tarde- y en un taller de la recta de Rubiáns, ambos vinculados al histórico colaborador de Los Charlines, condenado en firme por ello.
Los siguientes pasos a seguir tras la operación policial desarrollada por los agentes del Equipo Contra el Crimen Organizado de Galicia (ECO Galicia), que contaron con el apoyo de Europol y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), estarán marcados por las decisiones que vaya adoptando la Audiencia Nacional, instructora de las diligencias por tratarse de hechos que afectan a varias provincias. En las próximas horas irán pasando a disposición judicial los principales investigados, que, en base a las pruebas presentadas contra ellos (comunicaciones y dinero, principalmente), podrían ingresar en prisión.
