En plena vorágine por la decisión de Pedro Sánchez de cancelar su agenda pública como presidente del Estado español para reflexionar si seguir como presidente tras la campaña “de acoso y derribo” de la ultraderecha contra él y su pareja, es seguro que resultará de interés para la sociedad aragonesa conocer algunos de los medios de comunicación a los que las dos principales instituciones aragonesas, por su tamaño, subvencionan con dinero público.
Brevemente, cabe destacar, que el proceso de lawfare (golpe de estado blando coordinado en los ámbitos político, mediático y judicial de la ultraderecha españolista) no comenzó con el acoso a Pedro Sánchez. Por citar algunos otros casos recientes: hemos presenciado persecuciones político-mediático-judiciales contra Podemos, contra los jóvenes de Altsasu, los seis de Zaragoza, Mónica Oltra, los ocho de Yesa, Vicky Rosell, Pablo Iglesias e Irene Montero, Tsunami Democrátic o Alberto Cubero, por citar sólo algunos de los casos más recientes y de mayor impacto mediático. Eso sin remontarnos a las épocas del cierre de periódicos como Egin o Egunkaria, y salvando las distancias, siderales, también AraInfo | Diario Libre d’Aragón se ha visto implicado en una escaramuza judicial para intentar silenciarnos.
Todos estos casos de persecución coordinada de la derecha y ultraderecha contra rivales políticos tienen un denominador común: las derechas nunca aceptan la pérdida de ninguna parcela de poder, por eso cuando pierden unas elecciones ponen en marcha su maquinaria de fango para intentar deslegitimar los resultados electorales. En el Régimen del 78 las derechas mantienen inalterablemente el poder económico, mediático y judicial, y cuando las urnas no les son favorables incrementan su lawfare contra sus rivales.
Es de esperar, por tanto, que si el próximo lunes Pedro Sánchez declara que continúa como presidente del Estado, anunciará medidas para atajar las posibilidades de lawfare de la extrema derecha, y si no deberá hacerlo su sustituta. Esas medidas deberían incluirse en ‘una segunda transición -esta sí- democrática’, que reforme, al menos, el sistema y la ley de partidos y el electoral, el sistema judicial y legisle el sector de los medios de comunicación.
Publicidad institucional del Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza
En un sector económico como el de los medios de comunicación, que carece actualmente de modelo de negocio, en Aragón, en Europa y en cualquier parte del mundo, y en el que para los grandes medios las suscripciones a su cabeceras tienen un peso relativo poco importante, no en el caso de AraInfo, las subvenciones directas e indirectas de dinero público se han convertido en su gran y casi único salvavidas (además de la publicidad de grandes empresas que siempre se inclinan por medios también afines, eso cuando no son directamente los propietarios de los medios).
En nuestro país no existe una ley que regule específicamente el sector, ni tampoco la publicidad institucional. Por ello tanto Ayuntamiento de Zaragoza como Gobierno de Aragón (y el resto de instituciones y administraciones públicas aragonesas) distribuyen el dinero dedicado a estas partidas con el único criterio de sus simpatías políticas y bajo la estrategia de ‘favores debidos’.
Este reparto de fondos públicos a medios de comunicación es por tanto legal, pero cuando menos es poco transparente, poco ético y aún menos justo, atendiendo a criterios objetivos de audiencia y relevancia social.
Los medios ultraderechistas favoritos de Jorge Azcón y Natalia Chueca
Con los datos publicados en las páginas de transparencia tanto de la DGA como del Ayuntamiento de Zaragoza (del que faltan los datos del último trimestre) durante el pasado año 2023, sorprende, o no, los importes adjudicados a algunos medios ultrederechistas que participan en las diferentes campañas de mediafare.
Así, esRadio recibió de la DGA 11.404 euros, OkDiario 13.826 euros, EDATV 7.000€ euros, Periodista Digital 2.960 euros y Hoy Aragón 21.811,95 euros.
Mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza gastó en esRadio 5.917 euros, en 13TV 11.000 euros y en Hoy Aragón 11.200 euros.
Otros medios agraciados por la publicidad institucional del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza
El Gobierno de Aragón gastó en publicidad institucional en 2023 estos importes (no están todos): COPE 281.364 euros, La SER 240.435 euros, Diario de Teruel 50.269 euros, Diario del Alto Aragón 129.337 euros, Sport Aragón 10.000 euros, Ebro FM 23.595 euros, elDiario.es 16.999,95 euros, Eco de Teruel 8.363 euros, El Diario de Huesca 5.399 euros, El Español 7.260 euros, El Comarcal del Jiloca 5.000 euros, El Economista 36.058 euros, El País 103.153,03 euros, El Periódico de Aragón 239.550 euros, Enjoy Zaragoza 12.929 euros, El Pollo Urbano 5.000 euros, Expansión 36.050 euros, ExtraDigital 12.000 euros, GO Aragón 14.160 euros, Heraldo de Aragón 450.914 euros, La Vanguardia 100.007 euros, Noticias del Matarraña 13.000 euros, Onda Cero 294.761 euros, Periódico de Cataluña 14.000 euros, La Comarca 75.873 euros, Radio Benabarre 10.000 euros, Radio Calamocha 16.300 euros, Radio Huesca 52.590 euros, Radio Zaragoza 137.868 euros, Ronda Somontano 8.347 euros, Sobrarbe Digital 11.500 euros, Somos Litera 8.383 euros o Aragón Digital 16.917 euros.
Por su parte el Ayuntamiento de Zaragoza gastó en publicidad institucional en 2023 (a falta de los datos del último trimestre) estos importes (no están todos): La SER 26.533 euros, COPE 34.942 euros, Onda Cero 8.625 euros, Radio Ebro 5.600 euros, Heraldo de Aragón 22.800 euros, El Periódico de Aragón 10.177 euros, ABC 8.000 euros, Aragón Digital 8.800 euros, Europa Press 2.400 euros, El Economista 2.800 euros Diario Aragonés 2.400 euros, El Mundo 6.100 euros, Expansión 2.400 euros, Marca 2.400 euros, Enjoy Zaragoza 658,40 euros, Telva 10.750 euros y 8TV 4.400 euros.
Ley de Medios de Comunicación de Aragón
Conocido todo lo anterior, quizá se entienda mejor la propuesta que desde AraInfo | Diario Libre d’Aragón llevamos formulando en los últimos años allá dónde se nos ha querido escuchar: nuestro país necesita una Ley de Medios de Comunicación de Aragón que regule el caos y la jungla que actualmente reina en el sector.
Una ley que permita a todos los medios, empresas y entidades implicadas en el sector de la comunicación conocer unas reglas de juego comunes e iguales para todas. No es posible la libre competencia si las reglas se adaptan a cada jugador del tablero y es la subjetividad del político de turno quien establece quien participa de la publicidad institucional y quien no.
Una Ley de Medios que respete y fomente los medios de comunicación libres y/o comunitarios, que diferencie claramente a estos de los medios de comunicación comerciales.
Una ley que cree un Observatorio de los Medios aragoneses, que sea un organismo autónomo e independiente que mida y certifique las audiencias de cada medio de comunicación, cuestión básica para un criterio objetivo en la distribución de las partidas de publicidad institucional. Que vele también por el cumplimiento de la ética periodística e impida la impunidad de aquellos medios que se dedican a mentir, manipular o participar en campañas de lawfare o de difusión de mensajes de odio o que atenten contra la dignidad humana o los Derechos Humanos.
Proponemos, humildemente, este debate como una de las acciones posibles para solucionar la escalada de violencia política en la que la ultraderecha está sumergiendo todas las esferas sociales.
