La teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha archivado una denuncia contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por presunta revelación de secretos con el caso del novio de Ayuso. La 'número dos' de la institución ha descartado de plano que la ministra socialista cometiera delito al desvelar información sobre la inspección fiscal de Alberto González Amador y ha dado carpetazo al asunto.
Así se desprende del decreto de archivo de diligencias, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que determina que la información que Montero suministró en los pasillos del Senado "era conocida bastantes horas antes". El decreto se firma en paralelo a su petición de que no se admita a trámite la querella contra los fiscales que informaron sobre los correos intercambiados con su abogado.
En este caso, la denuncia la interpuso un particular contra la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez apelando a informaciones publicadas por varios medios, incluido este diario, sobre sus declaraciones en la cámara alta. Las noticias en cuestión apuntan que Montero dijo que el novio de Ayuso y la presidenta madrileña vivían en un piso que se habría pagado con comisiones irregulares cuando dicha información no se habría publicado todavía.
La Fiscalía cierra filas
Montero dijo que conocía este extremo porque lo había leído en los medios, si bien los dos periódicos que desvelaron este asunto (El País y el Diario) no informaron del tema hasta cinco horas después de que la vicepresidenta del Gobierno lo mencionara. Al respecto el denunciante incluyó también la "alarma" que había causado esta presunta filtración entre los inspectores, tal y como informó este medio.
La denuncia sostiene que, con sus revelaciones, la ministra de Hacienda habría vulnerado el artículo 95 de la Ley General Tributaria que determina, en su apartado primero, que los datos, informes o antecedentes que obtiene la Administración tributaria tienen "carácter reservado" y que no pueden ser cedidos o comunicados a terceros salvo que la cesión tenga por objeto la colaboración con la Fiscalía u otras administraciones tributarias.
Del mismo modo se apela a una vulneración del artículo 95 de la Ley General Tributaria, también sobre el carácter reservado de inspecciones fiscales como la que se hizo al novio de Ayuso por presunto fraude y falsedad documental. Finalmente, se apuntó a una presunta comisión de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos; dos delitos que están penados con cárcel.
"Existen dos infracciones: el acceso ilícito a información tributaria de un particular y la posterior difusión con publicidad (...), así como la sospechosa fecha de presentación de la denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía el 22 de enero de 2024, el mismo día que recibió un requerimiento de la Audiencia Nacional sobre la trama del caso Koldo. Todo ello hace presumir una utilización partidista de la Agencia Tributaria contra los adversarios políticos de la Ministra de Hacienda, a la sazón, vicesecretaria general del PSOE", expuso la denuncia.
"La información era conocida"
El decreto de archivo de la teniente fiscal del Tribunal Supremo expone al respecto que es "obvio" que lo relativo a "los datos, los informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tienen el carácter de reservado". No obstante, determina que la información que habría revelado la ministra de Hacienda ya estaría en posesión de algunos medios de comunicación, por lo que no habría cometido delito.
La 'número dos' de García Ortiz analiza cronológicamente las informaciones desveladas sobre este asunto y explica que, si se parte de la cronología de lo referido en la denuncia, se constata que la primera información sobre las irregularidades fiscales atribuidas a González Amador la publicó elDiario.es la mañana del 12 de marzo.
De lo expuesto fluye que la información era conocida bastantes horas antes a que la denunciada atendiera a los medios de comunicación, por lo que no desveló ningún dato que no estuviera adisposición de la opinión pública Decreto de archivo de la Fiscalía
La misma hacía alusión a un presunto fraude a Hacienda por parte del empresario de 350.961 euros provenientes de una comisión cobrada por la gestión de suministro de material sanitario en plena pandemia. Tras ello, según el decreto de la fiscal, se publicó en prensa que el Ministerio Público había denunciado en los juzgados ordinarios a la pareja de la líder del PP madrileño por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
"Al señalar la información que la Fiscalía había denunciado en el juzgado los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, otros medios de comunicación demandaron confirmación de la información tanto al Gabinete de Comunicación de la Fiscalía de Madrid como al de la Fiscalía General del Estado. Ambos confirmaron la existencia de la denuncia que fue facilitada a aquellos que la solicitaron", reza el decreto de Sánchez Conde.
Para la 'número dos' de la Fiscalía esta petición de confirmación por parte de algunos medios de comunicación lleva a concluir que la información que desveló Montero "era conocida bastantes horas antes" de que la ministra la trasladara a los periodistas, "por lo que no desveló ningún dato que no estuviera a disposición de la opinión pública", concluye el decreto que firma la mano derecha de Álvaro García Ortiz.
Con todo, al margen de la denuncia ante la Fiscalía, María Jesús Montero afronta una batería de querellas por estos hechos en el Tribunal Supremo, órgano competente de conocerlas por su condición de aforada. La propia pareja de Ayuso planea una querella contra la ministra, mientras que la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) ya la ha interpuesto por estos mismos hechos.
