El caso PSOE ha superado con claridad el sobrenombre inicial de este escándalo de corrupción, conocido popularmente en un primer momento como caso Koldo. En total, seis personas con cargo de ministro, 20 miembros destacados del PSOE, una presidenta del Congreso y dos presidentes autonómicos de gobiernos regionales en etapa de mando socialista han sido salpicados por un caso que, no sólo implica el cobro de comisiones ilegales y adjudicación a dedo de los contratos vitales para traer mascarillas, sino que, ahora y gracias a la documentación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se puede afirmar que es un escándalo en el que, con tal de incrementar la ganancia de los comisionistas ilegales, se optó por un producto sin certificar pese a tener proveedores homologados y certificados que, eso sí, suponían una menor comisión para los miembros de la trama.
LD ha contactado con el intermediario inicial de los que después figuraron como miembros de la trama. Un proveedor –que ha pedido mantener el anonimato– con experiencia y que llegó a gestionar hasta quince aviones cargados de mascarillas de la mano de los mismos demandantes de producto. Todo ello, a raíz de más de un millón de mascarillas por avión.
Eso sí, sus mascarillas contaban con todos los certificados de garantía porque eran un producto de alta calidad, tal y como certifica la documentación que hoy aporta LD. El problema con este intermediario, de hecho, nunca fue la calidad de los envíos. Sino que sus exigencias de costes y precios reducían la comisión de los miembros de la posterior trama. Y eso fue suficiente para dejarlo de lado.
Los envíos con el intermediario mencionado fueron planificados desde el 9 de abril de 2020, hasta el 1 de mayo. Se trataba de contratos de compra de entre 275.400 mascarillas hasta 6 millones, sumando en total más de 16,8 millones de mascarillas. Su producto contaba con el certificado de Bureau Veritas y garantizaba unas existencias de calidad y elevada protección. Y lo hizo por medio de dos firmas, una de las cuales apareció posteriormente en las compras de la trama –Star Tic–. La otra era Gama Global.
"No hubo ningún problema con los envíos, pero sí un intento de conseguir más comisión por las mascarillas. Y eso era más fácil de lograr, aparentemente, por medio de compras con los propios intermediarios de la trama. Claro… el problema era la falta de experiencia en sus compras y que eso en un mercado como el chino se paga en calidad", señala la fuente.
Lo cierto es que la trama fue consciente de ello hasta el punto de que recurrieron posteriormente al proveedor con el que ha contactado LD para que lograra los certificados de fiabilidad que no traía su producto. Pero ya era imposible.
"Por eso no se usó parte del producto entregado. Porque no tenía la calidad necesaria. Pero eso se tenía que haber sabido porque, si no, ¿por qué recurrieron después a mí para que intentara lograr los certificados?", se pregunta la misma fuente.
Illa, Torres y Armengol
La investigación del Juzgado Central de Instrucción número 2 que dirige el juez Ismael Serrano y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estudia, de hecho, justo este punto: si hubo cobro de comisiones ilegales en las adjudicaciones de contratos de material sanitario que acabaron en los Ministerios de Fomento e Interior y los Gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. Igualmente se analiza la posible participación del Ministerio de Sanidad que dirigía Salvador Illa. El juez sospecha de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y se investigan un total nueve contratos, por un valor que supera los 50 millones de euros. Todos ellos, por supuesto, asignados por el procedimiento de urgencia y reduciendo al mínimo los requisitos de cualquier contratación pública en circunstancias normales.
Así se compraron mascarillas a Soluciones de Gestión –una de las empresas de la trama– con destino a Puertos del Estado –el 21 de marzo de 2020 por valor de 20 millones de euros–. El 27 de marzo, Adif firmó otro contrato de 12,5 millones. Y el 20 de abril uno más por parte de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial (dependiente del Ministerio del Interior) por valor de 3,4 millones.
Canarias y Baleares también contrataron con esta empresa. La Canarias de Ángel Víctor Torres, por valor, en total, de 12,3 millones entre el 22 de abril y el 4 de mayo. El Gobierno de Baleares de Francina Armengol, el 8 de mayo, por valor de 3,7 millones.
Y todo ello se podría haber realizado con proveedores certificados y de calidad. No entregando mascarillas que, en muchos caso, como pasó en Baleares, acabaron en los cajones y sin usar. Al margen ya de la comisión desmedida.