El mapa del genocidio de Ruanda

El 6 de abril de 1994 dos misiles tierra-aire derribaron un avión presidencial con los líderes de Ruanda y Burundi a bordo, ambos hutu, cuando se preparaba para aterrizar en la capital ruandesa de Kigali. Al día siguiente comenzaba el genocidio de Ruanda, un intento de exterminio de la población tutsi por parte de la etnia hegemónica hutu que se cobró la vida de más de 800.000 personas en apenas cien días.

Treinta años después, el país se ha convertido en uno de los más seguros y estables de África bajo el férreo control del presidente Paul Kagame, pero la sombra del genocidio sigue muy presente entre la población ruandesa. En los últimos cinco años, se han desenterrado los restos de más de 100.000 víctimas de aquellos fatídicos cien días.

Las diferencias entre hutus y tutsis, sin embargo, no eran étnicas, tal y como se suele pensar. La colonización europea instrumentalizó la cuestión étnica para categorizar y dividir territorialmente a la sociedad de Ruanda, pero lo que se interponía entre ambos grupos eran en realidad desequilibrios socioeconómicos y de poder. De esta forma, los tutsis, pese a suponer apenas el 14% de la población en 1994, constituían una élite próxima a la monarquía en cuyas manos estaban las tierras y el ganado.

En 1959, la mayoría hutu —el 85%— atacó las propiedades tutsis y derrocaron al rey Kigeli V, expulsando del país a 130.000 tutsis. Casi todos fueron a parar a Uganda, donde un grupo de tutsis exiliados formó un grupo rebelde, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), que invadió Ruanda en 1990 y la sumió en una guerra civil que duró hasta 1993. Fue en esa calma tensa cuando el derribo del avión presidencial descarriló de forma definitiva la situación.

El reparto colonial de África en 1914

Los hutus habían sido forzados por Francia a firmar el acuerdo de Arusha de 1993, que contemplaba el retorno de los exiliados tutsis y la integración del FPR en un Gobierno transitorio, concesiones inasumibles para las facciones más extremistas. Los dirigentes del poder hutu, una ideología supremacista, alentaron entonces matanzas contra los tutsis ante el temor de ver reducido su poder. La muerte de los presidentes de Ruanda y Burundi, cuya autoría atribuyeron rápidamente y sin pruebas a los tutsis, precipitó un genocidio que ya había comenzado a gestarse en los años previos.

En una operación meticulosamente organizada que apenas duró cien días, más de 800.000 personas fueron asesinadas —en su mayoría tutsis, tres de cada cuatro miembros de su comunidad perdieron la vida—, 250.000 mujeres violadas y dos millones de ruandeses forzados a huir del país. En aquel entonces, las tarjetas de identificación de los ciudadanos especificaban a qué comunidad pertenecían, por lo que las milicias no tuvieron grandes dificultades en identificar a sus objetivos.

En la espiral de violencia jugó un papel importante además la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, que contribuyó a expandir las teorías del poder hutu y a crear una atmósfera de odio y racismo —animaba a sus oyentes a «eliminar las cucarachas»—.

El genocidio se desarrolló ante la pasividad de la comunidad internacional, que no intervino en el conflicto hasta el 23 de junio, dos meses y medio después del comienzo de la matanza. Fue concretamente a través de la Operación Turquesa, una campaña liderada por Francia bajo el mandato de las Naciones Unidas planteada como una misión de ayuda humanitaria. No estuvo exenta de polémica: si bien impidió una venganza tutsi, facilitó que muchos líderes hutus huyeran a países extranjeros o a campos de refugiados.

A pesar de ello, fue el avance del Frente Patriótico Ruandés, que se internó en el norte del país desde Uganda y consiguió tomar la capital Kigali en julio, el que puso fin a la masacre. En noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que acabaría declarando a culpables a 61 personas en lo que supuso la primera condena por genocidio de la historia.