El independentismo reactiva la ofensiva contra los jueces: "Se les juzgará cuando seamos un Estado"

El independentismo ha emprendido una cruzada sin cuartel contra la judicatura española. Los jueces están en la diana del sector más radical, que amenaza y lanza campañas contra aquellos que tramitan denuncias contra los activistas soberanistas. Las advertencias de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, contra quienes no apliquen la ley de la amnistía son la antesala de esta guerra mediática. El exvicepresidente del Parlament Josep Costa, hasta la pasada legislatura hombre fuerte de Carles Puigdemont en la Cámara catalana, ha dado una vuelta de tuerca a este acoso e incluso ERC ha pedido que Manuel García-Castellón comparezca en la comisión de investigación en el Congreso sobre la denominada operación Cataluña. Todo ello, justo cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acaba de anunciar un adelanto electoral tras naufragar sus presupuestos en el Parlament.

ERC anunció este martes su intención de llevar a la Cámara Baja a García-Castellón (instructor del caso Tsunami donde se achaca terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira) y a otros magistrados como Hermenegildo Alfredo Barrera (titular del Juzgado número 13 Madrid) y José Ramón Navarro (presidente de la Audiencia Nacional), así como a los fiscales Javier Zaragoza (Audiencia Nacional y Supremo) y Martín Rodríguez Sol (exfiscal jefe de Cataluña).

No obstante, tanto el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, han desinflado las pretensiones de los independentistas al indicar que esas comparecencias no serán permitidas, ya que no las permite la ley. "En rigor, los jueces no pueden comparecer en comisiones para hablar de aquello en lo que hayan intervenido", declaró López.

Pero la ofensiva no para. Costa se sumó hace pocos días a la caza de la judicatura y apuntó a Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). “Barrientos tiene el mandato caducado, igual que el Consejo del Poder Judicial (sic). Pero ya no tenía ninguna legitimidad para presidir el TSJ cuando pidió protección a la policía española para sublevarse contra una decisión del Parlament. Uno de los personajes que será preciso juzgar cuando seamos un Estado”.

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La amenaza cobra especial relevancia porque Josep Costa es actualmente letrado en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet; es decir, cobra del erario público, además de profesor de Teoría Política en la Universidad Pompeu Fabra. En su diatriba, recuerda cuando Barrientos pidió al Cuerpo Nacional de Policía que reforzase con los Mossos d’Esquadra la vigilancia del Palacio de Justicia de Barcelona durante los tensos días de octubre de 2017, en las fechas posteriores al referéndum ilegal. En su momento, Costa se negó a declarar ante los jueces porque no reconoce a los jueces españoles y su visión de la política tiene como referencia una Cataluña supuestamente ocupada por España. Entre otras cuestiones, mantiene que en octubre de 2017 “en Cataluña padecimos un golpe de Estado contra el Gobierno democráticamente escogido”.

El motivo de la andanada contra la más alta autoridad judicial de Cataluña es el discurso que Barrientos pronunció el 26 de febrero, en la toma de posesión de los jueces de la 72 promoción de la Escuela Judicial. El magistrado dijo que la ley de amnistía “es una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía y nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia en los debates académicos suscitados”.

En la diana de Torra

Poco antes, el expresidente de la Generalitat (condenado por desobediencia) Quim Torra decía, a través del portal independentista Vilaweb: “Mi objetivo, naturalmente, es mirar cómo conseguir inhabilitar a los jueces prevaricadores que me inhabilitaron a mí: el señor Barrientos, presidente del TSJC”.

Barrientos también fue recusado por Costa (y apartado del juicio) en el proceso realizado contra la Mesa del Parlament por desobediencia, donde fueron absueltos. Costa recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque deseaba que incluyese en el fallo la inviolabilidad del Parlament. Siguiendo esa estela, la presidenta de Junts y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, también intentó en vano la recusación de Barrientos, pero su petición no prosperó, siendo condenada finalmente por corrupción.

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Ahora lo intenta igualmente Josep Maria Jové, actual presidente del grupo parlamentario de ERC y en 2017, secretario general de Vicepresidencia y Economía; es decir, la mano derecha de Oriol Junqueras en la organización del referéndum. Jové ha recusado ya en varias ocasiones al presidente del TSJC. Tras el último escrito, del pasado 8 de marzo, la Sala Civil y Penal del Tribunal anunció la apertura de pieza separada de recusación y dio tres días de plazo para que las partes manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación.

Las redes, al rojo vivo

Barrientos debe presidir el juicio contra Jové y contra el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó (exsecretario de Organización de ERC y exsecretario de Hacienda durante el referéndum), así como la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, que en 2017 era jefa de servicios de Economía. Los tres están acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por el papel desempeñado en los preparativos del referéndum ilegal. En casa de Jové, la Guardia Civil encontró un detallado documento llamado Infocats sobre los pasos a seguir para forzar la independencia de Cataluña. El juicio debe empezar el próximo 10 de abril. El motivo de la recusación es también el discurso del pasado 26 de febrero.

En los sectores más radicales del independentismo, las iniciativas de Costa y Jové han caído como agua bendita. “Lo digo hace tiempo. Los tribunales de la República tendrán muuucho (sic) trabajo”, le respondía un incondicional. La economista Marta Autet se sumaba al carro del linchamiento: “Los Nurembergs son imprescindibles para avanzar en bien común, democracia y paz por la humanidad”. Las redes y los foros extremistas han recogido el guante y señalan al presidente del TSJC como el muñeco al que atizar.

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Algunos desean que la comparecencia de Barrientos ante los tribunales catalanes tenga lugar “muy pronto”. Otros siguen a Costa: “Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si fueras President, todo iría mucho mejor”. Otro de sus seguidores, Jordi Muñoz, le recordaba que “también prevaricó en el juicio de la Molt Honorable Presidenta Laura Borràs”. Algunos llamaban a cambiar la estrategia. “Nosotros no podemos juzgarlo. Nosotros, ‘como nación’, hemos sido víctimas de la arbitrariedad del prevaricador Barrientos y seríamos la acusación. Uno no puede ser víctima, acusación y juez. Ha de ser juzgado en la corte internacional. Pero para eso hay que implementar el mandato del 1-O”, decía Alex D.M. Y un tercero alertaba de que “habrá que estar atentos porque esta gentuza huirá a todo trapo”.

Los hay también que desautorizan a Costa. “Él, al menos, tiene un mandato. Tú tienes el discurso caducado”, espetaba un catalán indignado. Y otro incidía en que “los procesistas también tenéis el mandato caducado y todavía coleáis”. Y los hay más duros: “¿Ya preparas las purgas?”, le pregunta un internauta al exvicepresidente de la Cámara.