La sucesora de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad durante la pandemia del covid-19, Carolina Darias, se ha visto salpicada por la desaparición de 748 millones de euros cuyo destino no justificó el Gobierno de Pedro Sánchez. La dirigente socialista fue la titular de Sanidad entre enero de 2021 y marzo de 2023. En la actualidad, es alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.
Tal y como desveló LD, el Ejecutivo socialista aprobó un crédito extraordinario de 1.000 millones para dotar de recursos a las CC.AA. tras centralizar la compra de material sanitario en el Ministerio de Sanidad de Illa. Según el ‘Anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas’, Sanidad sólo entregó material por valor de 256 millones y dejó sin justificar el destino final de 748 millones de euros. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano eliminó en su informe final de fiscalización la denuncia que recogía el citado informe inicial.
Libertad Digital ha tenido acceso al escrito de alegaciones presentado por la entonces ministra Darias ante el Tribunal de Cuentas y que sirvió como "coartada" para que este tribunal estando ya presidido por Chicano omitiera la denuncia sobre los 748 millones de euros para compra de material de las CC.AA. que no justificó el Ejecutivo socialista.
En el citado escrito, Darias alega que el dinero para las Comunidades Autónomas, en realidad iba destinado para gastos del Sistema Nacional de Salud: "En relación a la afirmación de Anteproyecto de informe relativa a que dicho Fondo ‘no cumplió en toda su extensión la finalidad para la que se aprobó’ cabe destacar lo siguiente: Es esencial destacar que el Fondo no tenía como finalidad ‘dotar de recursos adicionales las CC.AA’, sino que su finalidad era atender los ‘Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España’".
Esta afirmación de la que fuera ministra de Sanidad no se corresponde en absoluto con lo establecido en el ‘Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19’, que aprobó la citada partida presupuestaria.
El Real Decreto-Ley afirmaba textualmente que ante la pandemia de covid-19 "se dotan, con carácter excepcional, recursos presupuestarios con cargo al Fondo de Contingencia para atender los gastos ocasionados por las necesidades sanitarias que se presenten en las Comunidades Autónomas y mitigar las consecuencias sociales y económicas derivadas de esta pandemia".
"De no aprobarse el presente real decreto ley las Comunidades Autónomas podrían verse abocadas a una difícil situación financiera que les dificultaría y podría poner en riesgo el adecuado desempeño de las labores sanitarias que les corresponden ante la situación de pandemia declarada, debiendo dotarse de recursos suficientes al sector sanitario. Con la finalidad de evitar estos perjuicios al interés general, este capítulo adopta las medidas de ajuste imprescindibles para actualizar las entregas a cuenta de las administraciones territoriales", añadía el Decreto-Ley.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por este diario denuncian que "Carolina Darias no dijo la verdad en su escrito de alegaciones remitido al Tribunal de Cuentas. Los 748 millones de euros no justificados del Gobierno al contrario de lo dicho por Darias, sí se concibieron para comprar material sanitario para las Comunidades Autónomas. El gasto se efectuó por parte del Ministerio de Sanidad que tenía centralizadas las compras sobre la pandemia, sin embargo, jamás se supo a qué o a quiénes se destinó el dinero".
La desaparición de los 748 millones en el informe de Chicano
Tal y como desveló este diario, el informe final del Tribunal de Cuentas eliminó la denuncia del informe previo en la que se alertaba de que el Gobierno socialista no había justificado los 748 millones de euros que supuestamente iban a parar a compra de material sanitario.
Dicho informe, denominado ‘Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio’, fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de septiembre de 2022, ya bajo la presidencia de Chicano.