Pedro Sánchez ha modificado el texto de la futura ley de amnistía a petición de Junts. Lo ha hecho para confirmar la aceptación del terrorismo, del delito de alta traición y de los Pujol. Y es que uno de los cambios implica la ampliación temporal del efecto de la ley de amnistía en dos meses: hasta noviembre de 2011, justo cuando tres hijos de Jordi Pujol fueron cazados en las reuniones preparatorias del proceso de independencia y de los futuros golpes de 2014 y 2017.
En total, cuatro enmiendas transaccionales han entrado en el texto de la futura ley de amnistía: tres con respecto al articulado de la norma y una sobre el preámbulo. Las cuatro enmiendas han recibido el apoyo de 20 votos a favor y 17 en contra en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, gracias al respaldo del PSOE, ERC, Junts, PNV, Sumar y Podemos. En contra han votado el PP y Vox.
El nuevo dictamen de la norma recoge la amnistía para todos los encausados en las distintas fases del golpe separatista y sólo excluye a los acusados de terrorismo con resultado de muerte -el resto entran- o traición o malversación, pero no según la definición del Código Penal español, sino con respecto a la directiva europea correspondiente. El truco radica en que esas directivas dejan la adaptación concreta en manos del Código Penal de cada uno de los Estados miembros, con lo que, eliminada la referencia al Código Penal español, el aplicable en este caso, resulta de difícil imposición por faltar el detalle del articulado. Pero, además, se ha ampliado el ámbito temporal de la amnistía en dos meses: ya no afectará la norma desde el 1 de enero de 2012, sino desde el 1 de noviembre de 2011, según se recoge en el texto de la enmienda al preámbulo de la ley.
La diferencia son sólo dos meses. Y la pregunta sobre el motivo es obvia. Al igual que la respuesta: por petición expresa de Junts y con nombres y apellidos: los tres hijos de Pujol.
Las montañas de documentos que los Mossos intentaron quemar el 26 de octubre de 2017 en la incineradora de San Adrián de Besós incluían uno especialmente delicado para la familia Pujol. Entre esa avalancha de documentos la Policía Nacional pudo ver la documentación de los preparativos del golpe del 1-O y también una relación de personas vinculadas. Así, en la nombrada como caja 4 los Mossos detectaron un informe sobre tres de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, que aparecían en ese listado porque habían estado en el origen del plan independentista que acabó desembocando en el golpe del 1-O.
En esa caja apareció una "nota informativa" con fecha de 12 de octubre del 2012, antes incluso del golpe preparatorio de Artur Mas en 2014. El documento en cuestión, según el atestado remitido en aquel momento al Juzgado, "expone el inicio de un hipotético plan de independencia que nació de una reunión celebrada el 25 de noviembre del 2011, a la que acudieron los máximos dirigentes de la entonces CDC".
El documento no citaba a todos los asistentes pero sí señalaba que "posteriormente se celebró otra reunión -a finales de diciembre de ese mismo año- a la que acudieron los hijos del expresidente Jordi Pujol Soley (Jordi, Oriol y Josep)". Y los tres fueron imputados en la Audiencia Nacional por el caso de su familia. Oriol llegó a tener cargos políticos: fue secretario general de Convergencia y portavoz de CiU en el Parlamento catalán. Los otros dos hermanos, no. El documento añadía que a esa cita acudieron también "otros miembros de peso del partido" (Convergencia) y que la reunión permitió trazar el plan hacia la independencia de modo que fuese trasladado a un "grupo de personas afines de los círculos empresariales, económicos y de la comunicación". "Este proceso iniciado por CDC tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal Femcat, con destacados miembros de la judicatura y la Fiscalía", con "especial atención" hacia la "Iglesia y partidos políticos como el PNV", señalaba igualmente el documento.