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El PSOE balear se ha lanzado a una carrera por intentar derivar públicamente al PP la responsabilidad en la caducidad del expediente de reclamación del dinero. Sin embargo, la reconstrucción cronológica guiada por los documentos oficiales indica que el anterior gobierno socialista estuvo casi tres años sin reclamar el dinero a pesar de que conocía por sus informes que las mascarillas no habían sido útiles, y que desde 2022 Anticorrupción lo investigaba.
De hecho, únicamente actuó justo antes de las elecciones, nueve meses después de que el Gobierno balear de Francina Armengol (2019-2023) hubiera sido requerido por la Guardia Civil.
El caso registra su primer hito el 25 de abril de 2020, en plena pandemia. Ese día, un responsable de la empresa hoy investigada por el pago de comisiones contactó por mail con el área de Salud del Govern (IB-Salut). No era una comunicación propia de una empresa ajena: le anunciaba el envío ya pactado de un avión con 1,4 millones de mascarillas. Según alegó luego la empresa, hubo «conversaciones telefónicas» paralelas que nadie ha detallado.
El cargamento llegó a Palma el 27 de abril. Eran exactamente 1.329 cajas. El 28 de abril los técnicos comprueban por primera vez que las mascarillas no podían tener uso hospitalario. Sin embargo, el 4 de mayo, escudados en la situación de emergencia, el Govern tramita el contrato tras introducir el día 29 el pedido en el sistema. El 5 de mayo se libra la orden de pago de los 3,7 millones de euros. Y el día 8 se eleva al Consell de Govern que presidía Armengol junto a otras contrataciones de material.
El 22 de mayo de 2020 se pide al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) que analice las mascarillas. Se testean cuatro modelos. El 8 de junio el CNMP emite un informe demoledor en el que concluye que ninguna de las muestras analizadas cumple con la calidad de una mascarilla FFP2.
Pese a ese resultado, recogido y reseñado en los informes internos del Govern, el 3 de julio se envía el expediente a la Dirección General de Fondos Europeos para que el gasto sea asumido por la UE. Como desveló EL MUNDO, se ocultó para ello la información de que la carga era defectuosa. El 11 de diciembre se dio luz verde a la financiación con fondos comunitarios. El 12 de agosto de ese año el Govern había expedido además a la empresa de la trama un certificado de satisfacción por su servicio. Durante el año siguiente, al menos dos técnicos alertaron de que las mascarillas seguían almacenadas y caducaban en unos meses. Ni se usaron nunca ni hubo reclamación.
El 13 de julio de 2022 la Fiscalía Anticorrupción ordena al IB Salut entregar copia del expediente y la Guardia Civil se persona seis días después para llevarse los documentos.
Entre esa fecha y el 20 de marzo de 2023, silencio. «No existe constancia» de ninguna gestión, según fuentes oficiales de Sanidad. Nadie reclamó el pago ni paralizó la asignación de fondos comunitarios. Ese día, a falta sólo de dos meses para las elecciones, el Govern del PSOE envió una carta a la empresa investigada para comunicarle que había incumplido el contrato y que tomaría las «medidas oportunas». No se le reclamaba dinero: era una primera nota genérica que la propia empresa calificó de «extemporánea».
El 6 de julio, día en que fue investida la nueva presidenta balear, Marga Prohens (PP), un informe no comunicado a la empresa cuantificaba la reclamación en 2,6 millones. Armengol ya no era presidenta.
El 24 de agosto de 2023, un mes y 12 días después de tomar posesión, los responsables de Salud del Govern de Prohens firmaron la primera reclamación del dinero dirigida a la empresa. El 17 de octubre le dieron plazo de alegaciones y entre el 20 y el 25 de ese mes un emisario de la empresa recabó en Palma el expediente y revisó la mercancía inmovilizada. El 6 de noviembre de 2023 la empresa alegó, utilizando en su defensa el certificado de calidad del Govern de Armengol. El actual Ejecutivo reclama el dinero, actuará penalmente y remarca que el expediente no caducaría hasta el 24 de abril.