El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano eliminó en su informe final de fiscalización los 748 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez no justificó al efectuar compras de material sanitario para las CC.AA. durante la pandemia del covid-19.
El ‘Anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas’ remitido para alegaciones a la Junta de Extremadura en septiembre de 2021 desvelado por LD, reflejaba que de los 1.000 millones de euros que destinó el Ejecutivo para comprar mascarillas, gel hidroalcohólico, kits para pruebas de PCR, equipamiento de protección o guantes en plena pandemia, Sanidad sólo entregó material a las Comunidades Autónomas por valor de 256 millones. Es decir, el Ejecutivo dejó sin justificar el paradero de 748 millones de euros.
Así lo exponía textualmente el citado documento del Tribunal de Cuentas: "Debe resaltarse que el Ministerio realizó contratos o comprometió la adquisición de bienes por un valor de algo más de 1.000 millones de euros entre marzo y mayo, fundamentalmente en marzo (863,8 millones) y abril (130,9 millones), con unos plazos que en varios contratos fijaban la entrega por semanas con un máximo de 4 semanas o como mucho 60 días, si bien en algunos no se fijaba siquiera el plazo de entrega. No obstante, las entregas realizadas en los meses de mayor desabastecimiento fueron las siguientes: marzo 8,4 millones de euros, abril 54 millones, mayo 35,6 millones y junio 15,8 millones, esto es, un total de 113,8 millones de euros, lo que supone un 44,5% de los 256 millones entregados y un 11,4% de los 1.000 millones dotados para los gastos extraordinarios de las CC.AA".
No obstante, el informe final del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, eliminó la denuncia del informe previo en la que se alertaba de que el Gobierno socialista no había justificado los 748 millones de euros que supuestamente iban a parar a compra de material sanitario.
Dicho informe, denominado ‘Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio’, fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de septiembre de 2022, ya bajo la presidencia de Chicano.
Recordamos que tras el pacto de renovación del Tribunal de Cuentas alcanzado por socialistas y populares en noviembre de 2021, salieron los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubrió la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se mantuvieron fueron las propuestas en su día por los socialistas: Enriqueta Chicano (nueva presidenta) y Dolores Genaro (Presidencia de Fiscalización).
El Tribunal de Cuentas, la coartada del Gobierno y del PSOE
Cabe destacar que la supuesta fiscalización de los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia por parte del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano ha sido la coartada recurrente en los últimos días por parte de miembros del PSOE e incluso del Ejecutivo para defender la legalidad de los mismos tras estallar el caso Ábalos. El primero en apelar a la fiscalización de este tribunal fue el propio exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Este martes, la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, hacía lo propio: "Todos los contratos que se establecieron por parte del Estado son contratos conforme a la legalidad y han sido auditados por el Tribunal de Cuentas y la IGAE". El mismo argumento fue empleado por el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López: "Sabemos que el Tribunal de Cuentas auditó los contratos y, según su informe, todo se hizo con conformidad".