El Ministerio del Interior se ha visto salpicado en las últimas horas por la Operación Delorme, la investigación judicial que trata de desentrañar el cobro de supuestas comisiones ilegales en la compra-venta de mascarillas en varias administraciones públicas durante la pandemia de coronavirus. Exactamente, cuando después de mantener que eran insolidarias, el Gobierno rectificó y empezó a calificarlas como esenciales para evitar la propagación del virus.
En la operación han sido detenidas una veintena de personas, entre las que figura Koldo García Izaguirre, quien fuera hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos durante años. Bajo investigación, contratos otorgados a dedo y con supuestas comisiones ilegales que fueron firmados por el Ministerio de Fomento, el Ministerio del Interior y los gobiernos regionales de Baleares y Canarias. En una época donde el detenido y Ábalos mandaban en Fomento.
Toda la operación policial nace fruto de una denuncia interpuesta en los juzgados por el PP de Madrid, que fue firmada por el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y hombre de confianza de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, con fecha del 10 de marzo de 2022. Una acción judicial que ha tenido un recorrido legal bajo la sombra hasta que ha eclosionado con las detenciones de las últimas horas.
El Ministerio del Interior, dirigido en ese momento y en la actualidad por Fernando Grande Marlaska, se ve afectado en esta operación por un contrato por valor de 3,47 millones de euros otorgado a dedo a la empresa "Soluciones de Gestión y Apoyo a empresas SL" con fecha de 20 de abril de 2020. Fue un contrato negociado sin publicidad con tramitación de urgencia, según recoge el anuncio de adjudicación de Contratación del Estado.
Pocos días después de la firma de ese contrato, las diputadas del PP en el Congreso de los Diputados Ana Belén Vázquez, Isabel Borrego, Beatriz Fanjul y Carlos Rojas presentaron una pregunta por escrito para el Ministerio del Interior para que aclarase cuál estaba siendo su proveedor de mascarillas para proteger a las Fuerzas de Seguridad del Estado y de dónde estaba sacando los test para detectar el Covid-19.
En su respuesta a los parlamentarios populares, el propio Ministerio del Interior reconoció que le había otorgado el contrato de mascarillas a un proveedor por recomendación de Fomento. "Como primeras empresas de contacto y debido a la urgencia de la situación, se contactó con las empresas contratantes con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana", decía la respuesta del departamento de Marlaska.
"La concentración de la oferta del citado material en un solo país y la gran demanda existente a nivel mundial del mismo, obligaron a contratar con gestores que, independientemente de la actividad principal de la empresa, contaban con la capacidad logística para traer el material a España en las difíciles circunstancias ya mencionadas", concluía la respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior, fechada el 4 de junio de 2020.
Debido a este contrato, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han interrogado en la tarde-noche de este miércoles al número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que fue el responsable político que firmó el contrato entre el departamento de Fernando Grande Marlaska y la empresa que se encuentra en el epicentro de las supuestas comisiones ilegales.