Vía libre para elegir el modo de gestión de la inmigración. Y para decidir quién se queda en Cataluña. Y quién se envía a otros territorios. Así ha explicado Junts a sus bases el acuerdo de cesión de la competencia de inmigración alcanzado con Pedro Sánchez. Según sus comunicados internos, "Junts per Catalunya se ha abstenido en la votación de los reales decretos del Gobierno español tras un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes". Y eso, de nuevo, según sus propias palabras, incluye la delegación de las "competencias sobre inmigración" en la Generalidad. Para que las gestionen como establezcan las instituciones catalanes: "Para que sea el Gobierno y el Parlamento" de Cataluña "quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad" de ese territorio. Traducido: el modelo de gestión queda supeditado sólo a la Generalidad y el Parlamento regional. Sin mediación alguna del Gobierno de España. Y a la UE ni mención.
Ley Orgánica específica para Cataluña
Nuevo jaleo con Sánchez y Cataluña. De ser cierto lo que afirma Junts internamente, la reforma tiene que hacerse "mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución Española a través de una ley orgánica específica por Cataluña". Para nadie más.
Y "la delegación de esta competencia debe ir acompañada de los recursos necesarios para permitirá a Cataluña realizar una política integral", añade. Este último punto se conocía, pero ahora se amplía la explicación con una frase: "Para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades ya la realidad de nuestro país".
La UE sólo reconoce al Estado español en materia migratoria
El único Estado que reconoce la UE, obviamente, para hablar de inmigración dentro de las fronteras españolas —que son a la vez europeas— es el español. Pero lo cierto es que, de confirmarse los detalles dados por Junts, el Gobierno de Pedro Sánchez habría pactado un traspaso de competencias a Cataluña que permitiría a esta región decidir absolutamente todo, sin límites.
Por poner un ejemplo. Cataluña, en base a esta afirmación, podría —como se temió desde el principio— negarse a asumir inmigrantes llegados desde Canarias y exigir su reparto entre otras comunidades autónomas. Y el Gobierno de España no podría decir nada. Es más, nadie podría decir nada porque Junts se habría encargado de que su norma de asignación de la competencia en materia de inmigración —con rango de ley orgánica— no tuviese rival en el resto de regiones, que no contarían con una norma de rango orgánica superior a las ordinarias y derivada directamente de la Constitución para defenderse de los abusos de la Generalidad.
Otro ejemplo: si Cataluña quisiera podría elevar o reducir los cupos de entrada, provocando igualmente que fuesen los demás territorios los que se amoldasen a sus deseos para acabar cumpliendo con las exigencias de la UE.
En resumen, un desatino en materia de coordinación y lealtad institucional con el resto de CCAA que, paso a paso, se va confirmando.
Por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un absoluto silencio sobre el devenir de esta cesión de competencias y únicamente afirma que respetará la Constitución.