Duro informe de Europa sobre la educación en Cataluña: "Hay discurso de odio y xenofobia"

El Parlamento Europeo ha elaborado un duro informe sobre la situación del castellano en la educación de Cataluña que saca los colores al Gobierno de la Generalitat que encabeza el republicano Pere Aragonès. En la comunidad educativa catalana hay "discurso de odio" y "hay xenofobia". Así lo recoge el informe que elaboraron 12 representantes de la Cámara comunitaria desplazados a Barcelona a finales de 2023.

Esta delegación del Europarlamento se desplazó a Cataluña para observar de primera mano la educación en esta comunidad autónoma, después de que algunas quejas por discriminación llegasen a las oficinas comunitarias en Bruselas. El Govern intentó poner todas las trabas posibles para evitar la visita de los europarlamentarios. No lo consiguió. Una vez en Barcelona, la Generalitat intentó que visitasen determinados centros que le interesaban solo a la Administración catalana. Tampoco lo consiguió. Al final, coló a altos cargos en reuniones de los diputados europeos con responsables de los colegios, para vigilar lo que decían directores y enseñantes. El informe de los europarlamentarios es demoledor.

En sus conclusiones, los representantes de la soberanía europea señalan que hay casos en los que el Gobierno catalán excluye "el español del modelo educativo, considerándolo como lengua extranjera". Además, añade que "los peticionarios [padres que presentaron quejas] documentaron que los estudiantes hispanohablantes con necesidades especiales no estudian en su lengua materna y que los estudiantes españoles de otras comunidades autónomas pierden sus derechos lingüísticos cuando se trasladan a Cataluña".

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Los eurodiputados se entrevistaron con asociaciones constitucionalistas, asociaciones independentistas, directores de colegios, profesores y representantes del Gobierno catalán, aunque la consejera de Educación, Anna Simó, les hizo un feo concediéndoles solo unos minutos, aduciendo que tenía que reunirse con el presidente catalán, Pere Aragonès, para hablar de los resultados del estudio PISA.

Preocupa el "discurso del odio"

“La delegación observó con preocupación que varias familias que pretendían solicitar surcos adicionales en español se encontraron con dificultades y resistencias [de la Administración catalana] que plantean preocupaciones sobre discursos de odio. En particular, parece haber una falta de voluntad para entablar un diálogo entre las autoridades regionales y las familias afectadas, lo que generó desconfianza entre ambas partes”. También lamentó que la visita de la delegación, enviada por el Parlamento Europeo, “haya sido recibida con protestas y manifestaciones ofensivas frente a las instalaciones oficiales del Parlamento Europeo en Barcelona y que se requiriese la presencia de la Policía para garantizar la seguridad de los miembros de la delegación”.

Esas protestas, jaleadas desde entidades independentistas, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Somescola o la Plataforma per la Llengua, se sucedieron con el beneplácito de las estructuras gubernamentales catalanas, que no cesaron de criticar la visita mientras los europarlamentarios realizaban su trabajo. En sus recomendaciones, la delegación de eurodiputados recuerda que el derecho a recibir enseñanza en español está consagrado en la Constitución y que “el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo trato al español y al catalán como lenguas de enseñanza”. Recuerda al Govern que debe respetar la diversidad lingüística y cultural porque “es una de las piedras angulares” de la UE y pide a las autoridades catalanas “que garanticen que los niños no sean discriminados”.

Los espías del Govern

El informe pide a la Comisión Europea “que siga de cerca la forma en que se aplica en Cataluña el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la UE, especialmente en relación con el respeto de las autoridades regionales por la diversidad cultural y lingüística, y que tenga en cuenta estos resultados en su próximo informe sobre el estado de derecho; pide, además, a la Comisión que establezca un diálogo con el Estado miembro y ofrezca asistencia técnica para abordar cuestiones de derechos fundamentales”. En otras palabras, dudan de que el Gobierno catalán respete los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en Cataluña.

Asimismo, solicita “a las autoridades autonómicas que adopten las medidas legales o administrativas oportunas para garantizar que la comunicación de la Administración pública educativa, incluidos los centros educativos, al alumnado y las familias, se realice tanto en castellano como en catalán, de oficio, sin necesidad de que el alumno o las familias tengan que solicitarlo individualmente”. Al mismo tiempo, reclama que tanto la Generalitat como el Gobierno central vigilen estrechamente que se da un trato igualitario a las dos lenguas cooficiales (castellano y catalán) en los centros educativos y que se revise la forma en que la Inspección Nacional de Educación Superior controla en Cataluña “los estándares mínimos para un contenido equilibrado de la enseñanza de lenguas”.

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A lo largo de dos decenas de páginas, los eurodiputados destacan cómo en algunas reuniones que tenían se presentó, sin ser invitado, Albert Grau Montero, director de los Servicios Territoriales de Educación, y que intervino en las reuniones sin que se lo pidieran. Lo mismo hizo Ana Martín Cuello, teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Prat, donde se ubican los colegios que visitaron los eurodiputados.

La delegación se entrevistó también con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que justificó que la sentencia del 25% de clases en español en los planes de estudio “es un porcentaje mínimo razonable”. Pero eso generó “un gran conflicto social, manifestaciones ante el Tribunal” pero también “acoso a padres y estudiantes”, pidiéndoles “que se vayan, que se adapten o ignorándoles”. En su opinión, hay xenofobia: “La Administración educativa no brinda instalaciones y las familias que ejercen sus derechos tienen problemas debido al acoso”.

Javier Aguayo, presidente de la Sala Contencioso Administrativa, detalló la situación jurídica y política del conflicto y reclamó que hay que cumplir las leyes y las resoluciones judiciales “y defender a las minorías”. A juicio de Aguayo, “hay un problema político” y por eso el TSJC decidió dictar la sentencia del 25% de clases en castellano “tras un estudio de situaciones similares en Europa y, en particular, en Bélgica”.

Vigilancia en los patios

Por su parte, Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que había recurrido a Europa, señaló que “los niños que tienen entre 3 y 7 años pueden estudiar inglés, pero no español. Los profesores solo hablan catalán, que no es la lengua materna de muchos alumnos”. Ello, afirmó, redunda en un mayor fracaso escolar. Denunció también que cuando llegan alumnos de otras partes de España. “Se les coloca en un aula de acogida durante un año con el único fin de aprender catalán. Pierden al menos un año hasta poder hablar y escribir catalán correctamente. Pierden el derecho a estudiar en español”.

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Y, por si fuera poco, detalló “la presión en las aulas, en los pasillos, en los patios de recreo y durante las actividades extracurriculares”, que aumentó los últimos años. No hay que olvidar que la Plataforma per la Llengua vigiló a los niños en los patios de los colegios para verificar que toda la comunicación se hiciese en catalán. El Govern se refirió a esta práctica sospechosamente totalitaria como “observación de incógnito”. Losada denunció también que la Generalitat se niega a aplicar las sentencias a favor del castellano.

También hubo una reunión con la síndic de greuges (defensora del pueblo), Esther Giménez-Salinas, y con su adjunto, Jaume Saura. Este último dijo a los eurodiputados que la ley solo dice que ha de haber un uso razonable de las dos lenguas en la enseñanza “y la presencia del español es relevante en la educación”. Además, el informe relata que Saura llegó a decir que “el hecho de que haya quejas o que el ciudadano se sienta agraviado no significa que el ciudadano tenga razón”. Por último, subrayó que solo “hay una minoría en contra del sistema educativo catalán, ya que la gran mayoría de la sociedad quiere una lengua única en el colegio”.