¿Un 155 en Texas? El estado se rebela contra Biden en un duelo con ecos de guerra civil

Como si del clímax de un wéstern se tratara, un duelo a escasos metros de la frontera con México tiene a todos los espectadores en vilo. A un lado, la Patrulla Fronteriza, bajo la autoridad del Gobierno federal de Estados Unidos. Al otro, la Guardia Nacional de Texas y agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, en inglés) del mismo estado. El escenario: la ciudad de Eagle Pass, situada a orillas del Río Grande (o Río Bravo, para los mexicanos) y uno de los puntos calientes para el cruce de inmigrantes indocumentados.

Los revólveres todavía no han salido a relucir, pero esta insólita confrontación entre fuerzas de seguridad estatales y federales es el último y más peligroso episodio de la batalla entre el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden por la seguridad fronteriza. Un drama con un desenlace todavía incierto y en el que los ecos de la guerra civil estadounidense resuenan con fuerza. Y, en un país fuertemente polarizado y a escasos meses de una elección presidencial, lo que esta en juego en este duelo no podría ser mayor.

Repasemos esta historia.

Introducción: alto ahí, forasteros

La raíz de este conflicto se remonta a 2021, cuando Abbott inició la Operación Estrella Solitaria a raíz del creciente número de cruces ilegales en la frontera sur. Mediante esta iniciativa, el Gobierno estatal ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de Texas, el DPS y otros cuerpos de seguridad para reforzar la seguridad fronteriza. Desde el primer instante, el gobernador texano describió la operación como una respuesta a la supuesta inacción de la Administración Biden frente a la crisis migratoria, y los primeros roces entre las fuerzas del Estado y las federales no tardaron en llegar.

Esta animadversión fue cociéndose a fuego lento, pero la primera confrontación real no llegaría hasta otoño de 2023. Por aquel entonces, la Guardia Nacional de Texas ya había colocado más de 70.000 rollos de alambre de espino en la ciudad de Eagle Pass y sus alrededores, y la Patrulla Fronteriza había denunciado en múltiples ocasiones que estas vallas limitaban su capacidad de actuar en el Río Grande. Tras varios avisos, los agentes federales comenzaron a cortar la concertina sin la autorización del Ejecutivo texano.

Enfurecido, el Gobierno de Abbott demandó a la Patrulla Fronteriza y obtuvo una orden de restricción temporal que impedía a los agentes federales cortar el alambre de espino. Además, decidió imposibilitar parcialmente su acceso a las nuevas fortificaciones. El 10 de enero, las fuerzas estatales tomaron y vallaron por completo Shelby Park, un parque de Eagle Pass que incluye una rampa para lanchas que las fuerzas federales utilizan en las labores de vigilancia y rescate del Río Grande.

Sobre el papel, la decisión del gobernador de Texas es ilegal, dado que la Patrulla Fronteriza tiene la responsabilidad de vigilar la frontera estadounidense al completo. “La disputa legal es si la Patrulla Fronteriza, que controla el Gobierno federal, puede tener acceso a las áreas a lo largo de la frontera. El conflicto es con el Gobierno estatal, que quiere restringir su acceso a una parte muy pequeña de esta”, resume Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social del Cato Institute, en entrevista con El Confidencial. “Y, en esta disputa concreta, el Gobierno federal tiene la razón”, agrega.

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De hecho, tras una serie de apelaciones y decisiones judiciales, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el pasado 22 de enero la orden de alejamiento dictaminada por un tribunal inferior, lo que permite a los agentes continuar su labor de desmantelamiento del alambre de espino. ¿El problema? Pese al dictamen de la corte más importante del país, las fuerzas de Texas continúan negando el acceso a Shelby Park a los agentes federales.

Y las razones esgrimidas por el Gobierno estatal para continuar el bloqueo son las que han convertido una tensa confrontación en una rebelión.

Nudo: Abbott, desencadenado

En este duelo, a nadie se le escapa el simbolismo evidente de que la confrontación tenga lugar en Shelby Park. El parque debe su nombre al general confederado Joseph Orville Shelby, quien, tras la derrota del bando esclavista en la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865), se arrojó junto a sus tropas a las aguas del Río Grande para huir a México, hundiendo en sus aguas su bandera de combate para evitar que fuera capturada por el enemigo.

Tras la decisión de la Corte Suprema, Abbott publicó un comunicado en el que alegaba que Texas tiene derecho a controlar su frontera porque el Gobierno federal ha “roto el pacto —en inglés, compact— entre Estados Unidos y los estados”, utilizando un término propio de las declaraciones de secesión de los estados sureños durante la guerra civil. Más allá de la estética secesionista, “lo que Abbott está argumentando ante los tribunales y los medios de comunicación es que lo que está ocurriendo en la frontera constituye una invasión”, explica Nowrasteh.

Citando una cláusula de la sección 10 del artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos que otorga algunas capacidades excepcionales a los estados en caso de ser invadidos, el gobernador ha evocado la supuesta autoridad constitucional de Texas para defenderse sin tener en cuenta (e incluso derogando) las leyes y políticas federales. “El problema, por supuesto, es que el concepto de invasión tiene un significado específico en la Constitución: el de una invasión militar. La inmigración ilegal es muy caótica y desordenada, pero no es una invasión militar”, considera el experto del Cato Institute.

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Pero, sin importar lo que digan aquellos versados en derecho constitucional estadounidense, la rebelión iniciada por Abbott cuenta con el respaldo casi unánime del Partido Republicano. El primero en mostrar su apoyo a la medida fue el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson. Poco después, 25 gobernadores republicanos emitieron una declaración conjunta respaldando a su par texano, afirmando que es su deber “proteger a los ciudadanos estadounidenses de los inmigrantes ilegales, drogas mortales como el fentanilo y terroristas que ingresan a nuestro país en niveles históricos".

Las implicaciones del desafío del Gobierno de Texas —y la práctica totalidad del liderazgo republicano— contra Biden son impredecibles. En esencia, están afirmando que el Gobierno federal de Estados Unidos ya no tiene control sobre una parte de sus propias fronteras. Están rechazando la autoridad que la ley otorga a la Patrulla Fronteriza y ninguneando a sus agentes. Es un guante lanzado que Biden, simplemente, no puede evitar recoger.

Entonces, ¿por qué ese guante sigue en el suelo?

Desenlace: por un puñado de votos

Llegados a este punto, toca despejar el probable anticlímax para quienes esperen un tiroteo al puro estilo O. K. Corral en Shelby Park. “Creo que las posibilidades de que se produzca algún tipo de choque realmente serio (entre las fuerzas de seguridad federales y estatales) son muy pequeñas. Tan pequeñas que no las estoy considerando seriamente”, argumenta Nowrasteh. “Pero, dicho esto, es un tema muy tenso”, añade.

La respuesta del Gobierno de Biden, hasta ahora, ha sido contenida. A ocho meses de las elecciones, el presidente es muy consciente de la capacidad que tiene la cuestión fronteriza para movilizar el voto conservador en Estados Unidos. Un fenómeno que pudo verse en la campaña que propulsó a Donald Trump hasta la Casa Blanca en 2016 y cuya principal propuesta fue la de construir un muro gigantesco entre su país y México. El mismo Trump que, con toda probabilidad, será su rival en las urnas el próximo 5 de noviembre.

Los titulares no ayudan al mandatario. El número de personas que cruzan hacia Estados Unidos sin la documentación necesaria ha alcanzado niveles récord, más del doble que en la era Trump. El mes de diciembre, fueron detectados 302.034 cruces ilegales en la frontera sur, la mayor cifra mensual de la que se tienen registros. Solo en el estado de Texas, se produjeron 125.861 detenciones, la mayor parte de las cuales (71.095) tuvieron lugar en el sector del Río, donde se encuentra Eagle Pass.

“A Biden le interesa más una desescalada en este asunto y aprobar algún tipo de legislación en el Congreso que el aumento de la seguridad fronteriza. Probablemente, crea que esta es una buena solución al problema, en lugar de nuevos enfrentamientos con el gobernador Abbott”, afirma Nowrasteh. De hecho, el presidente ha prometido al Congreso “cerrar la frontera” si se aprueba su plan migratorio, que lleva meses atascado en la Cámara Baja por el rechazo de los republicanos, completando así un giro radical hacia posturas antiinmigrantes cada vez más populares en el país.

Pero, pese a la inacción de Biden, mientras el duelo prosigue, la retórica no para de recrudecerse. El representante Clay Higgins, republicano por Luisiana, publicó en X (antes Twitter) que “los federales están organizando una guerra civil y Texas debería mantenerse firme”. Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, ha propuesto un “divorcio nacional” entre los estados de mayoría republicana y demócrata.

Aunque el conflicto no llegue a un choque directo entre fuerzas de seguridad, la violencia puede llegar de cualquier lado en un país con un grado de polarización tan extrema como el de EEUU. Especialmente en pleno año electoral y con Trump y gran parte del liderazgo republicano azuzando teorías de conspiración sobre la “invasión” de migrantes y su efecto en las urnas. Esta misma semana, un joven de Pensilvania fue arrestado tras decapitar a su padre, un funcionario federal, y subir un vídeo a YouTube enseñando su cabeza. En el vídeo de 14 minutos, calificaba a su padre como un “traidor” a su país y fomentaba la violencia contra los agentes del Gobierno. También culpaba a Biden y al Gobierno federal por declarar la “guerra" a los ciudadanos estadounidenses.

La tensión podría dispararse todavía más este próximo fin de semana por la llegada a los alrededores de Eagle Pass del convoy Take Our Border Back ('Recuperar nuestra frontera'), una caravana de camiones y otros vehículos organizada por adeptos a las teorías de la conspiración de QAnon, antivacunas y autodenominados patriotas que describen la manifestación como un “ejército de Dios". Un cóctel explosivo similar al que conformaba el asalto al Capitolio hace tres años. Esto, mientras Tucker Carlson, el expresentador estrella de Fox News y actual adalid del populismo de extrema derecha, emite llamados a las armas contra la “invasión”. “¿Dónde están los hombres de Texas? ¿Por qué no protegen su estado y su nación?”, publicó en X.