Puigdemont encuentra en Yolanda Díaz su mejor aliado en la amnistía: Sumar avala todas las cesiones a Junts

El frenazo a la proposición de Ley de Amnistía, que ahora regresa a la Comisión de Justicia, abre un periodo de enorme incertidumbre para el PSOE, para el Ejecutivo y para la continuidad de la legislatura.

Pedro Sánchez se enfrenta ahora a un doble problema: de un lado, renegociar con Junts que, de momento se mantiene firme en todas sus pretensiones y, de otro, blindar la posición de su propio Gobierno que, el martes se rompió cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y todos los diputados del grupo Sumar, optaron por respaldar todas las enmiendas del partido de Puigdemont, salvo dos en las que se abstuvieron, en tanto que Pedro Sánchez y todo el Grupo Socialista votaron en contra de las propuestas de los independentistas.

El socio menor de la coalición de Gobierno ha demostrado con sus votos estar, por tanto, dispuesto a hacer concesiones en las exigencias clave de Puigdemont para acorazar el borrado de cualquier tipo de delito que pudiera haberse cometido bajo el paraguas justificativo del proceso secesionista.

Esta disposición de Sumar incluye la aceptación de las reclamaciones más trascendentes planteadas por Junts y rechazadas por el PSOE, en particular la petición de suprimir del listado de delitos a los que no podría aplicarse la amnistía los actos tipificados como terrorismo, hayan sido o no sentenciados, y los actos calificados como de traición al Estado, contra la independencia del mismo, la paz o que afecten a la Defensa Nacional.

La justificación que aporta Junts para sostener esta enmienda que obtuvo el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, es la de poner freno al «uso indebido que se hace del Código Penal para perseguir el independentismo».

Igualmente, Sumar está a favor -así lo puso de manifiesto en la votación de las enmiendas a la proposición de ley que el partido de Puigdemont mantenía y sigue defendiendo- de la petición de ampliar el marco temporal en el que se aplicaría la amnistía, pasando a extenderse desde el 1 de noviembre de 2011 -y no desde el 1 de enero de 2012- hasta el 13 de noviembre de 2023.

El socio minoritario de la coalición gubernamental optó -y fue el único partido de la Cámara que lo hizo- por apoyar también la disposición adicional tercera nueva que defiende Junts, en virtud de la cual «la suspensión del proceso judicial que establece el artículo 35.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no impedirá la reforma de los autos y providencias en que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley orgánica [de amnistía] se hubiese acordado la detención, prisión o procesamiento, así como cualesquiera otras medidas restrictivas de derechos». La justificación que aporta Junts para esta enmienda es la de blindar todas aquellas situaciones que surjan como producto del planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad.

El rechazo de plano que mostró el PSOE a todas estas enmiendas fue la causa por la cual los siete diputados de Junts en el Congreso decidieran finalmente votar en contra del texto de la ley que, al ser orgánica, necesitaba contar con el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. En su lugar, obtuvo 179 noes.

El Gobierno explicó que su negativa rotunda a aceptar las enmiendas de Junts se debía al riesgo que correría la ley a la hora de superar el filtro del Tribunal Constitucional y sobre todo el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de incluirlas.

En opinión del Ejecutivo, el texto que el martes se presentó ante el Pleno era sólido, robusto y plenamente constitucional y no admitía ningún retoque más so pena de cruzar líneas rojas susceptibles de hacerlo inasumible para los altos tribunales. Esta es una argumentación que, por lo visto, no compartirían los ministros y los diputados de Sumar.

Yolanda Díaz y su grupo parlamentario, que en todas las votaciones de las enmiendas optaron por diferenciarse de los socialistas, prefirieron abstenerse en relación con la propuesta de Junts de reforzar el artículo 1 de la proposición de ley para amparar a quienes asesoraron, representaron o protegieron a los líderes de la intentona secesionista, una enmienda, esta última, con la que Junts pretende ampliar el marco de la amnistía para llegar a cubrir a personas como Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, o a los mossos d'esquadra que se prestaron para realizar labores de escolta al ex presidente de la Generalitat cuando se fugó de España.