Acusados del caso Zaplana ultiman pactos para confesar delitos en el juicio, aplazado a marzo

El arranque del juicio del caso Erial llevaba semanas marcado en el calendario para este jueves 1 de febrero. Sin embargo, el tribunal que tiene que juzgar al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y a otras 14 personas por una presunta trama de comisiones ilegales y blanqueo de capitales aplazó en la mañana de este jueves las sesiones de la vista oral como consecuencia de la enfermedad del abogado del también exministro, el exfiscal Daniel Campos. Las más de 40 sesiones jornadas previstas hasta mayo en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia, la más grande del complejo. Ahora, a propuesta del fiscal, y sin oposición del resto de las partes, la vista ha sido aplazada al 21 de marzo, cuando se reanudará, una vez constituido el tribunal.

El juicio arrancará tras una larga instrucción de seis años que llevó a Zaplana a pasar nueve meses en prisión preventiva por razones de riesgo de destrucción de pruebas. La causa podría complicarse para el que fue portavoz en el Gobierno de José María Aznar, no solo por la acumulación de indicios recogidos por la Fiscalía Anticorrupción y los inspectores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sino también por una probable cascada de confesiones y conformidades de otros procesados, que pretenden alcanzar acuerdos con la acusación para amortiguar su castigo penal. La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana.

La existencia de esas conversaciones previas al arranque del juicio, de las que ya se rumoreó hace meses, fue avanzada este miércoles por Las Provincias a las puertas del juicio, aunque sin desvelar nombres. Según ha podido saber El Confidencial, entre los acusados con contactos muy avanzados están los empresarios Vicente y José Cotino, quienes buscarían así evitar la entrada en prisión.

También está explorando los beneficios procesales de una confesión y un arrepentimiento de los hechos cometidos el que fue jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat y expresidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García, al que la investigación afloró una sociedad en Luxemburgo con más de dos millones de euros, Fenix Investments, y pagos periódicos de los Cotino durante varios años a su consultora en España. La causa se basa en el posible pago de comisiones tanto a García como a Zaplana por parte de los Cotino a cambio de adjudicaciones de estaciones de ITV y licencias para parques eólicos en los años en que el exejecutivo de Telefónica estuvo al frente del Gobierno autonómico. La Fiscalía reclama para los Cotino y García 14 años de prisión.

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Víctor Romero. Valencia

Las conformidades podrían complicar la estrategia de defensa del exministro de Trabajo por el alcance de sus confesiones. Especialmente comprometedora sería una conformidad de Joaquín Barceló Pachano, amigo de la infancia y del clan de Benidorm y considerado el principal testaferro de Zaplana. Los investigadores han ligado a Barceló, al que la acusación pide ocho años de prisión, a la red de sociedades exteriores a través de comisiones rogatorias a varios países, entre ellos Andorra, con rastro de movimientos millonarios de dinero que Anticorrupción atribuye a Zaplana, quien niega cualquier vínculo con los fondos. En la sesión de arranque del juicio de este jueves se ha producido una anécdota con múltiples lecturas: Zaplana ha negado el saludo a Barceló cuando este se ha acercado a estrecharle la mano y despedirse, dándole la espalda.

Los investigadores han reunido indicios que la jueza de instrucción consideró suficientes para imputar a Zaplana delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. Uno de los testimonios clave será el del asesor financiero uruguayo Fernando Belhot, que ha declarado durante la fase de investigación que recibió el encargo personal de Zaplana de mover el dinero exterior, tanto en inversiones como en operaciones de repatriación de dinero de posible procedencia ilícita, tipificado penalmente como blanqueo.

Los agentes de la UCO cazaron a Zaplana en reuniones con Belhot en el Hotel Wellington de Madrid. El asesor financiero no solamente ha testificado que movía dinero del expolítico, también ha entregado a las autoridades españolas más de seis millones de euros, que han sido trasferidos desde cuentas en el extranjero a la oficina de recuperación de activos ORGA.

La estrategia defensiva de Zaplana está muy enfocada, entre otras cuestiones, en tratar de minar la credibilidad del testimonio de Belhot, que comparecerá por videoconferencia desde Uruguay cuando corresponda el turno de su declaración en la vista oral. El exministro, que quiere que sea la Audiencia Nacional y no el tribunal valenciano quien le juzgue, afirma que los fondos eran de operaciones del propio Belhot y que la sociedad principal empleada para la operativa, Natland, aparece en otras causas por blanqueo ajenas al exministro, como la que afecta a la Banca Privada de Andorra (BPA). La misma entidad, por cierto, en la que Pachano manejaba cuentas bancarias.