Todo apunta a que la reforma del artículo 49 de la Constitución va a ser uno de los pocos compromisos de la legislatura entre PSOE y PP: un cambio aparentemente inocuo cuyo único fin – sobre el que también cabría preguntarse si de verdad era tan necesario – que es eliminar el término "disminuidos" y cambiarlo por "personas con discapacidad".
El texto actual del artículo 49 de la Constitución Española es este:
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
Con la nueva redacción acordada por los dos grandes partidos quedaría así:
- Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
- Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Y es esta última frase donde surge una polémica que las asociaciones y colectivos feministas han evitado, porque es obvio que se equiparan las necesidades de las mujeres con discapacidad con las de los menores, es decir, se presenta el hecho de ser mujer como un agravante de los problemas que genera una discapacidad.
Lo cierto es que la inclusión de la frase no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta la concepción del feminismo de la que ha hecho gala el Gobierno, pero sí llama la atención que casi ninguna organización o colectivo feminista ha alertado sobre la frase y mucho menos ha criticado el menosprecio que supone sobre las mujeres en general y las mujeres con discapacidad en particular.
"Colar la discriminación positiva en la Constitución"
Sí levanta su voz sobre el tema Antonia Carrasco, presidenta de la Asociación GenMad, que en conversación telefónica con Libertad Digital explica que el asunto es realidad, en su opinión, mucho más grave: "Es el pretexto perfecto para colar la discriminación positiva en la Constitución".
Lo cierto es que sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo la que avaló la Ley de Violencia de Género, ya han consagrado la discriminación positiva dentro de nuestro corpus constitucional, pero este artículo sería, efectivamente, su primera inserción dentro del propio texto de la Carta Magna.
"Lo que van a hacer es aprovechar otra causa noble para meter esa asimetría entre hombres y mujeres en la Constitución y con ello los hombres estarán constitucionalmente por debajo de las mujeres", nos dice Carrasco.
Además, la presidenta de GenMad, una asociación que se dedica a ayudar a "personas que sufren maltrato en el ámbito familiar, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género" nos transmite su indignación porque "se nos está tratando (a las mujeres) como seres inferiores", algo que le resulta insoportable después de "toda una vida luchando y en la que lo he conseguido todo por mis propios medios" sin trampas ni cuotas.
"Están poniendo a las mujeres en el segundo o el tercer escalón haciendo como les ponen en el primero", nos dice, pero advierte que es algo "que van a pagar muy caro porque hay una reacción muy fuerte y los estudios de nivel de felicidad son terroríficos".
Y es que, según Antonia, hay toda una generación de mujeres que "primero han sentido ese falso empoderamiento y luego eso no les ha hecho ningún bien. Pero ya se han dado cuenta", advierte.