Irene Montero sigue cobrando su pensión de exministra a la espera de los 9.975 euros por ser eurodiputada

Dentro del Titanic hundido en el que se ha convertido Podemos, hay una persona que sigue en cubierta y respirando. Irene Montero, pese al veto de Yolanda Díaz y quedarse fuera del nuevo Gobierno de Sánchez, ha sabido encontrar la vía para mantener un sueldo público hasta al menos 2029: se presentará a las elecciones europeas como candidata de Podemos para ser europarlamentaria durante los próximos cinco años.

Hasta la celebración de los comicios -9 de junio- que le permitan dar el salto a la eurocámara, Montero cobrará la pensión de exministra. De hecho, es la única ministra del anterior Gobierno junto a Alberto Garzón que ha solicitado esta prestación, que equivale al 80% de su salario como ministra durante dos años -63.532 euros al año, 5.300 euros al mes-. En caso de lograr escaño, dejaría de ingresar la pensión por incompatibilidad, pero pasaría a mejorar sus emolumentos: 9.975 euros brutos al mes, lo que equivale a 7.776,06 euros netos.

Además, Montero tendría otros ingresos muy interesantes: 4.778 euros al mes en dietas, hasta 4.716 euros anuales para destinar a viajes y un presupuesto de 28.412 euros al mes para la contratación de asesores y servicios necesarios para su trabajo. Esto quiere decir que el total que percibe asciende a unos 15.000 euros brutos mensuales.

Para Montero, será más fácil que nunca convertirse en eurodiputada. Este año, en España se elegirán 61 diputados, dos más que en 2019, por lo que el escaño jamás fue tan barato: la circunscripción es única y bastaría con el 2% de los votos para asegurar un escaño. La encuesta de Sigma Dos que publicó El Mundo el pasado domingo daba a Montero un 2,6% de las papeletas, lo que le permitiría conseguir su escaño, lo que equivaldría a unos 450.000 votos. Se quedaría lejos de los 2.252.000 votos que logró en 2019, pero lograría un cargo para Montero.

De esta forma, Podemos conseguiría salvar a la soldado Montero tras fracasar en sus presiones a Yolanda Díaz para que mantuviese la cartera de Igualdad en el nuevo Gobierno. "Pedro Sánchez nos ha echado del Gobierno", repitió en diversas ocasiones la líder morada. Con el Ejecutivo ya formado, Podemos organizó un acto para proponer a Montero como candidata a las primarias para encabezar la lista. A falta de rivales, tan solo necesitará el aval de la militancia -que nadie duda que conseguirá por estar respaldada por la ejecutiva- para poder presentarse.

De este modo, Irene Montero tiene garantizada una pensión durante dos años -hasta noviembre de 2025- y si consigue entrar en la Eurocámara, pasaría a tener un sueldo como eurodiputada durante los próximos cinco años, hasta 2029. De esta forma, aunque Podemos termine hundiéndose, garantizarán sus honorarios.

El código ético de Podemos prohíbe cobrar la pensión

El texto que reúnen los principios rectores de Podemos no permite aceptar este tipo de emolumentos. En concreto, la formación exige aceptar a "todas las personas titulares de cargos designados por Podemos en cualquier órgano de las administraciones públicas" una serie de condiciones entre las que se encuentra "no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo".

La formación morada señala que "quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestas con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo".

Montero, que no era titular de ningún puesto en la administración pública, debería apuntarse a la cola del paro, siempre según el código ético de la formación: "Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda".

Ángela Rodríguez Pam también ha solicitado la pensión

Vozpópuli se ha puesto en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para conocer qué ministros y secretarios de Estado del Gobierno saliente han solicitado la pensión compensatoria. En estos momentos, tan solo hay cuatro personas que reciben esta prestación: Alberto Garzón (exministro de Consumo), Irene Montero (exministra de Igualdad), Ángela Rodríguez 'Pam', (exsecretaria de Estado de Igualdad y conta la violencia de género) y Antonio Julián Rodríguez (exsecretario de Justicia). Ignacio Álvarez, exsecretario de Estado de Derechos Sociales, también la solicitó, pero el pasado 22 de diciembre tramitó la baja para poder reincorporarse a la Universidad Autónoma de Madrid.

En el caso de Ángela Rodríguez 'Pam' y de Antonio Julián Rodríguez sucede lo mismo que con los ministros: reciben un 80% de su sueldo durante el tiempo que han estado en el cargo con un máximo de dos años. A Rodríguez no le corresponde el tiempo completo por poco (fue nombrado el 7 de diciembre de 2021 y cesado el 28 de noviembre de 2023), pero a 'Pam' sí, ya fue nombrada en octubre de 2021: ella cobrará 7.068 euros durante dos años siempre que no vuelva a trabajar, ya sea en el sector público o privado.