Que a Emiliano García-Page no le gustan la inmensa mayoría de los acuerdos políticos que Pedro Sánchez ha ido encadenando desde su llegada a La Moncloa no es ninguna novedad a estas alturas. Lo ha expresado con mucha claridad en público siempre que se le ha preguntado al respecto y lo hizo también en privado en el Comité Federal del PSOE del pasado mes de octubre, cuando su partido aún estaba negociando con los grupos independentistas la Ley de Amnistía para asegurar la reelección del presidente del Gobierno a la que él se opone frontalmente.
Esta semana, sin embargo, ha caído una gota que ha terminado por colmar el vaso de las discrepancias entre el dirigente castellanomanchego y la cúpula de Ferraz: el compromiso para la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña aceptado in extremis como pago por la abstención de Junts para la aprobación de tres decretos con medidas anticrisis, de agilización de la Justicia y de empleo. Y el único barón socialista con mayoría absoluta no ha dudado en elevar el tono para dar la voz de alarma.
"Ningún Estado puede renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras y, por tanto, en inmigración. El control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía. Lo que quiere [Carles] Puigdemont es, poco a poco, ir construyendo un Estado para el día que quieran tenerlo propio. Y con esto no se puede jugar. Con las cosas de comer no se puede mercadear", ha advertido este viernes García-Page a su llegada a un acto en un colegio en la localidad de Marchamalo, en Guadalajara, donde ha reiterado en varias ocasiones que está «muy preocupado».
En respuesta a los periodistas, el presidente de Castilla-La Mancha ha argumentado que "la legislatura pasada fue de un desfiladero estrecho, costaba pasar", en alusión implícita a otras medidas que también ha rechazado enérgicamente, como los indultos a los condenados por el procés y la eliminación del delito de sedición, pero que "de alguna manera podía haber salida al final". Ahora, en cambio, considera que el Gobierno se ha metido en un "laberinto" con su política de "improvisación" y de negociar cesiones de calado "en un pasillo o por teléfono», en referencia a la manera en que se cerró el pacto con Junts el miércoles a escasos minutos de la votación.
A lo que ha llegado a apostillar: "Si las competencias en inmigración las pidiera Vox todo el mundo se rasgaría las vestiduras, pero las pide Puigdemont para lo mismo... Y eso no tiene nada de progresista. Eso es exactamente reaccionario. Pero es que, sobre todo, no me parece constitucional. Yo sé que Puigdemont si pudiera a mí me convertiría en un extranjero. Por eso la única competencia que no pondría en sus manos es precisamente esa".
Aprovechando que Sánchez reúne este sábado a sus ministros en la finca Quintos de Mora, en Toledo, para una jornada de convivencia, García-Page les ha pedido que "se paren a pensar a dónde conduce este laberinto y si hay o no salida. Y si es o no admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza. ¿Hasta cuándo y para qué?".
"Parece mentira que para sacar adelante unos decretos que son bienintencionados, de ampliación de políticas sociales, en teoría ninguno era conflictivo, eran de ayudas a la gente, unos podrán querer más, otros menos... se haya estado mercadeando hasta con la soberanía nacional, que es lo que representa la primera competencia de cualquier Estado que se precie, que es respetar sus fronteras y controlar, en definitiva, la política de emigración", ha abundado García-Page.
Justificación en Moncloa
Esta mañana, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha intentado justificar las últimas cesiones a los separatistas catalanes explicando que todos los acuerdos producirán beneficios para el conjunto del país y, por tanto, "no generarán nuevos agravios". La número dos de Moncloa sale así al paso de las críticas recibidas por el acuerdo alcanzado in extremis con Junts asegurando que tanto la asunción de la deuda como la cesión de competencias están al alcance del resto de comunidades autónomas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha argumentado que "los acuerdos en democracia no solo son buenos, sino sanos, sobre todo cuando responden a lo que la gente votó el 23-J, que fue un Parlamento muy plural". Sobre la cesión de competencias de inmigración a Cataluña exigida por Junts se ha limitado a insistir que ahora hay que "trabajar" en la ley orgánica para "poder delegar" sin entrar en el detalle del alcance.
Respuesta de Óscar Puente
Quien sí ha respondido a Page dentro del Gobierno ha sido el titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, que en una entrevista en La Sexta le ha recordado que "tiene los cauces" dentro del PSOE para "expresar su opinión libremente". También le ha advertido que, "cuando se piensa en política migratoria, irse directamente a la política fronteriza es desconocer la amplitud" de las competencias que tiene un país.
"Las fronteras no lo son todo en materia migratoria y, probablemente, eso no pueda ser objeto de cesión. Estamos hablando de otras cosas, de cómo se trata a los inmigrantes, como se les distribuye, cómo se les aloja, qué servicios se les proporciona... Pensar en las fronteras, sinceramente, está fuera de lugar", ha agregado.