El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio contra Puigdemont por la amnistía

El Tribunal de Cuentas (Tcu) ha rechazado suspender el juicio contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros 33 excargos catalanes por el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del independentismo. El pasado 17 de noviembre, durante la celebración de la vista, nueve de los demandados reclamaron detener el procedimiento por la ley de amnistía, pero la consejera del Tcu, Elena Hernáez, considera que esta solicitud carece de recorrido: la proposición de ley aún se está tramitando en el Congreso y se desconoce cuál será su contenido definitivo si finalmente se aprueba.

El fiscal del caso, Manuel Martín-Granizo, también se pronunció en el mismo sentido durante la mencionada vista de noviembre: "No cabe en el momento presente", advirtió. "No se puede apoyar en un acontecimiento futuro". Mientras algunas defensas lanzaban alegatos de amnistía, Martín-Granizo destacó que habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer "los efectos que en la misma se determinen".

La consejera sigue la misma línea para rechazar la suspensión y ahora tendrá que convocar a las partes para la presentación de las conclusiones finales. La Fiscalía reclama a los demandados tres millones de euros, mientras que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco. La consejera en ningún caso puede condenar por un importe superior al que solicitan, por lo que el máximo posible queda fijado por la demanda de estos últimos.

Además de Puigdemont, Junqueras y Mas, entre los encausados figuran otros líderes del procés como los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, así como los huidos Toni Comín y Lluís Puig. Un escalón por debajo, figuran exdelegados de la Generalitat en el extranjero y antiguos altos cargos como el ex secretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim, el exdirector del Diplocat Albert Royo y el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons.

La ley de amnistía perdona la factura

La proposición de ley que está tramitando en el Congreso sostiene que "la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso". Según establece su artículo 13.2, "se dictarán las correspondientes resoluciones declarando el archivo de las actuaciones, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados, cuando estas no se hayan opuesto". En el caso del desvío de fondos del 1-0 y la acción exterior, la única entidad pública que se vio perjudicada por el presunto desvío de fondos es la propia Generalitat.

Si este artículo se mantiene intacto y la norma termina por entrar en vigor, la consejera tendrá que tomar una decisión clave: si la aplica de forma inmediata o presenta una cuestión de inconstitucionalidad para tratar de bloquear sus efectos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su legalidad. Esta sería la primera vez que el Tribunal de Cuentas recurre a esta figura y existe cierto debate sobre si puede o no hacerlo, al tratarse de un órgano que no forma parte del Poder Judicial.