Tic tac. Tic tac. Cuando la presión aumenta, cuando el tiempo se acaba, empieza a oírse con fuerza el sonido de las manecillas del reloj. Ocurre con todo: fichajes, negociaciones... Y le ocurre al Gobierno, que ve cómo están en peligro los tres decretos que se votan este miércoles en el Congreso. De ahí que desde hace días haya una negociación in extremis con sus socios, porque algunos de los que auparon a Pedro Sánchez amenazan ahora con poner en jaque su estabilidad. Uno de esos partidos es Junts, que entre sus exigencias, además de querer que se retiren los decretos y se negocien con ellos antes de volver a presentarlos, pone como condición para facilitar este match point de la coalición multar a las empresas que rechacen regresar a Cataluña para apoyar los decretos del Gobierno.
Gobierno y Junts están en plenas negociaciones. De ahí que en La Moncloa midan mucho sus palabras para evitar desairar a la formación de Carles Puigdemont y quedarse sin el oxígeno, en forma de siete votos, que necesitan. Los independentistas reclaman al PSOE aprobar un plan que permita sancionar a las empresas que huyeron de Cataluña tras el referéndum ilegal de 2017 a través de una reforma de la Ley de Sociedades de Capital.
El Gobierno, en plenas negociaciones, mide. Intenta decir, sin decir. "Si algo ha caracterizado y caracteriza a este Gobierno es que da seguridad jurídica a nuestras empresas, siempre", ha despejado Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros. Se evita un rechazo público y explícito a la petición de Junts.
Una línea, la de deslizar moviéndose en la ambigüedad, que ha empleado también Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y que debutaba en su primera reunión del gabinete tras ocupar el puesto que ha dejado Nadia Calviño tras su marcha al Banco Europeo de Inversiones. "La estabilidad y la seguridad del marco jurídico son fundamentales. Y ahí es donde nos vamos a encontrar. La confianza institucional es clave para garantizar el factor de crecimiento y de sostenibilidad".
El pacto ya recoge incentivar la vuelta
Esa ambigüedad, ese decir pero sin decir para no enturbiar unas negociaciones con Junts delicadas, que no están siendo sencillas, ha motivado que los ministros hayan sido preguntados y repreguntados en varias ocasiones, demandando más claridad. Un sí o no acerca de si contemplan la propuesta de imponer esas sanciones a las empresas que exige Puigdemont. Intentos baldíos. Balones fuera públicamente de Cuerpo: "Un compromiso claro por parte del Gobierno es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza que da seguridad a las empresas, a los empresarios. Ahí nos van a encontrar".
La posición que trasladan desde el Gobierno es que ellos son más partidarios de iniciativas positivas que negativas. Esto es, ir más por la vía de los incentivos para que las empresas puedan instalarse o volver a Cataluña que de las sanciones a las que se han marchado o no quieran volver. Fuentes socialistas también ven inaplicable las sanciones y apuestan por la vía de los incentivos. Pero todo se está hablando y negociando.
Cabe recordar que en el pacto político que PSOE y Junts sellaron para la investidura de Sánchez se explicitaba que "se acordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el retorno a Cataluña de la sede social de las empresas que la cambiaron de ubicación a otros territorios en los últimos años".
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha sido algo más claro defendiendo esta vía. Constató que el PSOE está "abierto" a negociar las exigencias de Junts, que el diálogo está en marcha, pero ha acotado el marco a que cualquier incentivo a las empresas para volver a Cataluña tiene unos requisitos. "Estamos hablando con Junts de cómo podemos manejarnos para facilitar esa vuelta de las empresas", ha subrayado.
En concreto, López ha expuesto que estas medidas incentivadoras para el retorno de compañías deben basarse en "tres asientos": "facilitar que las empresas vuelvan"; "cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital", y "garantizar la seguridad jurídica".