El bloqueo del Gobierno pone en riesgo 35.000 millones de inversión en renovables

"Es un desastre, no puede ser que el proceso de transición energética esté condicionado por la amnistía". Así resume una fuente del sector de las energías renovables la situación en que se encuentra la legislatura, debido a la pugna política que vive el Gobierno de PSOE y Sumar con sus socios. Según alertan los inversores y las principales asociaciones del sector, si finalmente Junts per Catalunya o Podemos cumplen su amenaza y tumban el decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado 27 de diciembre, el bloqueo se puede llevar por delante proyectos de inversión que superarían los 35.000 millones de euros.

El Real Decreto-ley 8/2023 de medidas para la lucha contra los efectos de la guerra de Ucrania y Oriente Próximo incluye una prórroga de seis meses para que 43 GW de proyectos (80% fotovoltaica y 20% eólica, aproximadamente) tuvieran medio año más de plazo para obtener la autorización administrativa de construcción (AAC). Este hito obligatorio vence el 25 de enero y hay altas probabilidades de que muchos proyectos decaigan por falta de tiempo. Esa ha sido precisamente la justificación de la prórroga. Si el decreto no se convalida, lo más probable es que desarrollos que suman una potencia de 32.000 MW (20.000 MW de fotovoltaica y 12.000 MW de eólica) salten por los aires, alertan fuentes del sector.

A diferencia de otras medidas, que podrían ser reconducidas en posteriores reformas con rango de ley que sacara adelante el Gobierno, la problemática para las renovables es que actualmente se encuentran sin margen de maniobra, ya que el plazo termina en 16 días si no se convalida la prórroga este miércoles en el Senado, denuncian los afectados.

Aunque finalmente sí salga adelante y todo sea una estrategia tacticista de los de Puigdemont o de la formación fundada por Pablo Iglesias, la consecuencia de estas amenazas es que meten el sector en una dinámica de incertidumbre y una inseguridad jurídica que alejan a inversores internacionales de un campo ya estigmatizado reputacionalmente en el exterior desde hace una década por el recorte a las primas renovables decretado entonces, advierten las fuentes consultadas.

Precisamente, en este caso la urgente necesidad estaba plenamente justificada, ya que, de no haberse prorrogado el plazo, muchos desarrollos podrían decaer, con la pérdida de inversión que ello implica. El propio decreto elaborado por el Gobierno asegura que "ante el inminente vencimiento del hito de obtención de autorización administrativa de construcción para un elevado contingente de proyectos, resulta adecuada, urgente y justificada su adopción; ya que en otro caso se habrán cerrado los contratos de entrega de equipos con constructores e instaladores".

"Nos encontramos con que para lograr una mejor imbricación de los proyectos en el territorio se requiere algo más de tiempo, el cual en algunos casos es escaso ante el inminente vencimiento del hito de obtención de autorización administrativa de construcción para un elevado contingente de proyectos", explicaba el decreto firmado por Pedro Sánchez.

El problema no es solo la pérdida de permisos, sino la ruptura de todo lo que de ellos se deriva

El problema no es solo la pérdida de los permisos, sino la ruptura de todo lo que de ellos se deriva, como las compras a proveedores, la financiación con bancos o los acuerdos de venta de energía con terceros, que también están en peligro ante la amenaza de hacer saltar todo por los aires del partido independentista y de la formación morada. Jordi Turull, secretario general de Junts, aseguró este domingo en una entrevista en elnacional.cat que votarán en contra del decreto. Isa Serra, portavoz de Podemos, señaló este lunes que su formación solo apoyaría la norma si se limitan aún más los alquileres y se topan los precios de los alimentos en los supermercados.

La medida para las renovables, aunque ha pasado desapercibida para el gran público dentro del decreto ómnibus de rebajas fiscales, ayudas directas al transporte, revalorización de pensiones, etc., es "especialmente relevante para la promoción de instalaciones de energía renovables", según señala un análisis del despacho de abogados Garrigues, firma que trabaja con grandes inversores en este tipo de proyectos.

En 16 días (25 de enero), llega la fecha tope para obtener la autorización de construcción si no se convalida la prórroga en el Senado este miércoles

La mayoría de proyectos aún no tienen la autorización de construcción. De los 43 GW que el pasado mes de junio aún no disponían de la misma, el sector calcula que más de 32 GW podrían estar aún sin este permiso. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirman que si no se convalida el decreto, los proyectos que no tengan la autorización de construcción antes del 25 de enero decaerán.

Según los cálculos que maneja el sector, hay más de 35.000 millones de euros comprometidos y pendientes de superar este hito para invertir en estas infraestructuras, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de España para la descarbonización y al abaratamiento de precios de la energía. Estos podrían verse amenazados, ya que buena parte de los inversores, muchos de ellos internacionales, podrían desistir si pierden los permisos o no ven claro el horizonte de inversión de los próximos años, cuando deben hacer los desembolsos más importantes. No entienden que todo este proceso regulatorio estratégico para la economía española se vea afectado por las diferencias relativas a la aplicación de la ley de amnistía para los líderes del procés. O por las exigencias de los partidos a la izquierda del PSOE que votaron la investidura de Pedro Sánchez.

Ahora el Ejecutivo trata in extremis de salvar la aprobación en las Cortes. Incluso ha contactado con el PP para aceptar cambios en una hipotética tramitación como proyecto de ley. El partido liderado por Feijóo quiere más rebajas de impuestos para dar su abstención.

Amenaza también fondos UE y proyectos industriales

La cuestión de los permisos es clave, ya que actualmente hay muchos más proyectos que capacidad en la red, con lo que todos aquellos que pierdan estas autorizaciones se quedarán con muy pocas opciones de sacar adelante proyectos en los que ya han invertido una parte. Fuentes del sector lamentan que, además, los retrasos en la obtención de los permisos casi siempre tienen que ver con demoras de la Administración, que no es capaz de asumir el ingente proceso de autorizaciones en plazo, dada la falta de recursos. En los últimos meses, la aprobación de declaraciones de impacto ambiental condicionadas, uno de los hitos previos a la autorización de construcción, ha sido uno de los causantes de los retrasos que han engordado aún más la bola burocrática.

El problema también podría impactar sobre la recepción de fondos europeos. Muchas de las ayudas están vinculadas a desarrollos de hidrógeno verde, que se produce con energías renovables, o almacenamiento, destinado a sustituir tecnologías de respaldo más contaminantes. Precisamente, los fondos Next Generation EU están en gran medida vinculados a este tipo de desarrollos de transformación verde, lo que revela la importancia de que no se atasquen los proyectos renovables.

"No solo es un problema para los promotores de los proyectos de infraestructuras renovables, hay que pensar que existen proyectos industriales vinculados a la energía limpia y asequible que estos proporcionan, con lo que el daño al tejido industrial podría ser incluso mayor", lamenta otra fuente conocedora del sector. Hay grandes industrias que están sondeando ubicarse en España, entre otras razones, por el acceso a energía renovable barata. Todo ello se vería amenazado si hay inseguridad jurídica e incertidumbre derivadas de la coyuntura política actual. Todo un varapalo, además, para la imagen exterior de España en los mercados, que sigue pagando reputacionalmente en forma de embargos judiciales y demandas de inversores extranjeros por el recorte a las primas a las energías limpias decretado en 2013.

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Desde UNEF, la asociación que aglutina a más empresas del sector fotovoltaico, celebraron y aplaudieron la prórroga incluida por el Gobierno en el último decreto del año recién terminado. Sin embargo, ahora, confirman su preocupación. Su director general, José Donoso, señala que la prórroga aprobada por el Gobierno "es fundamental para llevar la transición energética a buen puerto, ya que los actuales plazos y los retrasos administrativos ponían en peligro la viabilidad de muchos proyectos. Además, los nuevos plazos habilitados por el Gobierno evitaban que se produjeran cuellos de botella y especulación en la cadena de valor del sector, lo que permitía llevar a cabo una transición de forma ordenada y que contribuya a la mitigación de las emisiones que provocan el cambio climático, la seguridad de suministro y la obtención de precios energéticos más asequibles que garanticen la competitividad de la economía".

Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto 8/2023 "ayudan a los inversores a poder planificar las inversiones en los próximos 3-4 años con mayor certidumbre, ayudan a la industria eólica española y europea a poder distribuir en el tiempo la fabricación de los equipos, permitiendo además que los fabricantes de origen chino no se aprovechen de una coyuntura de inflación de costes y limitación de plazos, y, por último, permiten ir acoplando de una forma más progresiva la generación renovable que se conecta al sistema a la evolución de la demanda eléctrica en el país".

"De no convalidarse el RDL 8/23, sería muy complicado el desarrollo de la eólica marina en nuestro país, ya que con los plazos de la regulación preexistente para el desarrollo de los proyectos marinos, sería poco realista que los parques pudieran estar tramitados a tiempo una vez se convoque la esperada subasta", añade Márquez.

"Adicionalmente, hay aspectos técnicos muy relevantes en el RDL sobre integración de las energías renovables en el sistema que deben salir adelante y que tienen que ver con el cumplimiento de los códigos de red europeos de los proyectos. De no convalidarse, podríamos asistir a escenarios absurdos, en los que más de 1.500 MW perfectamente operativos estarían en riesgo de desconexión, con el perjuicio socioeconómico que implicaría para nuestra competitividad en el precio de la electricidad", concluye el director general de AEE.

Otros inversores afectados también señalan que las grandes empresas no harán presión sobre Junts per Catalunya para que finalmente apruebe el decreto, ya que creen que estas no verían con malos ojos que hubiera una caída masiva de proyectos y, por consiguiente, un alejamiento de inversores internacionales, ya que eso les dejaría mayor margen de maniobra para promover sus propios desarrollos y mantener el control que actualmente tienen sobre el mercado de la generación en España.