El Gobierno se opone a multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña, pero negocia con Junts

A punto casi de que el Congreso vote este miércoles los tres reales decretos del Gobierno, que podrían no ser convalidados por la negativa de Junts a apoyarlos, la Moncloa ha rechazado hoy la petición de este partido de sancionar a las empresas que operen en Cataluña, pero tengan su sede social fuera. Lo ha hecho con la boca pequeña, sin confrontar directamente con la formación de Carles Puigdemont. No quieren soliviantarles porque la negociación para conseguir su voto, que es crucial, se mantiene abierta. Aunque esta postura es la que se deduce de la posición expresada por distintos interlocutores.

Tras transmitir públicamente que estaban enrocados en el rechazo a los tres textos —dos de ellos con multitud de compromisos adquiridos con Bruselas para obtener 10.000 millones de euros más de fondos europeos y un tercero de medidas anticrisis— y pedir su retirada, Junts ha introducido este asunto en el debate en las últimas horas. Su vicepresidente y portavoz, Josep Rius, planteó este martes que el Ejecutivo incluya beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña y se multe a aquellas que no quieran hacerlo.

La respuesta del Ejecutivo ha sido un poco confusa y hasta cuatro veces se ha pedido a la portavoz, Pilar Alegría, y al nuevo titular de Economía, Carlos Cuerpo, que fueran claros en su pronunciamiento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero ni uno ni otro se han movido de la consigna de que el Gobierno "siempre ha garantizado la seguridad jurídica de las empresas", que aleja la amenaza de sanciones.

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Fuentes de la Moncloa reconocen que no se ha querido ofrecer más explicaciones, precisamente, porque "se está negociando" con Junts. Las conversaciones, a tenor de lo que traslada el PSOE y el Gobierno, parecen estar centradas en la posibilidad de que existan incentivos fiscales para la vuelta de las empresas que se marcharon de Cataluña durante el procés. El PSOE se comprometió con Junts en el propio acuerdo de investidura facilitar el retorno.

El ministro de Economía, que tras sustituir a Nadia Calviño se estrenaba en la comparecencia, aseguró que la pretensión del Gobierno es "seguir garantizando un marco de seguridad jurídica". "Ahí los empresarios nos van a encontrar y esto no es una excepción", dijo. Justo este martes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, declaraba en RNE que la reclamación de Junts de sancionar a las empresas que no vuelvan "se llama regulación en vena o se llama comunismo". Además de las multas, Junts pone el foco en los beneficios fiscales y en que se derogue el texto de 2017 que favoreció la huida de los empresarios en pleno proceso soberanista. "Parece complicado de entender que el Gobierno mantenga en vigor un decreto que perjudica a la economía catalana", señaló el portavoz de Junts. En este punto sí se puede producir un acercamiento.

"Facilitar la vuelta de las empresas"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, confirmó en rueda de prensa que "estamos hablando con Junts de cómo podemos manejarnos para facilitar esa vuelta de las empresas". López apeló también el concepto de seguridad jurídica y al cumplimiento de la ley de sociedades de capital, sobre todo en lo relativo al artículo 9. Este precepto alude a que "las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español, en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación".

A pesar de que el Ejecutivo atraviesa horas amargas porque está en riesgo su primera gran votación, distintas fuentes de primer nivel se muestran confiadas en que sacarán adelante los tres decretos. Se está hablando con todos los grupos, pero fundamentalmente con la formación de Puigdemont. La puerta del PP se considera totalmente cerrada y la visión del Gobierno es que Génova nunca ha tenido voluntad negociadora. De hecho, a pesar de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha cruzado llamadas con la secretaria general del PP, Cuca Gamara, para sondear su postura sobre los tres decretos, el Ejecutivo tiene asumido que no puede contar con la ayuda del PP, tras escoger a Junts como socio prioritario.