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La sanidad andaluza pagará 300.000 euros a una familia por la muerte de un menor tras el error de diagnóstico de un médico en formación

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Se denunció que el Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez no apreció en un estudio radiológico la existencia de signos de derrame pleural bilateral

Hospital Juan Ramón Jiménez.
Hospital Juan Ramón Jiménez.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que abonar una indemnización algo superior a los 300.000 euros a los padres y al hermano gemelo de un menor de edad que murió tras la deficiente asistencia médica que recibió en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva por parte de un médico en formación al que nadie supervisó.

Un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, adelantado este martes por Efe y en poder de EL MUNDO, certifica la existencia de «responsabilidad patrimonial» del SAS por la deficiente atención médica prestada al menor y fija la indemnización en 301.376,64 euros, algo inferior a la que solicitaba inicialmente la familia (358.629,47 euros).

La muerte del menor se produjo el 25 de marzo 2015. El pequeño ingresó en el Hospital Juan Ramón Jiménez con un «derrame pleural» que «hubiera obligado a la consulta con Pediatría y al ingreso hospitalario». Sin embargo, se le dio el alta porque hubo un «error de diagnóstico», al «no valorarse el derrame pleural» que podía apreciarse en la radiografía, según precisa el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

El problema radica en que la radiografía en la que se apreciaba la dolencia del menor la analizó «un facultativo que era residente de primer año» en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Pero ello «no viene a suponer sin más la existencia de negligencia profesional con relevancia penal, pues precisamente esa falta de experiencia de los médicos que se encuentran en periodo formativo lleva a instaurar protocolos de supervisión, que parece ser no funcionaron correctamente en este caso», recoge el dictamen.

«No puede hacerse responsable, al menos en una causa penal, al facultativo residente de primer año sino, precisamente, al sistema organizativo que le permite realizar ciertas actuaciones sin supervisión o sin que funcionen los debidos controles», detalla el Consejo Consultivo, que recuerda que este caso se denunció en los tribunales, en la vía penal, pero finalmente fue archivado.

Así, se incoaron diligencias penales ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, pero finalmente las archivó en 2019. La Audiencia Provincial de Huelva confirmó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa decretado por el juez.

Pero aunque se le diera carpetazo en el vía penal, todos los informes que se aportaron en el juzgado han sido analizados por el Consejo Consultivo. El de la médico forense contradice el emitido por el Hospital Juan Ramón Jiménez. «Resulta de particular interés» el informe de la forense cuando dice: «A tenor de lo reseñado en el historial clínico, y tras la visualización de las imágenes aportadas en las radiografías practicadas en el Servicio de Urgencias, el día 15 de mayo, se visualiza un derrame pleural en hemitórax derecho». Es decir -expone el Consejo Consultivo- «no es que, como decía el Servicio implicado», una vez conocida la evolución del cuadro del paciente se pueda llegar al diagnóstico de la existencia de derrame pleural sino que las radiografías eran «claras» desde el momento en que fueron tomadas y lo que ocurrió es que «falló» la interpretación de las mismas, lo que evidencia la «existencia de una clara negligencia médica».

Precisamente, la «deficiente» interpretación de la prueba radiológica fue la que motivó el alta domiciliaria del paciente menor de edad, decisión que fue igualmente «errónea» ya que, como se dice en el informe médico forense, «la existencia de derrame pleural es uno de los criterios de gravedad» de la NAC (Neumonía Adquirida en la Comunidad).

La Audiencia de Huelva ratificó el archivo de la causa acordado por el juez instructor, pero a la vez señaló la existencia de un «error de diagnóstico, al no haber valorado el facultativo la existencia de derrame pleural que, incipiente, pudo ya comprobarse en la radiografía realizada el día 15 de febrero y que hubiera obligado a la consulta con Pediatría y al ingreso hospitalario».

Mientras, la Consejería de Salud y Consumo, que dirige Catalina García, mostró este martes su «colaboración total» con la Justicia, asumió la decisión del Consejo Consultivo y lamentó «profundamente» lo ocurrido.