El nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar se enfrenta a su primer gran desafío: la prórroga del "escudo social" para combatir los efectos de la inflación y la crisis agravada por la guerra de Ucrania. Una decisión importante, no sólo porque va a medir el grado de convivencia y erosión del nuevo gabinete -ya sin Podemos-, sino también porque será la carta de presentación del "gobierno progresista". A menos de 24 horas para que el real decreto sea aprobado por el Consejo de Ministros, los negociadores de ambos partidos están chocando en los términos de la extensión de la gratuidad del transporte público y en la letra pequeña de los impuestos especiales a la banca y las energéticas.
En su discurso de investidura, Pedro Sánchez ya anticipó que el Gobierno, en el nuevo paquete de medidas anticrisis que debe aprobar antes del 31 de diciembre, iba a prorrogar la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas. La extensión y alcance es lo que debaten PSOE y Sumar. El presidente del Gobierno también adelantó en su intervención en el Congreso la extensión de la rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 4% a todos los alimentos de primera necesidad (la leche, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, el pan, los tubérculos o los cereales), así como la bajada del 10% al 5% el IVA para el aceite y la pasta
Son horas de negociación, debate y también tensión, donde el liderazgo corresponde a las cuatro vicepresidencias (Economía, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda), pero que implica a prácticamente todos los departamentos del Ejecutivo. Pero ya hay cosas claras. El Gobierno va a prorrogar la prohibición de los desahucios de personas vulnerables que no tengan alternativa habitacional hasta el 2025. Una medida anunciada oficialmente por Bildu este martes, pero que desde Vivienda ya anticiparon hace unos días a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante una reunión con la cúpula del ministerio.
Bildu, que se ha convertido en un socio clave para Pedro Sánchez, presume no sólo de lograr la prohibición de los desahucios, sino de que en el decreto se incluirán otras dos medidas pactadas con ellos: la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.
Medidas acordadas, pero también muchas cuyo alcance está ahora en debate y negociación. Así lo admiten fuentes de Sumar, que subrayan que la extensión de la gratuidad del transporte y los impuestos especiales a la banca y las energéticas están provocando todavía un "debate" en el seno del Gobierno. La coalición que lidera Yolanda Díaz rechaza que pueda hacerse recorte alguno en ambos temas y aboga por una prórroga en los términos actuales. Sin embargo, desde el PSOE se quieren tocar algunos puntos sobre su alcance.
Las negociaciones entre los equipos de los ministerios de Hacienda y Trabajo "siguen siendo intensas" en estos capítulos para llegar a un acuerdo, informan fuentes de Sumar. El tiempo se está echando encima, pues está previsto que el real decreto sea aprobado mañana miércoles. Y es que las medidas anticrisis actuales están vigentes hasta el 31 de diciembre, por lo que tiene que alcanzarse un acuerdo en las próximas horas para que puedan continuar aplicándose. De hecho, las fuentes consultadas detallan que el diálogo entre los departamentos que lideran María Jesús Montero y Yolanda Díaz se prolongará "a lo largo del día" de hoy.
En materia de Vivienda también seguirá vigente el tope del 3% a la subida de los contratos de alquiler, al ser algo contenido en la Ley de Vivienda.
Fuentes de Sumar detallan que el "grueso de las medidas vigentes" serán "previsiblemente prorrogadas", como "las referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al Bono Social Eléctrico o la suspensión de los desahucios". Sin embargo, la negociación anda enquistada en la gratuidad del transporte público o los impuestos a la banca y las energéticas.
En relación a esos impuestos, son tasas que están blindadas por ley hasta 2024. Con una revisión en el último trimestre de ese año. Por esa razón, para eliminarlos del todo el PSOE necesitaría articular una mayoría parlamentaria para cambiar la norma. Eso no quita que desde el sector socialista del Gobierno se proponga hacer un retoque aprovechando el real decreto ley.
CONFLICTO POR LA CITACIÓN DE JUECES
Por otra parte, hoy ha quedado patente otra importante discrepancia en el seno del Gobierno. En esta ocasión a propósito del llamamiento de jueces para declarar en las comisiones sobre lawfare que se han abierto en el Congreso.
La portavoz de Sumar, Marta Lois, no comparte la posición del PSOE y ha defendido que el hecho de que los jueces puedan acudir a las comisiones de investigación por supuestos casos de 'lawfare' es un signo de "normalidad democrática" y preserva la separación de poderes entre el Legislativo y el Judicial. En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que mediante estos órganos parlamentarios "los diputados no van allí a juzgar" a los magistrados, sino que lo que quieren es "valorar políticamente" toda la información que sea pertinente.
"Yo creo que aquí hay un desenfoque. Entender que los jueces no pueden acudir a esas comisiones sería como no estar estableciendo principios básicos de la democracia que son escuchar y valorar, que no juzgar. Son aspectos diferentes", ha argumentado Lois.
De esta forma, la portavoz de Sumar difiere de la postura expresada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha reiterado estos días que los magistrados no pueden acudir a las citadas comisiones, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instó a las Cortes Generales a no citar a jueces.