La mayoría del Consejo General del Poder Judicial ha considerado que Álvaro García Ortiz no es idóneo para ejercer como fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo sentenciara que incurrió en «desviación de poder» cuando ascendió a su predecesora en el cargo, la ex ministra y ex fiscal general, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la Carrera Fiscal.
Ocho vocales del Pleno han votado a favor de esta tesis, siete en contra y el consejero Enrique Lucas se ha abstenido ya que su hermano, el magistrado Pablo Lucas, presidió la Sala que anuló el nombramiento de Delgado.
En definitiva, el órgano de gobierno de los jueces no da su plácet a García Ortiz. No obstante, este informe es preceptivo pero no vinculante por lo que el Gobierno puede llevar a cabo el nombramiento de su candidato a fiscal general del Estado.
La mayoría del Poder Judicial entiende que el fiscal es inidóneo para ser la cabeza visible del Ministerio Público tanto por el varapalo del Supremo -el Alto Tribunal constató que comentió una "desviación de poder" en el ejercicio de su caro, su sesgada política de nombramientos favoreciendo a la que fuera su asociación la Unión Progresista de Fiscales, su afinidad con el PSOE o su polémica negativa a condenar el término 'lawfare'.
Dos bloques
Según informan fuentes jurídicas han votado a favor de considerar inidóneo al fiscal general los vocales Nuria Díaz Abad, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, José Antonio Ballesteros Carmen Llombart y María Ángeles Carmona, todos miembros del sector conservador del Consejo.
A favor de dar el plácet a García Ortiz votaron los vocales del sector progresista Roser Barch, Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y los conservadores Juan Martínez Moya y el presidente Vicente Guilarte. La abstención del vocal Enrique Lucas fue apoyada por la unanimidad del Pleno.
Su vinculación con Delgado
El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, «oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión».
Cuando Álvaro García Ortiz fue designado fiscal general del Estado por primera vez, en el verano de 2022, siete vocales del CGPJ emitieron un duro voto particular donde señalaron que «el candidato propuesto no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica». En el voto particular formulado recalcaron, además, su vinculación con Delgado, a la que también consideraron inidónea.