El fiscal general estudia mantener a Delgado en Memoria Democrática tras el fallo del TS

La dura sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el nombramiento que supuso el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal deja una incógnita que le permitirá seguir, al menos de momento, en su actual responsabilidad, al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Fuentes fiscales consultadas por El Confidencial confirman que su sucesor al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, maneja mantenerla en esa segunda responsabilidad al entender, al menos en una primera lectura de la resolución, que la decisión adoptada por el alto tribunal se reduce a un primer nombramiento que después quedó anulado por el segundo en el que se le otorgó su actual plaza.

La cuestión no está exenta de complejidad y debe ser aún estudiada. Existen, al respecto, tesis contrapuestas. La sucesión de hechos es la siguiente. En septiembre de 2022, recién llegado a sus actuales responsabilidades, García Ortiz, que hasta poco antes trabajaba como número dos de Delgado, nombró a la que había sido su jefa fiscal de la Sala de lo Militar del TS. La hasta entonces fiscal general no tenía hasta ese momento esa categoría. La mayoría del Consejo Fiscal se opuso a su nombramiento, pero el fiscal general no tuvo en cuenta su criterio y siguió adelante con el ascenso. Uno de los candidatos rechazados, que defiende contar con un mayor bagaje en materia jurídico-militar, recurrió.

Pasados unos meses, se produjo el segundo nombramiento. Siendo ya fiscal de Sala, Delgado optó a un puesto que siempre le había atraído: la especialidad de Memoria Democrática recién creada por el Ejecutivo en su ley. Para lograrlo, se requería ya la primera categoría. De nuevo con oposición, en este caso abrumadora, hasta el punto de que la mayoría de los consejeros se negó a informar sobre el puesto, García Ortiz la escogió y blindó su nombramiento. Ambas designaciones fueron recurridas al Supremo.

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Ahora el TS ha fallado sobre la primera decisión, pero no se ha pronunciado aún respecto a la segunda. Ha anulado ese primer ascenso al apreciar "desviación de poder", dado que el fiscal general usó sus potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Aseguran que García Ortiz realizó esa promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal tratando de llenar lo que es una carencia de la legislación en vigor, que no prevé que un fiscal general ascienda automáticamente tras su marcha. Esa forma de proceder se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito.

Cosas distintas

La sentencia acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general del Estado, a fin de que se realice otra nueva. Fuentes del Supremo consideran que al estar viciado el primer nombramiento, aquel que le dio la categoría, este segundo también queda afectado y en suspenso. No obstante, la resolución no lo expresa así de forma concreta y ha dado pie a que la Fiscalía General pueda interpretar que, como el actual puesto también es de fiscal de Sala, no le afecta la anulación del primero y puede seguir mientras no se falle sobre este segundo nombramiento. Son cosas distintas, consideran.

Su acceso a la plaza actual está también recurrido y pendiente de resolución. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez la impugnaron el pasado junio. A su juicio, el nombramiento no fue válido en este caso porque el fiscal general no dio opción a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos. Y, como consecuencia de ello, la mayoría del Consejo Fiscal se abstuvo de participar en la deliberación y votación de la plaza, por lo que —aducen— el órgano consultivo no emitió informe válido.