Durante su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo le espetó al entonces candidato y ahora ya presidente del nuevo Gobierno de coalición: “No me busque”. Si una nueva legislatura podía abrir la puerta a la reconstrucción de los puentes entre el PSOE y el PP, toda expectativa de mejora de las relaciones institucionales entre ambas formaciones se borró en ese instante. El presidente popular no tiene intención de alcanzar ningún acuerdo “con este PSOE”. 

Y entre todos los pactos posibles, el más enrocado es el que mandata la Constitución para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años y once meses caducado. En Génova ni siquiera quieren oír hablar ya del desbloqueo del CGPJ. 

Además del “no” generalizado para los próximos cuatro años de Feijóo —la gran esperanza del PP es que sean menos—, el nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justicia les sirve a los populares otro argumento para atrincherarse en su posición. Los populares han recibido la elección de Bolaños como un ataque a la independencia judicial, dicen, al acumular ahora las competencias de Justicia y de Presidencia y Relaciones con las Cortes. "Así no se puede pactar nada", repiten con insistencia. 

Pero lo cierto es que Bolaños es también quien mejor conocer el estado de las negociaciones para la renovación del CGPJ porque fue el interlocutor del PSOE hace un año, cuando el PP se sentó a negociar el desbloqueo del Consejo en una enmienda a la totalidad a la estrategia de Pablo Casado que duró un par de meses. Cuando el acuerdo estaba prácticamente hecho, el PP voló los puentes por las intenciones del Gobierno de eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación. Bolaños negoció entonces con Esteban González Pons, al frente ahora de la ofensiva contra la amnistía en Europa. 

Las asociaciones judiciales no han tardado en reaccionar al nombramiento de Bolaños recordando que la renovación del CGPJ es “prioritaria”, según informó este lunes la agencia EFE. Pero toda opción de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces a través de un acuerdo con el PP está descartada en Génova. 

Así, el nuevo Ejecutivo buscará otra vía para hacerlo. Anticipándose al no del PP, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para esta nueva legislatura contempla la renovación del CGPJ, aunque de forma ambigua: “Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas”, firmaron Sánchez y Díaz. 

PSOE y Sumar no cuentan con una propuesta común para sortear el bloqueo sostenido del PP y hasta ahora solo ha trascendido la de la formación liderada por Yolanda Díaz, que adelantó Público. La formación plurinacional apuesta por reformar la LOPJ (Ley Órganica del Poder Judicial) para que pasado el mandato de cinco años el Parlamento contase con unos meses para proceder a la renovación. Si las Cámaras no alcanzaran un consenso, los vocales salientes quedarían automáticamente destituidos. La propuesta se aplicaría con carácter retroactivo, con lo que una vez aprobada y en vigor los actuales consejeros tendrían que cesar en sus cargos. Esto evitaría situaciones de interinidad como la actual, que va camino de alargarse durante cinco años. Los socialistas no se han pronunciado al respecto, aunque sí muestran su intención de abordar el desbloqueo del CGPJ más pronto que tarde.

En 2020 PSOE y Podemos ya presentaron en el Congreso una proposición de ley para reformar LOPJ y rebajar la mayoría de tres quintos (210 votos) necesaria ahora para renovar el Consejo a la mayoría absoluta (176).  Acabaron retirándola por la campaña que inició el PP en Europa.