Las promesas económicas que desgranó el recién reelegido presidente, Pedro Sánchez, durante su sesión de investidura correrán principalmente a cuenta de los contribuyentes más ricos. El líder socialista se ha comprometido, entre otras medidas, a perdonar parte de la deuda autonómica, que el transporte público sea gratis en toda España en 2024 o a prorrogar la rebaja del IVA alimentario. Una serie de medidas que elevarán el gasto o reducirán los ingresos del Estado en un año en el que desde Bruselas volverán a mirar las cuentas públicas españolas con lupa.
Aunque todavía falta por conocer la letra pequeña de la agenda social del Gobierno, el margen para tirar de chequera sin que la UE tome cartas en el asunto es limitado. España se ha comprometido a reducir el déficit al 3% del PIB el año que viene y la Airef como la Comisión Europea ya han advertido de que para lograrlo habrá que retirar el paquete de apoyo energético por completo. Aun así, en Bruselas creen que haría falta incluso un pequeño ajuste adicional.
La única alternativa para poder adoptar nuevas medidas pasa, entonces, por recortar gasto o elevar los ingresos y el Gobierno parece inclinarse por esta segunda vía. "Los ricos, lo siento, tienen que pagar más impuestos de lo que pagan hasta ahora. Mientras nosotros gobernemos van a pagar más que el resto", zanjó Sánchez después de anunciar sus propuestas económicas.
Pero ¿cómo? Sánchez se limitó a decir que combatirá la economía sumergida, ensanchará las bases fiscales, incrementará la progresividad del IRPF y aplicar un mínimo del 15% en el impuesto en sociedades sobre el resultado contable. Medidas que aparecen recogidas ya en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Aumentar la progresividad del IRPF pasará previsiblemente por un aumento en los tipos que pagan las rentas más altas. El año pasado, el Gobierno ya elevó los tipos a las rentas del capital por encima de los 200.000 euros. No obstante, con esa subida fiscal la expectativa era recaudar apenas 200 millones de euros más. El tipo máximo que se aplica a estas ganancias llega solo al 28%, frente al 47% que se aplica a las rentas del trabajo que superan los 300.000 euros.
PSOE y Sumar ya han avanzado también que pretenden mantener los impuestos a la banca y energéticas más allá de su periodo de vigencia, que concluye en 2024. Estos dos impuestos han recaudado este año 2.900 millones, pero ya se daba por descontado que seguirían en 2024 así que el impacto fiscal de hacerlos permanentes se percibiría en 2025. Además, no hay que olvidar que los dos tributos están recurridos en el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.
En lo que respecta a aplicar el 15% en Sociedades a las grandes empresas sobre el resultado contable y no sobre la base imponible, tampoco está claro qué efectos podría tener sobre la recaudación. El secretario de Hacienda en funciones, Jesús Gascón, reconoció recientemente que es muy difícil hacer números dado que esa base contable se pacta a nivel internacional y los resultados dependen de lo que acuerden los diferentes países.
¿Será suficiente?
Aunque faltan todavía muchos detalles, los compromisos adquiridos por Sánchez hasta ahora tendrán un coste limitado. De las más de 14 medidas anunciadas el miércoles, las que tendrán a priori un impacto más claro son la gratuidad del transporte público para jóvenes, menores y parados y la extensión de la rebaja del IVA alimentario hasta junio de 2024.
El impacto de ampliar el alivio fiscal alimentario podría rondar los 1.100 millones de euros si tomamos como referencia el coste esperado por la Airef para 2023. El resultado de la gratuidad de todo el transporte público es más difícil de estimar. El Gobierno ya contaba en sus cálculos para cuadrar las cuentas con que el transporte público de titularidad estatal será gratis en 2024 y con otro paquete de subvenciones para rebajar los precios del transporte público autonómico y local. En conjunto, estas dos medidas suponían alrededor de 1.440 millones. A ellos, habría que ampliar el coste de la gratuidad a los colectivos señalados, que sin más detalles es complicado aproximar.
La condonación de parte de la deuda a las comunidades autónomas no tendrá efectos inmediatos sobre el déficit de España porque los movimientos financieros se producen dentro del sector público. Las reglas fiscales miden el déficit de todas las administraciones y no solo la del Estado, por lo que traspasar parte de la carga a la administración central no debería impactar al desequilibrio en las cuentas.
Sin embargo, puede tener efectos indirectos si la calidad crediticia de España se ve perjudicada por la decisión. Varias agencias de calificación crediticia han advertido del "riesgo moral" que supone el precedente de perdonar deuda autonómica.
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