Es el mayor logro que ha firmado el PNV en su acuerdo con Pedro Sánchez. Ha pasado casi desapercibido bajo la sombra de los pactos con Junts, la presentación de la ley de amnistía o el compromiso para ceder la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi. Pero en las diez páginas que firmó Sánchez junto al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, -a cambio de sus cinco votos para investirle, -se incluye el compromiso para negociar y aprobar “con urgencia” y “de buena fe” un nuevo estatuto para Euskadi.

Es la mayor aspiración con la que Urkullu accedió a la lehendakaritza en 2012. En su programa electoral incluso fijaba para 2015 un referéndum en el País Vasco donde se culminara la aprobación de ese nuevo marco que actualiza el encaje de Euskadi en el Estado y que lo hiciera en un marco confederal y de relación ‘de igual a igual’ con el Gobierno de España. En esta década larga transcurrida el camino se ha recorrido de modo mucho más lento y complicado de lo que aspiraba Urkullu. En 2023 el PNV tan sólo tiene un borrador de articulado de ese nuevo estatuto vasco que aspira ahora a aprobar y que lleva cuatro años en un cajón.

La debilidad de Sánchez y su necesidad de sumar aliados a cualquier precio ha vuelto a abrir la ventana de la oportunidad para resucitarlo. Es la principal novedad de los pactado. El cumplimiento del Estatuto de 1979 ya se acordó la pasada legislatura pero la aprobación del nuevo que debe superarlo es una contraprestación relevante del compromiso ahora firmado.

El documento técnico del que se partirá ya fue acordado con el PSE en 2019, con algunas discrepancias parciales de PSE y Elkarrekin Podemos. Cuenta con 145 artículos, 4 disposiciones adicionales y 4 disposiciones transitorias. No es el único texto. PP y EH Bildu presentaron su propia propuesta pero en ambos casos con un menor respaldo de la Cámara y sin posibilidad de prosperar. En todos los casos fueron el resultado de las bases acordadas en una ponencia parlamentaria a partir de la cual los expertos de los partidos debían proponer un texto articulado, para en una segunda fase, aprobar una propuesta definitiva en el Parlamento Vasco con la que actualizar el Estatuto de Gernika de 1979.

"Reconocimiento nacional" de Euskadi

Ahora el acuerdo con el PNV para apoyar la investidura y legislatura de Pedro Sánchez incluye un compromiso explícito del PSOE para abrir un proceso de negociación del “autogobierno futuro”. Incluso contempla el procedimiento; primero facilitando su aprobación en la Cámara vasca y después en el Congreso de los Diputados, para su validación posterior –en referéndum- del pueblo vasco. Ambas partes detallan que ese autogobierno que se negocie deberá incluir el “reconocimiento nacional de Euskadi”, además de salvaguardar sus competencias, blindarse con un sistema bilateral de garantías en la relación entre Euskadi y España y hacerlo siempre bajo la salvaguarda de la foralidad vasca.

Incluso se señala un “plazo orientativo” para culminar el proceso: año y medio a partir del inicio de la próxima legislatura autonómica vasca, lo que situaría el final del proceso de entrada en vigor del nuevo estatuto vasco aproximadamente para finales de 2025. No será sencillo. El borrador del PNV deberá competir con el que presentó EH Bildu. Los nacionalistas de Ortuzar siempre han defendió la necesidad de buscar la máxima transversalidad en la aprobación del Estatuto del futuro y la inclusión de EH Bildu, que propone un articulado mucho más rupturista con el Estado.

El llamado ‘nuevo estatus’ redactado por el hoy diputado en Cortes del PNV, Mikel Legarda, incluye el reconocimiento del derecho a decidir. Lo hace con el rechazo del PSE. En su disposición adicional primera señala que el “pueblo vasco” no renuncia al derecho que “en virtud de su historia” le correspondería para actualizar su propio estatuto. En la adicional segunda detalla cómo se debería “actualizar” ese marco, mediante “la plena realización de los derechos históricos” que se “exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado. Se añade que el ejercicio del derecho a decidir se llevaría a cabo “pactado con el Estado”.

En el largo proceso de elaboración del borrador, el PNV ha llegado a plantear, en las bases que en su momento pactó con EH Bildu, que en la futura Euskadi el Estatuto discrimine entre “ciudadanos” y “nacionales”. En el documento presentado por Legarda finalmente no se incorpora esa clasificación pero sí se refleja en su artículo 7 que el futuro Estatuto vasco reconozca “la nacionalidad vasca” a los ciudadanos del País Vasco: “Sin que ello pueda afectar la igualdad del individuo y los grupos en que se integra, ni suponer factor de discriminación alguna”.

Relación "de igual a igual" con España

También la definición y conformación de la Euskadi del futuro se deja abierta a cambios. Así, en el artículo 2 de la propuesta del PNV se apunta a que Navarra, apelando a la disposición adicional primera de la Constitución, tendrá derecho a formar parte del País Vasco. Este artículo asegura que inicialmente el ‘estado confederal’ vasco estaría conformado por los actuales tres territorios históricos –Álava, Guipúzcoa y Vizcaya- y al que se sumaría Navarra “en el supuesto de que este último decida su incorporación de acuerdo al procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución y en el Estatuto”.

Hasta que ese paso se pudiera completar, el nuevo estatuto vasco que proponen el PNV, PSE y Podemos plantea la posibilidad de que se puedan constituir órganos comunes entre el País Vasco y Navarra que estarían presididos por el lehendakari y la presidencia de Navarra. Una relación que se desea que funcione a modo de instituciones confederadas.

En cuanto a la denominación que tendrá la hoy Comunidad Autónoma del País Vasco, el citado borrador del nuevo estatus contempla que la denominación quedará abierta a un acuerdo futuro. El PSE aboga por mantener la actual consideración de comunidad autónoma.

El modelo de relación con España que defiende el PNV es el confederal. Una fórmula que permite un tratamiento “de igual a igual” entre el Gobierno de España y el Ejecutivo vasco y que se basaría sobre una fórmula –que el PSE tampoco lo respalda- que equipara al concierto económico por el que se regula la relación tributaria Euskadi-España, con mecanismos de garantía de cumplimiento por ambas partes. En este caso, el ‘concierto político’ vasco aseguraría la capacidad de cumplir y hacer cumplir los acuerdos que se alcanzaran con el Gobierno español.

Sin las bases pactadas con Bildu

Entre otros aspectos, el PNV también quiere que las normas forales aprobadas por las cámaras territoriales en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava tengan fuerza de ley, algo que el PSE no respalda. También se prevén aspectos como reforzar la Justicia vasca o asegurar la gratuidad del aprendizaje del euskera.

El último documento de articulado presentado es, pese a todo, menos ambicioso en clave soberanista que el que proponía EH Bildu. Tanto el PNV como la coalición de la izquierda abertzale acordaron en 2018 un documento de bases sobre el que se debería elaborar el próximo estatuto vasco. Un texto que Bildu dio por incumplido con la presentación por parte del PNV de la propuesta redactada por Legarda.

Otegi le reprochó haber hecho “saltar por los aires” las bases que ambos pactaron. En ellas se establecía que el futuro nuevo Estatuto, el único junto al de Galicia que no se ha renovado en nuestro país, debía escribirse en clave soberanista. Bases que la izquierda abertzale cree “mutiladas” por parte del PNV para acercarse a PSE y Podemos. En ellos se planteaba incluir el derecho a decidir, la clasificación de la sociedad vasca entre “ciudadanos” y “nacionales”, la consideración de Euskadi como “sujeto político institucional” o la definición del País Vasco con alguna de las cinco formulaciones propuestas: ‘Comunidad Estatal vasca’, ‘Comunidad de carácter nacional’, ‘Comunidad foral vasca’, ‘Comunidad nacional vasca’ o ‘Estado autonómico vasco’.