La Comisión Europea ha recibido este martes la información de la proposición de ley de amnistía registrada este martes por el PSOE en el Congreso de los diputados. Así lo ha confirmado este anochecer el portavoz de Ursula von der Leyen, Eric Mamer, quien ha afirmado en una publicación a X que están estudiando la ley. "La Comisión ha recibido hoy el proyecto de ley de las autoridades españolas y acaba de iniciar su análisis", ha escrito. Por otro lado, también ha respondido a una información publicada esta tarde por Europa Press donde se afirmaba que la Comisión Europea descartaba actuar, a priori, ante la ley de amnistía porque no había ningún motivo para hacerlo.

Según ha informado Europa Press este martes, la Comisión Europea habría descartado actuar contra la amnistía. Desde Bruselas no aprecian ninguna interferencia de la proposición de ley de amnistía en los principios y normas comunitarios, ya que no afecta a los intereses financieros de la UE y excluye los casos de 'lawfare', y la Comisión Europea entiende que se trata de un asunto estatal cuya evaluación corresponderá a las autoridades españolas competentes. Fuentes comunitarias indican que las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario con respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el estado de derecho, concretamente en el principio de separación de poderes, por la posibilidad de que abarcara los denominados casos de 'lawfare' o 'guerra judicial'. Pero explican que, tras este primer vistazo al texto registrado el lunes en el Congreso de los Diputados por el PSOE, estas dos preocupaciones se han disipado, ya que ambas cuestiones quedan fuera de la proposición de ley. En cualquier caso, matizan, el texto está siendo analizado ahora en profundidad por parte de los servicios jurídicos antes de ofrecer una opinión formal. Así, el artículo 2 del texto detalla los supuestos que se excluyen de la futura amnistía, entre los cuales "los delitos que afectasen a los intereses financieros de la Unión Europea".

En cuanto al 'lawfare', aunque no lo menciona expresamente, el texto del pacto entre PSOE y Junts se ciñe a los actos amnistiados "vinculados directa o indirectamente al denominado procés independentista", señalando delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, y deja otros fuera, como el blanqueo de capitales, la organización criminal o la asociación ilícita, la falsedad documental o los delitos contra la Hacienda Pública. De haber existido alguna referencia al 'lawfare' en la proposición de ley, la Comisión Europea sí que habría tenido que actuar. Pero al recogerse únicamente en un acuerdo entre partidos políticos, el acuerdo firmado el jueves pasado por el PSOE y Junts queda fuera del alcance de Bruselas.

En este sentido, apuntan a que el Ejecutivo comunitario no puede convertirse en un "actor político" en los estados miembros. Si este acuerdo político que recoge el 'lawfare' tuviera un desarrollo legislativo, entraríamos en un escenario en el que la Comisión Europea sí podría intervenir. Con todo, para Bruselas la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto de ámbito nacional cuyo control corresponderá a las autoridades competentes, empezando por el Congreso de los diputados, que debe tramitarla y aprobarla, y acabando por el Tribunal Constitucional (TC), que tendrá la última palabra sobre su legalidad y su cabida dentro de los límites de la Constitución.