El sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha cargado contra el pacto de investidura entre el PSOE y el PNV por el que se acuerda la transferencia en un periodo de dos años de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, ya que considera que esa medida "rompe la solidaridad y la igualdad de los españoles".
"Que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional, abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social", han alertado en un comunicado este viernes, tras conocerse el acuerdo con la formación vasca para investir a Pedro Sánchez.
Los inspectores explican que el artículo 149.1.17 de la Constitución otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, algo que ha ratificado también el Tribunal Constitucional en varias sentencias en las que ha dictaminado que el Estado mantiene las competencias ejecutivas para garantizar la "unidad del sistema y su funcionamiento económico uniforme".
"La finalidad de incluir al régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado ha sido la de preservar la unidad del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, único y unitario de Seguridad Social para todos los españoles, que garantice al tiempo la igualdad de todos los derechos y deberes en materia de Seguridad Social", explican, de forma que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, adoptados bajo los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera.
Consideran, por tanto, que transferir la competencia de la gestión económica del sistema a una autonomía, pese a que no está muy claro en que consistiría eso, vulneraría esos preceptos constitucionales e iría en contra de lo que ha estipulado el alto Tribunal.
Advierten, además, que incluso si la competencia transferida afecta sólo a la tramitación en ventanilla, también sería un riesgo: "Lo mismo ocurriría con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, sistema de liquidación de las cuotas, recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus objetivos y criterios que necesariamente deberían quedar inmersos en el conjunto de los del Estado, el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación del plan nacional de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social con todos sus instrumentos, la representación y defensa ante los tribunales garantizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial bajo una única dirección nacional o el control de la potestad sancionadora, pues su cesión no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial", denuncian.
En la misma línea se ha manifestado la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, que ha defendido que, en relación a la gestión económica de la Seguridad Social, "su mantenimiento en los términos constitucionalmente previstos constituye un elemento esencial para la convivencia. Cualquier cesión o transferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social".
Qué es la 'caja única' de la Seguridad Social
La Tesorería General de la Seguridad Social es la que actúa como 'caja única' del sistema, siendo el organismo encargado de recaudar todas las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas y de tramitar y abonar las prestaciones de los pensionistas. Esto garantiza, entre otras cosas, que todos los beneficiarios reciben las mismas cuantías independientemente de la comunidad en la que residan, siempre acorde a los derechos adquiridos y no a lo alta que sea la recaudación por cotizaciones en un territorio frente a otro.
Hay comunidades deficitarias -en las que lo que se abona en prestaciones supera lo que se recauda por cotizaciones- y otras con superávit, pero al actuar como una única caja esto no afecta a los beneficiarios.
El País Vasco está en el primer grupo, ya que mientras el gasto total en esa región asciende en los primeros nueve meses del año a 9.023,9 millones de euros, según el último informe presupuestario del sistema actualizado a cierre de septiembre, de los que 8.980,7 son transferencias corrientes (pensiones); lo que se ingresa en ese territorio asciende a 4.618,8 millones de euros, de los cuales 4.590,7 millones son en concepto de cotizaciones. La región tiene un déficit en el sistema de unos 4.400 millones de euros, por lo que no le beneficiaría romper esa 'caja única' y tener que asumir el pago de sus prestaciones con lo que ingresa por cotizaciones.
No está muy claro en qué consiste transferir la gestión económica de la Seguridad Social, ni qué competencias concretas adquiriría el País Vasco. En principio, no tendría por qué implicar que la "caja única" se vulnere, pero los inspectores señalan que "podría verse alterada" en el futuro.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que "el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social es un asunto recogido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (y en otros nueve) y está acordado y pendiente desde 2020. No rompería la caja única en ningún caso, que está garantizada constitucionalmente. La gestión tiene que ver con la eficiencia con la que se tramitan las prestaciones, que siguen siendo reguladas a nivel estatal y dependiendo de la caja común". Sin embargo, no especifican en qué consistiría esa gestión que ahora realizara el gobierno vasco y que tendrá que desarrollarse.
El papel del Pacto de Toledo
En lo que respecta a la labor de la Inspección, su sindicato más representativo considera "fundamental" que la gestión económica de la Seguridad Social siga siendo competencia exclusiva del Estado, además de que señalan que cualquier cambio en materia de Seguridad Social y pensiones debería pasar por el Pacto de Toledo.
"La igualdad de todos los españoles y la propia 'caja única pueden verse afectada como consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco y no con el resto de grupos políticos que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, la cual, creada en 1995, vela y debe seguir velando por la defensa de un sistema de Seguridad Social Solidario, que garantice la sostenibilidad del sistema", señalan, al tiempo que presumen de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones "sin injerencia política alguna".
En la misma línea se han mostrado los sindicatos, UGT y CCOO, que en un comunicado conjunto han pedido que "en relación con las referencias directas (situación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la fracción de cuota por contingencias comunes) o indirectas que se incluyen en materia de Seguridad Social, UGT y CCOO manifiestan la singular importancia de estas cuestiones y que cualquier actuación en esta materia debe ser abordada en el marco del Pacto de Toledo y la concertación social, en lugar de en espacios bilaterales entre el Estado y una o más de una comunidad autónoma".
Convenios colectivos vascos, preferentes
El acuerdo entre PSOE y PNV incluye también el trato preferente a los convenios colectivos vascos sobre los estatales, algo que tampoco ha gustado a los sindicatos.
"La estructura de la negociación colectiva es una materia que afecta de forma clara a la autonomía de las partes negociadoras, y por tanto las modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores, debieran abordarse en el marco del diálogo social. UGT y CCOO defienden la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo, que deben articularse en función de cada realidad sectorial. En este sentido los marcos autonómicos son compatibles con los estatales, pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo. CCOO y UGT emplazarán al próximo gobierno a definir esta modificación legal en las mesas de negociación, puesto que es una materia que no se abordó en el perímetro de la reforma laboral", reivindican.