El mito de los okupas es un negocio rentable: quién logra que se hable de ellos y no de los verdaderos problemas de la vivienda en España

La ocupación ilegal de viviendas está bajo mínimos históricos, pero crecen las contrataciones de seguros de hogar contra estas prácticas, cuando el problema son los precios del alquiler o el acceso a la compra de propiedades

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Desahucio en Fuenlabrada, Comunidad de Madrid. (HELENA MARGARIT)
Desahucio en Fuenlabrada, Comunidad de Madrid. (HELENA MARGARIT)

España sufre una ruptura entre la ficción y la realidad. Un fenómeno prácticamente insignificante se lleva todo el protagonismo cuando se debate sobre la vivienda: la okupación está bajo mínimos, según datos oficiales hay más probabilidades de ser desahuciado que de sufrir una ocupación ilegal; sin embargo, las aseguradoras ven nutrir su negocio, con los seguros de hogar por okupación al alza, a pesar de ser más caros que los tradicionales.

Poco a poco el acceso a la vivienda o los caros precios de alquiler y de compra empiezan a ser una de las principales preocupaciones entre la gente joven, pero nadie organiza manifestaciones violentas por no poder pagar una casa, movilizaciones que sí se hacen por una ley de amnistía o por defender posturas nacionalistas. El debate político, ni de lejos, gira en torno al derecho fundamental a un techo digno. ¿Quién ha logrado imponer un discurso de okupación por encima de problemas reales?

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Las empresas de seguros consultadas reconocen un aumento de preocupación ciudadana y, con ello, un aumento en la contratación de este tipo de servicios: “Escuchando a nuestros clientes, detectamos que existía una necesidad creciente entre los propietarios de contar con un seguro que les aporte tranquilidad ante el riesgo de la ocupación, y por eso lanzamos el pasado mes de junio una cobertura específica y completa, única en el mercado en España, para los casos de ocupación ilegal, es decir, allanamiento de morada y usurpación de la vivienda. El producto está teniendo una buena acogida entre los clientes y, actualmente, más del 50% de las nuevas pólizas de Hogar de Línea Directa se están suscribiendo con esta cobertura”, aseguran desde Línea Directa Aseguradora a Infobae.

Mientras, el precio de la vivienda en España se dispara y asfixia a más de tres millones de personas por todo el país y se contabilizan al día unos 100 desahucios, fruto de la imposibilidad de afrontar el pago mensual, cada vez más encarecido y alejado de los salarios medios. Pero los matinales de televisión y los anuncios hablan de la okupación como un problema. El Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda estima que “el 71% de los desahucios son de alquiler” y tan solo un 6% están ligados a cuestiones como ocupación ilegal de una vivienda. Sin embargo, la predominancia de estos discursos logran imponer el miedo, que deja tras de sí un negocio muy jugoso.

“La discusión sobre ocupación de vivienda se ha expandido en los últimos años en España a través de diferentes discursos políticos y mediáticos. Esta ha consolidado un relato de miedo que está causando cierta preocupación, pese a ser una situación minoritaria frente a otros problemas de exclusión residencial que afectan a una gran parte de nuestra población”, aseguran.

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El precio de los pisos, el verdadero problema de la vivienda en España

Decenas de personas se concentran en Móstoles para protestar por el desahucio en el bloque La Dignidad. (Helena Margarit Cortadellas)
Decenas de personas se concentran en Móstoles para protestar por el desahucio en el bloque La Dignidad. (Helena Margarit Cortadellas)

El Sindicato de Inquilinos agrupa a muchos vecinos asfixiados por el precio del alquiler y también hacen una deconstrucción de este relato ganador y pone el foco en los planteamientos de la derecha política y social: “Es claramente una estrategia conjunta. Salen beneficiados diferentes lados de una misma propuesta política, el sector más liberal que defiende el libre mercado para el bien de unos pocos. Es una estrategia conjunta entre medios, empresas de seguridad y la patronal inmobiliaria, cada vez más a la derecha”, aseguran desde la organización.

Las derrotas actuales, irónicamente, también son hijas de las victorias. Hace una década, Ada Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lograron imponer un relato contra los bancos y las inmobiliarias en plena crisis del ladrillo. “Se cambió el foco y los hipotecados dejaron de ser los culpables. Ese discurso social sí caló en torno a 2010 y era un gran peligro para el negocio inmobiliario. Ese movimiento llevó a un contraataque y ahora ha habido toda una alineación de interés por parte de la ultraderecha y el neoliberalismo. Hay grupos como desokupa que sabemos que está financiado por organizaciones y partidos de ultraderecha”, explican desde el Sindicato de Inquilinos.

“Necesitamos un discurso en positivo, que aborde el problema en su complejidad y que construya soluciones, y no uno que fomente el miedo. Creemos prioritario poner el foco en aquellas realidades que afectan de forma estructural a la población, como es la subida de los precios de compraventa de vivienda y del alquiler”, piden desde el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda. Una ley de vivienda aprobada, pero que el Partido Popular dejará sin efecto allí donde gobierne, una subida de precios de alquiler de más de un 7% respecto a octubre del año pasado y una compra de pisos cada vez más inflada no ayudan al contexto, en el que tan solo se emancipan de casa el 15,9% de los jóvenes de España.

Que se hable de okupas es, sobre todo, inerte de cara a la búsqueda de soluciones. “Necesitamos que el discurso sobre la vivienda contemple siempre a las personas en situación de vulnerabilidad y ofrezca soluciones para todas ellas. Recordamos que en nuestro país casi el 30% de los hogares queda en pobreza relativa tras pagar la vivienda. Si queremos afrontar el problema de la vivienda necesitamos afrontar las causas, las políticas que sostienen los problemas”, zanjan desde el Observatorio de Vivienda Asequible.

El edificio de La Dignidad, abandonado desde 2006 y ocupado desde 2014 por familias con escasos recursos económicos, fue desalojado sin dar alternativa habitacional realista a sus ocupantes