El juez imputa a Puigdemont y Rovira por Tsunami Democràtic

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado este lunes al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic. La decisión se produce mientras el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con Junts Per Catalunya los últimos flecos de una ley de amnistía que implicaría el archivo de esta causa.

El juez considera que los hechos podrían ser considerados indiciariamente como terrorismo, tal y como avanzó este lunes El Confidencial. También destaca la necesidad de investigar la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto durante el bloqueo de Tsunami al aeropuerto de El Prat de 2019 y los centenares de heridos que dejaron sus protestas. “El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista", sostiene en su resolución.

En el caso de Puigdemont, García-Castellón le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional por tratarse de un miembro del Parlamento Europeo. Si no lo hace, cursará el correspondiente suplicatorio para que se le levante esa especial protección y obligarle a comparecer como investigado. "Se trata de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente (...) que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic", explica el auto.

El magistrado también acuerda citar como testigo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a fin de esclarecer lo acontecido en esas mismas reuniones de Ginebra, así como el mensaje que envió a la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluis Alay, en 2018: "El esfuerzo que podemos hacer en Suiza puede dar resultados a medio plazo. Hablamos”, le decía Otegi en el mismo.

Junto a Puigdemont y Rovira, el magistrado extiende la investigación al propio Alay y otras nueve personas: Xavier Vendrell, exmilitante de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC; Oriol Soler, empresario de la comunicación de la órbita de ERC; Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC desde 2022; Josep Campmajó, empresario de Girona que presuntamente ejercía como lugarteniente de Vendrell; Jesús Rodríguez, empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani, cerebro económico de la estructura de Puigdemont en el extranjero; Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Òmnium Cultural; Nicola Flavio, que presuntamente realizó una aportación económica a Tsunami, y Ruben Wagensberg Ramón, diputado y cuarto secretario del Parlament de Cataluña por ERC.

También cita como testigo a Marta Vilalta, que ejercía como portavoz de ERC en la etapa investiga. "Afirmó, al parecer, que en la cumbre que tuvieron los líderes independentistas en Ginebra, no concretaron una estrategia común, pero que, sin embargo, sí que consiguieron ponerse de acuerdo en el apoyo a Tsunami Democràtic".

"El uso de armas u otros instrumentos"

Además de estas citaciones, el magistrado ordena a los investigadores que identifiquen a "los perjudicados" por Tsunami, entre los que destaca el ciudadano francés fallecido y un agente de la policía que "resultó herido" durante unos altercados del 10 de octubre de 2019. También pide que informen "sobre el uso de armas u otros instrumentos" por parte de quienes asistieron o tomaron parte en las protestas.

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"Las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva", explica García-Castellón.

Su auto destaca para ello algunas de las acciones que llevaron a cabo, como el mencionado bloqueo de la actividad del Aeropuerto de El Prat, el intento de cerrar los accesos del centro de control aéreo Enaire de Barcelona Gavià y el intento de bloqueo de los accesos al Aeropuerto de Barajas. "Los hechos anteriormente descritos pueden ser constitutivos de diversas infracciones, entendiendo este magistrado que, desde la provisionalidad inicial de este momento, pueden tener la consideración de actos de terrorismo".