La Audiencia Nacional manda a juicio por terrorismo al núcleo radical de los CDR

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de desestimar los últimos recursos presentados contra los presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que integraban un núcleo radicalizado con planes para llevar a cabo atentados. El auto deja al borde del banquillo a 12 integrantes de este grupo por pertenencia a organización terrorista. La decisión se produce solo horas después de que el Gobierno pactara con ERC incluirlos en la amnistía que se negocia para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

En concreto la Sala de lo Penal ha confirmado el auto de conclusión de sumario de la causa de los denominados CDR y acordado la apertura de juicio oral. Los 12 afectados fueron procesados por los delitos de pertenencia a organización terrorista y parte de ellos también por tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera confirman la decisión del juez instructor de la denominada operación Judas practicada en septiembre de 2019 contra un grupo de personas a los que el magistrado vinculaba con el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por individuos de diferentes CDR con gran radicalidad y que pretendían, a través de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña.

Varios de los procesados recurrieron ante la Sala de lo Penal la revocación del auto de conclusión de sumario y esgrimieron distintos argumentos, entre otros, solicitaban la práctica de diligencias de investigación que la Sala considera innecesarias en algunos casos y, en otros, explica que se podrán acordar en la vista oral. Además, en su auto el tribunal rechaza la petición de sobreseimiento formulada por tres de los procesados que alegaban falta de indicios de la comisión de un delito de pertenencia a organización terrorista.

Atentados y explosivos

Según las conclusiones de la instrucción, el grupo evidenciaba "una gran radicalidad", se mostraban totalmente entregados a "la causa" y planeaban perpetrar atentados para lograr la independencia de Cataluña. "Habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares", sostiene por ejemplo el auto por el que se los procesó.

Según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, formaban parte de un subgrupo de los CDR llamado Equipos de Respuesta Táctica (ERT) que se organizaba como una célula netamente operativa. La conclusión de las pesquisas pasa por que planeaban atacar infraestructuras de comunicaciones, electricidad y edificios públicos para generar una escalada de violencia que desembocara en la ruptura de Cataluña con el resto de España.

Entre los objetivos que estaban en el punto de mira se encontraba la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, así como miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad o torres de alta tensión, instalaciones en autopistas y peajes. Con todo, su plan estrella era asaltar el Parlament de Cataluña coincidiendo con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O.