El presidente del CGPJ convoca un pleno para debatir la amnistía entre críticas del Gobierno

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado un pleno extraordinario el próximo lunes a las siete de la tarde para debatir la propuesta de ocho vocales conservadores de emitir una declaración institucional sobre la ley de amnistía. Como informó este martes El Confidencial, los vocales argumentan que esta ley supondría "la abolición del Estado de derecho en España" y consideran que el CGPJ debe salir en "defensa de la plena vigencia de la Constitución".

La mañana de este jueves, cuando Guilarte aún no había anunciado la convocatoria, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya ha mostrado su "asombro" ante esta propuesta y ha acusado a los vocales de no ser "los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad". La ministra ha recordado para ello que la renovación del CGPJ acumula casi cinco años de retraso y que los vocales conservadores "deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo". Según ha defendido, no deben "dar lecciones a nadie" cuando ellos mismos son conscientes de que al permanecer en este órgano "están en una situación claramente inconstitucional".

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La ley de amnistía en principio se tramitará en el Congreso como una proposición de ley de los grupos parlamentarios, lo que permitiría evitar el correspondiente informe del CGPJ que debe recabarse cuando se trata de un proyecto de ley del Gobierno. Los ocho vocales conservadores tratan de esquivar ese impedimento con su propuesta y, aunque no se trate de un informe propiamente dicho, piden aprobar una declaración en la que se pueda cuestionar la constitucionalidad de la amnistía. Para que su iniciativa salga adelante, necesitan nueve votos.

"Confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", critican en su propuesta. "La aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho en el que se quiso constituir España y efectivamente se constituyó... al menos hasta ahora".

Una vez recibida la propuesta, el presidente del CGPJ ha acordado atenderla con base en el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 35 de la normativa que rige en el propio órgano: "Deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitasen cinco vocales", establece el primero. "Procederá, en todo caso, la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al presidente por cinco o más vocales del Consejo, con expresión del tema que haya de ser tratado, y con aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día propuesto", añade el segundo.

Críticas contra el bloque conservador

Junto a Robles, otros cargos políticos como el secretario general del Partido Comunista y diputado de Sumar, Enrique Santiago, también han criticado al bloque conservador por forzar la celebración de este pleno extraordinario: "Vocales del CGPJ con su mandato vencido descalifican una ley que no se conoce. No se opusieron a las amnistías fiscales de 1984, 1991 y 2012. Un sector del poder judicial se dedica a la política, no a mejorar el servicio público de Justicia", ha criticado en redes sociales.

La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia ha seguido la misma línea en otro mensaje compartido en Twitter: "Los ocho vocales del CGPJ designados por el Partido Popular saben que no tienen competencia para informar sobre proyectos o proposiciones de ley, pero no les importa embarrar a la judicatura en la confrontación partidista. Transmiten una penosa imagen de servilismo".

Europa, el siguiente paso

Pese a la polémica que ha levantado esta maniobra, algunos de los vocales conservadores también estudian ir un paso más allá y dirigirse a Europa para requerir su intervención. El antecedente más claro se dio a raíz de la reforma para limitar la capacidad del CGPJ de realizar nombramientos de altos cargos de la judicatura. Ese recorte generó un acuerdo para instar, por una parte, al Congreso de los Diputados a que solicitara el informe del propio CGPJ, el principal afectado. Por otro, se reclamó a la Cámara Baja que solicitara el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa) sobre el cambio legislativo

La Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador y mayoritaria en la carrera, también envió una carta a los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders en la que pedían que se articulara desde la Unión Europea una advertencia a España contraria a la aprobación de la amnistía para los encausados por el procés. "De concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico-institucional y, en definitiva, el Estado de derecho en España", defendían en su misiva.