El PP ha registrado este jueves una reforma del reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuentan con mayoría absoluta, para decidir si se aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como será previsiblemente el caso de la amnistía.

Según han informado fuentes del PP, la intención es modificar el artículo 133 del reglamento del Senado para que, en las proposiciones de ley, la Mesa pueda decidir si aplica del procedimientos de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados. De esta manera, se dilataría la tramitación de la ley de amnistía que el PSOE está pactando con los partidos independentistas catalanes y que se presentará previsiblemente esta semana.

El artículo, tal y como está redactado actualmente, establece que en los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo. Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia.

A esta redacción, el PP propone añadir un párrafo más según el cual en las proposiciones de ley -las que presentan los grupos parlamentarios, no el Gobierno-, "la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimientos de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores". Al tener mayoría absoluta, el PP sacará adelante esta reforma sin contratiempos.

En la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Constitución, en su artículo 90, regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a 20 días naturales el plazo de que la Cámara Alta dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja. Sin embargo, ese artículo 90 de la Carta Magna se refiere a los proyectos, "no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual, sino fruto de la voluntad de los constituyentes".

El PP asegura que la reforma del reglamento que propone "se sitúa en el marco del principio de autonomía reglamentaria de las Cámaras reconocido por el artículo 72.1 y, más concretamente, en el ámbito del apartado 1 del artículo 89 de la Constitución, según el cual 'la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las Cámaras".

Según los populares, "el objeto específico de esta reforma reglamentaria no es otra que la de ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado, abriendo la posibilidad de que, en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los senadores cuenten con el tiempo necesario para poder paliar, al menos, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social, de los que, como la experiencia demuestra, suelen adolecer este tipo de iniciativas legislativas".

Para ello, prosigue el PP, se procede a la modificación del artículo 133 del reglamento del Senado con el fin de atribuir a la Mesa de la Cámara "la facultad de decidir en cada caso sobre la pertinencia de la tramitación urgente de una proposición de ley".