De manera más o menos sonora, con textos legales más o menos explícitos y limitado a los proyectos más pequeños, algunos gobiernos autonómicos están limitando en sus territorios la implantación de parques eólicos o fotovoltaicos con leyes que prohíben ubicarlos en tierras donde hay cultivos de regadíos. Se trata de una 'batalla' se libró en la pasada legislatura dentro del Gobierno central y que el Ministerio de Agricultura perdió frente a la negativa del de Transición Ecológica. Pero dentro de sus competencias y solo para parques de hasta 50 MW, Castilla y León se ha sumado a una prohibición expresa que existe en Extremadura desde 2021. Sin dejarlo negro sobre blanco, sendas leyes en Castilla-La Mancha y en Aragón contemplan que un cultivo de regadío puede ser motivo para que un proyecto renovable no obtenga una calificación positiva en la necesaria declaración de evaluación ambiental.

Las Cortes de Castilla y León acaban de instar al Gobierno regional a enmendar un decreto del año pasado para ampliar y concretar la prohibición de ubicar parques renovables en tierras de regadío desarrollados con fondos públicos, algo que, según explica la Federación de Regantes, Fenacore, suele ser lo habitual. Según lo aprobado por medio de una proposición no de ley de PP y Vox -a la que Ciudadanos y Soria Ya! votaron 'sí' y contó con la abstención del PSOE-, la prohibición de implantar parques renovables en "zonas regables" se concreta y amplía a viñedos y "cultivos permanentes" de almendra, pistacho, castaña, avellana, manzana, pera, cereza, ciruela y frutos rojos.

Lo lógico es que, tras instarse a sí mismo mediante esa proposición no de ley, el Gobierno castellanoleonés que forman los mismos partidos que la presentaron -PP y Vox- legisle en ese mismo sentido y modifique el decreto de junio de 2022 para incluir las nuevas restricciones. Sin embargo, en Valladolid de momento prefieren no confirmarlo y fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se limitan a trasladar que están "estudiando el asunto", algo que hace dudar al sector agrario de que pueda tratarse de "una mera declaración de intenciones".

Más al sur, una limitación de este tipo también existe en Extremadura, la comunidad que encabeza el despliegue renovable gracias al impulso del anterior gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, el mismo que también decidió, en diciembre de 2021, excluir las instalaciones eólicas y fotovoltaicas que no fueran de autoconsumo -es decir, para las propias explotaciones agrícolas- de la lista de "usos o actividades compatibles con el regadío".

Aragón y Castilla-La Mancha

De manera más indirecta o "no tan contundente" como afirman en la federación de regantes, Aragón también ha legislado para mantener de algún las tierras de regadío al margen de los proyectos renovables y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) explica que, aunque en Castilla-La Mancha no hay una normativa para restringir expresamente la implantación de renovables en determinados cultivos, las autoridades competentes sí suelen utilizar algunos cultivos permanentes como el "olivo tradicional", pero también de tipo forestal como "elemento de valor natural" para justificar una calificación negativa en la evaluación de impacto ambiental de proyectos eólicos o fotovoltaicos.

Una ley aragonesa de junio de este mismo año sobre protección y  modernización de la agricultura social y familiar excluye la implantación de "plantas solares  fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos" en zonas declaradas de utilidad pública, en las que cualquier administración -estatal o autonómica- haya iniciado proyectos de creación o modernización de regadíos, excluyendo el autoconsumo.

Por el contrario, son más los gobiernos autonómicos no tienen en cuenta el tipo de cultivo o el terreno para el despliegue de renovables, más allá de que cumplan con los requisitos para tener una evaluación de impacto ambiental positiva. Así ocurre en Murcia o en la Comunidad de Madrid, donde la UPA señala que se han aprobado la "inmensa mayoría" de los proyectos para la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos, "incluidos en cultivos permanentes y regadíos".

Lo mismo ocurre en Andalucía, otra de las comunidades con mayor presencia de renovables, porque también es de las de mayor extensión. La Junta no tiene en cuenta el tipo de cultivos a la hora de hacer la declaración de impacto ambiental. En estos momentos, se encuentra tramitando unos 1.100 proyectos, calculan en la Alianza Energía y Desarrollo (Aliente), plataforma ciudadana con ramificaciones en distintas comunidades que reclama una implantación "respetuosa" con el territorio, que denuncia que  "se han arrancado zonas de olivares en Málaga y Córdoba para poner placas solares, lo cual es una salvajada".

La Comunitat Valenciana tampoco tienen restricciones concretas, salvo las restricciones en zonas catalogadas como de alto o muy alto valor ecológico, una clasificación que Julio Rodrigo, de la Coordinadora por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, considera "muy antigua" y que hace que plantaciones de naranjos de la Safor estén protegidas pero no otros cultivos posteriores, también de regadío, como el algarrobo.

Debate sobre los grandes proyectos

Independientemente de que su decisión sea restringir de algún modo el despliegue de renovables en tierras de regadío o ceñirse en el marco general de la declaración de impacto ambienta, los gobiernos regionales sólo son competentes para autorizar los parques eólicos o fotovoltaicos con una potencia instalada de un máximo de 50 MW. Los que la superan depender del Ministerio de Transición Ecológica pero la cuestión sobre si es conveniente o no ubicar parques renovables en tierra que son de regadío ya fue objeto de debate dentro del Gobierno central al final de la pasada legislatura, cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, planteó prohibir tal posibilidad en tierras que hayan recibido fondos públicos para financiar inversiones.

En concreto y con una redacción muy parecida a la ley en Extremadura, el ministro de Agricultura propuso que no pudieran asentarse parques eólicos o fotovoltaicos "sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformación de secano a regadío o bien mediante la modernización de regadíos ya existentes, declarados de interés general del Estado y que hayan contado con inversiones públicas".  Escuchaba así las demandas de los regantes, que, según explica el presidente de Fenacore, Juan Valero, subrayan la importancia de las energías renovables pero defienden que se ubiquen en tierras de secano, que son la mayoría en España y no requieren cuantiosas inversiones como las de regadío, pagadas normalmente con fondos públicos.

Pero la cuestión nunca llegó a la mesa del Consejo de Ministros porque encalló en la negociación previa entre ministerios implicados, donde se impuso la negativa de la Secretaría de Estado de Energía y de su responsable última, la vicepresidenta Ribera, que hace solo unos días volvió a advertir, precisamente en Castilla y León, en contra de los "miedos" sobre el despliegue de renovables "que no se corresponden con la realidad".

También entró en este terreno la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en este caso a favor de las tesis de Transición Ecológica. En febrero consideró "recomendable replantear la normativa urbanística" de ciudades y pueblos para permitir que sea posible construir parques fotovoltaicos y eólicos en zonas calificadas de uso rústico y no edificable, donde ahora esto solo es posible con una autorización especial. 

Del negacionismo al miedo injustificado

Al margen de los planteamientos negacionistas que volvió a esgrimir Vox en el debate en las Cortes de Castilla y León hace dos semanas -"no se trata de salvar el planeta, sino de imponer una nueva creencia salvífica para imponer una nueva fe", dijo su portavoz sobre las energías renovables- en el debate sobre dónde ubicar grandes parques eólicos y fotovoltaicos concurren el convencimiento de que pueden coexistir perfectamente con flora y fauna y las reticencias sobre los efectos sobre otras actividades y el paisaje que no terminan de creerse las garantías que no hace más que repetir Ribera para repartir beneficios y tener en cuenta las preocupaciones de las comunidades locales.

En el caso más reciente, en Castilla y León, el debate en las Cortes giró en torno a los perjuicios que PP y Vox, también Cs y Soria Ya e incluso el PSOE en esta comunidad, plantean en concreto sobre la producción de vino de El Bierzo, donde el domingo pasado ayuntamientos y asociaciones locales se manifestaron en contra del nuevo "excesivo" de parques eólicos que hay proyectados en la zona. Por el contrario, a Ribera lo que le parece excesivo es el "miedo" a un despliegue de renovables que, en relación en concreto con El Bierzo, aseguró hace unos días de que "no se corresponde con la realidad", en una de las regiones de transición justa, desde la minería de carbón, que durante décadas contaminó el aire y provocó enfermedades tempranas en ciudadanos y mineros sin que se protestase de la misma manera que contra parques eólicos y fotovoltaicos. "Me llamó la atención porque las zonas donde ha estado presente el carbón ha vivido problemas muy serios y esto nunca suscitó un problema", dijo antes de minimizar también el número de molinos que se implantarán en la zona. "Lo más llamativo es que lo que probablemente ocurra es que de más de 120 o130 aerogeneradores, están desechados todos menos 15", la cifra de la que tiene constancia el Ministerio ante la última protesta contra las renovables.