El catalán y la inmersión lingüística sigue siendo el motivo de enfrentamiento constante entre Partido Popular y Vox en las Illes Balears. Una de las principales medidas que quiere tomar Vox es cambiar el modelo de inmersión lingüística en el sistema educativo de las Islas. Precisamente, con este tema en el centro de la polémica, el pasado martes se produjo el enésimo momento tenso entre las dos formaciones. El partido de Santiago Abascal presentó a principios del mes de octubre una Proposición No de Ley (PNL) para "garantizar la elección de la lengua", entre catalán y castellano, en las primeras etapas educativas, Infantiles y Primarias, durante el próximo curso escolar, 2024-2025, e implementarlo en el resto de etapas en el siguiente, 2025-2026, una medida que pondría punto final a la inmersión lingüística en las Baleares. Finalmente, el PP se ha abstenido y la oposición ha votado en contra, por lo tanto, se ha tumbado la iniciativa. La respuesta de la extrema derecha a la abstención del PP ha sido el boicot a la tramitación de los presupuestos autonómicos.
En el horizonte de PP y Vox en las Baleares está la Oficina de Libertad Lingüística, ideada y dirigida por Vox —que se pondrá en marcha el mes de enero—, para a través de multas de hasta 100.000 euros "luchar contra la imposición del catalán en las Baleares", en los casos que consideren "más graves". Con esta nueva entidad, la extrema derecha pretende equiparar el castellano con el catalán en las Islas. Así pues, defienden que el ente servirá para "fomentar la protección del castellano", ya que consideran que ha sido perjudicada por una normativa "pancatalanista que dificultaba el uso del castellano". La intención de Vox es que la nueva oficina pueda actuar tanto en el ámbito privado y público, desde el gobierno Balear, el Parlamento y otras instituciones públicas como la Universidad de las Islas Baleares, hasta las "personas físicas y jurídicas de naturaleza privada". Según la propuesta de Vox, las infracciones leves pueden ser multadas hasta con 1.000 euros; las graves, hasta los 10.000 euros, y las muy graves, hasta los 100.000 euros.
Cambios en la sanidad de las Islas Baleares
La cruzada de Vox y PP contra el catalán no se ha limitado solo en el ámbito de la educación, sino también en la sanidad pública. En solo 100 días de gobierno, ambas formaciones han decidido eliminar el requisito del catalán de la sanidad pública, al considerar que la obligatoriedad del catalán limitaba la llegada de personal sanitario. Sin embargo, eso no es todo, sino que se plantean la posibilidad de extender la medida a toda la función pública, lo que supondría que para obtener una plaza de funcionario no sea necesario acreditar ningún nivel de catalán. El Parlamento balear está en manos de la extrema derecha y entre sus medidas está la de "derogar las normativas que promueven el enfrentamiento y la división", así como promover "la identidad y cultura, así como las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España".
La presidenta popular, Marga Prohens, ya ha aprobado algunas medidas que atacan el catalán. Una de ellas ha sido la eliminación del requisito del catalán en la sanidad, aunque han reconocido que no tienen datos exactos sobre la presunta huida de médicos a consecuencia de tener que hablar catalán. Incluso, esta semana ha afirmado que luchará para que trabajar en las Baleares "sea un regalo y no castigo", en relación con el requisito del catalán. Antes de aprobarse la medida de PP y Vox, se exigía el título del B2 de catalán para optar a una plaza fija en la sanidad pública.
Desavenencias con el PP
La proposición de ley presentada por Vox es una de las cuestiones con las cuales topa con el PP, que aseguran que la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, tal como la plantea la formación de extrema derecha, "no los gusta ni poco nada". El portavoz del PP en las Baleares, Sebastià Sagrera, advirtió que si no se retiraba la proposición, los populares presentarían una "multitud" de enmiendas contra el texto, que denunciaron que no estaba pactado, y del cual no habían sido avisados y que "atenta contra el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que el PP siempre defenderá". “Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo, tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar o permite registrar instituciones”, declaró Sagrera. “Siempre hemos defendido el normal uso y la pacífica convivencia de las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad autónoma, dentro del marco del Estatuto", añadió Sagrera.