Los juzgados de Madrid investigan los “protocolos de la vergüenza”, pero sus superiores se cargan sus trabajos. El último ha sido un juzgado de Collado Villalba que instruye una denuncia por la muerte de varios ancianos en la residencia Torrelodones, gestionada por Sanitas. Ha llamado a declarar en calidad de testigos a Alberto Reyero, Carlos Mur y Yolanda Fuentes, el primero ex consejero de políticas sociales y los otros dos ex altos cargos de la Consejería de Sanidad.
Pero la jueza apunta más alto. Quiere saber el origen de los llamados “protocolos de la vergüenza” esos correos electrónicos en los cuales se establecían una serie de prioridades en materia de asistencia hospitalaria en las residencias de la tercera edad. Unos protocolos que impidieron derivar a los ancianos enfermos a centros hospitalarios, quedándose en unas residencias sin personal, respiradores, mascarillas o habitaciones para hacer frente a la emergencia. Protocolos que fueron aprobados en un plan de choque en marzo de 2020 que dejó el mando único en manos de la Consejería de Sanidad.
Los juzgados buscan las responsabilidades en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Concretamente apuntan al que entonces era consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la propia presidenta. Lo vergonzoso de todas las acciones judiciales es que acaban siendo rechazadas por las instancias superiores. En el caso de Madrid, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia ya se han encargado de ordenar el archivo de muchas de estas actuaciones.
La sala de Lo Contencioso Administrativo del TSJM rechazó las acusaciones de inactividad de la Comunidad de Madrid y argumentó en una sentencia, recurrida ante el Supremo, que “el protocolo no establecia ninguna concreta y específica obligación directamente exigible por los centros o residentes a las autoridades sanitarias de la CAM”. Lo mismo que repite en los juzgados que ya ha visitado en calidad de testigo el director general de coordinación sanitaria de la Comunidad en la época del estallido de la pandemia, Carlos Mur. En la última declaración ha sido tajante: “el protocolo no era obligatorio y fueron los médicos los que tomaron la decisión de desviar a los ancianos a los hospitales”. La semejanza de las versiones de Mur y de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es evidente.
Por su parte, el Tribunal Supremo también ha puesto piedras en el camino para esclarecer las responsabilidades penales en lo que se refiere a los altos cargos de la Comunidad de Madrid. En una sentencia dictada hace tres años ordena a los juzgados que instruyan las causas separadamente teniendo en cuenta la ubicación de las residencias donde se denunciaron las muertes.
Es por eso por lo que el juzgado número 4 de Madrid, el que tiene abiertas más causas, sólo puede abarcar las denuncias de la Amalvir, en el madrileño distrito de Arganzuela, y la Adolfo Suárez, en San Blas. El otro juzgado que tiene abiertas diligencias es el 9 de Madrid. Y poco más. Gracias a los recursos presentados por los fiscales se ha conseguido que 19 causas sean reabiertas.
En un momento determinado, el ministerio fiscal tuvo en sus manos 500 instrucciones judiciales sobre este asunto. Ahora sólo quedan 106 en toda España, muchas de ellas en Madrid donde se produjeron la mayoría de las 7.690 muertes de ancianos en las residencias entre marzo y mayo de 2020. La Audiencia Provincial ha desestimado la mayoría y el Tribunal Superior de Justicia el resto. Se cuentan con los dedos de una mano las que han prosperado.
Veremos en lo que queda la instrucción abierta por el juzgado de Collado Villalba ya que hasta ahora las instancias judiciales superiores han limitado las responsabilidades a los directores de las residencias de mayores. En un auto, la jueza deja claro que su objetivo es investigar a tres altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de los ancianos en la residencia de Torrelodones: la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de interior y justicia, Enrique López y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La magistrada encamina las diligencias previas abiertas hacia esos tres altos cargos porque entiende en que en ellos estuvo el origen de los famosos protocolos partiendo del hecho de que las competencias en materia de salud y servicios sociales las tenía y las tiene la CAM y no el gobierno central como en alguna ocasión ha manifestado Díaz Ayuso culpando de la catástrofe de las residencias de ancianos al que era vicepresidente y encargado de los servicios sociales, Pablo Iglesias.
Si las diligencias prosperan, lo que está claro es que la jueza de Collado Villalba no concluirá la instrucción porque será el Tribunal Supremo el que se hará cargo de la causa por la condición de aforada de Isabel Díaz Ayuso. También habrá que tener en cuenta que Enrique Ruiz Escudero es, ahora mismo, diputado de la Asamblea de Madrid, y que Enrique López se ha incorporado a la carrera judicial como juez de la Audiencia Nacional por lo cual los dos tienen un aforamiento especial.
La justicia intenta hacer el trabajo que, al final, no pudieron hacer los políticos y más concretamente los representantes de los madrileños. La comisión de investigación abierta en la Asamblea Regional no sirvió para esclarecer lo ocurrido y mucho menos para establecer las responsabilidades oportunas. Ahora tendrá que ser el ámbito judicial el que tome cartas en el asunto.
Lo que ocurre es lo de siempre en la administración de justicia. Que por mucho empeño que pongan unos cuantos jueces para hacer un trabajo riguroso, sus superiores siempre estarán vigilantes para que la cosa no llegue a mayores. Y eso ya está pasando. Los fiscales empezaron con casi 500 denuncias y, al final, sólo han logrado recuperar 19. Las demás se han quedado por el camino. Las instancias judiciales se han encargado de archivar la casi totalidad de ellas. Y es que a la justicia no le conviene remover la mierda a pesar de que lo que está en juego es la dignidad de unos ancianos que fueron olvidados cuando más necesitaban el apoyo de la sociedad.
«Los jueces de las instancias superiores de Madrid protegen a Ayuso de las investigaciones sobre las muertes en las residencias». Si este titular y el artículo se basa en datos verificados…, es una realidad, crea indefensión en las víctimas, los ancianos…Esa forma de actual es una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable…esos jueces deberían ser destituido de su cargo…
Pues Maria Dolores tienes mucha razon. Primero q los aportados en el articulo sean ciertos. La AN y el TSJ actuan a favor d ayuso y en cambio los jueces d 1a Instancia e Instruccion, mejor dicho estos últimos en los juzgados q esten divididos, estos jueces trabajan en vano xq despues en las altas instancias los archivan. Y hasta la fiscalia trabaja en valde. Pero, una cosa, a los jueces y magistrados no se les puede expulsar salvo q intervengan en faltas muy graves y en repetidas ocasiones.
Gracias…Bueno, era un deseo… que se pudiera penalizar la mala praxis… para asegurar que sean responsables de sus actos…
Y esto no se llama prevaricacion ??
Prevaricación, delito que se produce cuando sea un juez o una autoridad dicta una sentencia injusta a sabiendas de que lo es…Cohecho, cuando los funcionarios públicos reciben comisiones o regalos… pasando por la malversación de fondos, cuando se sustrae dinero público …
Es que el ministerio público tiene la obligación de declarar en qué parte del procedimiento puede estar el vicio; en la indefensión o la acusación partidista o interesada, que es objeto de recusación, que aquí no se produce. También es muy curiosa la templanza de los medios escritos porque esto es un gran problema de corrupción que pondrá en el paro o en la red a los auténticos profesionales a la altura de la los más miserables e e incultos informadores. En la «champions» jugarán los utilleros, vaya; este es el estado español.