El número de secuestros parentales perpetrados en España no deja de crecer y los expertos tratan de analizar cuáles son las razones que hay detrás de unos datos absolutamente dramáticos. Hace tan solo unos días, la Fiscalía General del Estado revelaba que 2022 cerró con 1.339 diligencias previas por sustracción de menores, el número más alto de toda la serie histórica. Especialmente llamativas son las cifras desde que Irene Montero aterrizó al Ministerio de Igualdad.
A nadie se le escapa el impacto que ha podido tener en esta tendencia la férrea defensa de las mal llamadas "madres protectoras", así como la concesión de sendos indultos a Juana Rivas y a María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, que fue condenada por mantener a su hijo secuestrado durante más de dos años en una finca de Cuenca en condiciones insalubres. Sin embargo, las organizaciones que luchan contra esta lacra apuntan también a otras causas que podrían estar influyendo en el repunte de secuestros parentales. Entre ellas, el incremento de las custodias compartidas concedidas por los jueces en detrimento de las exclusivas que hasta hace unos años se otorgaban mayoritariamente a las mujeres, así como la despenalización del incumplimiento del régimen de visitas aprobado en el año 2015.
El 92% de los secuestradores son mujeres
A pesar de que en España no hay datos oficiales al respecto, se cree que la inmensa mayoría de los secuestros son perpetrados por las madres. A nivel mundial, se estima que esto es así en 7 de cada 10 casos. Así lo apunta, por ejemplo, el último informe del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, según sus siglas en inglés) que, sin embargo, abronca a España precisamente por su opacidad.
En nuestro país, el sexo del secuestrador dejó de publicarse en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero son muchas las asociaciones que hacen sus propios cálculos en base a las denuncias que reciben cada año. Tal es el caso de NISDE, la Asociación Niños sin Derechos, que ayuda tanto a padres como a madres que han sido separados forzosamente de sus hijos. De acuerdo a sus estimaciones, en España, el porcentaje de casos en los que la secuestradora es la mujer se eleva al 92%.
Adiós a la custodia en exclusiva
La prevalencia del sexo femenino a la hora de perpetrar este delito es absolutamente clave para poder entender, en primer lugar, el impacto que ha tenido el hecho de que, tras un divorcio, los jueces cada vez se inclinen más por conceder la custodia compartida a los progenitores. Así, si analizamos los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que hace una década el 76,2% de las custodias se otorgaban a las madres, ese porcentaje se ha ido reduciendo progresivamente hasta el 50,6% de 2022, en claro beneficio de la compartida: mientras que este modelo apenas se condecía en 2013 en un 17,9% de los casos, ahora se da en el 45,5%.
"Nosotros vemos clarísimo que el que se estén concediendo muchísimas más custodias compartidas tienen mucho que ver", sentencia Néstor Fernández, presidente de la Asociación Custodia Compartida creada en Segovia. Tal y como ya explicó en su día en LD tras el asesinato de la pequeña Olivia a manos de su madre, el problema no reside en esta figura en sí misma, sino en "esa sensación o creencia tan antigua de que si eres madre tienes todo el derecho sobre tus hijos y eres dueña y señora de ellos, y el padre no pinta nada".
A su juicio, "las cosas han ido evolucionando, pero todavía tenemos muchísimas reminiscencias de esa época". Así, insiste en que "aunque la mayor parte de la sociedad ha entendido que los padres son igual de aptos para criar a los niños, todavía hay determinadas madres a las que no les entra en la cabeza". Si a eso le sumamos el "empoderamiento" actual de la mujer, el cóctel puede ser explosivo: "Hay un empoderamiento tan grande, que todo lo que no sea que le den la razón a ella causa frustración".
En esta línea, Néstor Fernández hace referencia a "la impunidad que las mujeres tienen en los incumplimientos de sentencia o la facilidad para impedir esa custodia compartida con denuncias falsas o con determinados vericuetos legales". De esta forma, "cuando ven que se acerca el momento y que ya no hay más opciones, optan por el secuestro, pensando que no les va a pasar nada".
Aunque los más sonados suelen ser los casos en los que el progenitor se fuga con el menor a otro país y permanece en paradero desconocido, lo cierto es que la mayor parte de los secuestros son perpetrados dentro del territorio nacional y sin necesidad de esconder el lugar en el que se encuentran. "Coger a tu hija y llevártela a vivir a otra ciudad sin autorización judicial y de forma obligada también es un secuestro", recuerda Néstor Fernández, que apunta que, desgraciadamente, esta es la vía más recurrente para evitar la custodia compartida. Además, en estos casos casos, "se produce un secuestro económico, porque muchos padres no pueden permitirse viajar semanalmente a Canarias, por ejemplo. Y, en ocasiones, se ven obligados a mudarse allí para no perder a sus hijos".
La despenalización de 2015
Junto a esta cauística, no obstante, hay otro hecho que ha influido claramente en el incremento de secuestros parentales: la despenalización de la obstaculización del derecho de custodia y visitas que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 -justo en el año en el que el número de diligencias previas por sustracción de menores comienza a subir- y que está detrás del escaso número de condenas que existen, a pesar del altísimo número de denuncias.
Según el artículo 622 del Código Penal, "los incumplimientos graves de convenios o sentencias pueden dar lugar a responsabilidad por desobediencia". Sin embargo, aquellos que se consideren una "mera obstaculización, cumplimiento defectuoso o incumplimientos sin la gravedad suficiente tienen un régimen sancionador en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Traducido: "En la mayoría de las conclusiones que sacan los fiscales sobre estos casos, lo que dicen es que simplemente se trata de un incumplimiento del régimen de visitas y que se debe sustentar por la vía civil, así que se cierran las diligencias previas, no hay juicio y no hay condena", lamenta Javier Somoza, presidente de NISDE.
Por aquello de explicar las cosas. @Asoc__Anavid
— NISDE - Asociación Niños Sin Derechos (@NisdeOrg) September 8, 2023
Cuando se despenalizó la obstaculización del derecho de custodia y visitas (Ley Orgánica 1/2015, art. 622 del C.P.) se argumentó "los incumplimientos graves de convenios o sentencias pueden dar lugar a responsabilidad por… pic.twitter.com/oYgRxbEMpx
Las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dan buena cuenta de ello. A falta de conocer los datos de 2022, basta con recurrir a los del año anterior para verlo claro: frente a las 1.229 diligencias abiertas en 2021, apenas hubo un total de 37 condenas. De esta forma, el progenitor al que su expareja le priva de ver a su hijo no tiene más remedio que limitarse a presentar una demanda de ejecución de sentencia. Resultado: "Multa pecuniaria y una advertencia de que, si sigue así, le van a quitar la custodia". El problema es que "ese proceso suele durar muchísimos años", lo que genera una impunidad que deriva en el preocupante incremento de secuestros parentales que tanto Justicia como Interior han constatado en los últimos años.