NUEVA LEGISLATURA
PSOE y PP rechazan tramitar una iniciativa para limitar la inviolabilidad del Rey
La modificación que se recogía pasaba por atribuir a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo las competencias sobre "las acciones civiles o penales dirigidas contra el Rey durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo"
Nueva legislatura, pero mismas dinámicas. Como ya ocurrió en junio del pasado año, el
PSOE
ha sumado sus votos a los del
PP
en la Mesa del Congreso para tumbar una iniciativa del PNV que pretendía limitar la inviolabilidad del Rey. Fuentes socialistas explican que existe una "reserva constitucional" y que, por tanto, no se puede regular con una proposición de ley. En lugar de ello, señalan que se debería realizar una modificación de la Constitución. Así, el texto, que solo ha recibido el 'sí' de los dos miembros de
Sumar
en la Mesa del Congreso, no podrá ser debatido en las Cortes.
La pasada semana, la formación jeltzale registró sus primeras cinco proposiciones de ley. Entre ellas, una proponía "limitar la inviolabilidad del Rey" y para ello se planteaba una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que el monarca no esté "por encima de los valores estructurales de la propia Constitución y de las leyes". La modificación que recogían pasaba por atribuir a la Sala de lo Civil y de lo Penal del
Tribunal Supremo
las competencias sobre "las acciones civiles o penales dirigidas contra el Rey durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo".
Se trataba de la misma iniciativa que registraron en 2022. En aquel momento, el PSOE se aferró a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara en el que interpretaban que restringir la inmunidad de la que goza el jefe del Estado solo se puede hacer mediante una reforma de la Carta Magna. En concreto, la Constitución establece, en su artículo 56.3, que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
La formación jeltzale, además, planteó otras cuatro iniciativas que sí han sido calificadas por la Mesa. Por un lado, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, para desclasificar documentación, y de la regulación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para añadir más controles a sus actuaciones. Y, por otro, una propuesta para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad a los estatutos de autonomía y una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para "cambiar la regulación de la jurisdicción universal". Todas ellas sí que podrán ser debatidas, aunque por el momento no se ha establecido un calendario de sesiones plenarias.
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