Puigdemont exige a Sánchez una amnistía "completa" y avisa que no renuncia a la vía unilateral

Ni 24 horas después de la reunión con Yolanda Díaz en Bruselas, Carles Puigdemont ha puesto las cartas sobre la mesa en el tablero del proceso de investidura. Una amnistía "completa" para cualquier hecho relacionado con el procés, la despenalización del 1 de octubre de 2017. Es la principal condición que el expresident catalán ha puesto este martes a Pedro Sánchez para avanzar en la investidura del líder socialista, aunque el líder de Junts también se ha referido al pleno que debe afrontar Alberto Núñez Feijóo los días 26 y 27 de septiembre.

Sobre la amnistía giran el resto de "condiciones previas" que son necesarias para una negociación "honesta, seria y ambiciosa". El líder independentista ha insistido en la necesidad de "legitimar" el referéndum del que se cumplirán seis años en las próximas semanas y todos los pasos que se dieron para lograrlo, así como las protestas que se produjeron en ese contexto y la posterior declaración unilateral de independencia. "No podemos negociar con quien nos considera un terrorista", ha dicho el político catalán, que ha dejado claro que su partido no pretende renunciar a la unilateralidad que llevó a aquella consulta.

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Esta petición tiene sentido si se tiene en cuenta que en Junts quieren volver a sacar las urnas a la calle. El entorno del expresident contempla la celebración de un nuevo referéndum de independencia en el marco de un hipotético acuerdo con el PSOE. La fecha y la fórmula elegida para la votación ya formarían parte de una nueva fase de las negociaciones, si es que este primer intento fructifica desde esta posición de máximos que ha dejado clara Puigdemont en su comparecencia en Bruselas, en la que ha recordado el camino de seis años que lleva recorrido desde su salida de España.

También hay una factura económica en las condiciones que ha puesto sobre la mesa el jefe de los neoconvergentes. El principal es el "déficit fiscal" de 20.000 millones de euros que el dirigente de Junts considera que se produce en Cataluña cada año. Esta idea no es nueva, ya la lanzó Pere Aragonès en los días previos a las elecciones del 23 de julio, para enfado de Junts. También ha mencionado la gestión de Rodalies, las competencias en materia de inmigración y recursos para afrontar problemas como la falta de médicos o el problema de la vivienda.

El líder independentista también ha exigido un "mecanismo de mediación y verificación", señalando que debe aportar "las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos". "La total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y que deba operar desde el inicio de las negociaciones. Nuestra experiencia nos impide tener confianza alguna en la palabra que nos den; sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con ese mecanismo", ha explicado Puigdemont.

"Estamos en un callejón sin salida", ha espetado Puigdemont, que ha ilustrado la disyuntiva entre la repetición electoral o la negociación con Junts, "un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán". El expresident se ha retrotraído a los acuerdos de Nueva Planta de 1714 y a la "persecución del catalán" que extiende durante los últimos tres siglos y también ha pasado por la sentencia del TC en 2010 sobre el Estatut. "Cataluña es una vieja nación europea y ha sido atacada por las instituciones españolas", ha denunciado, con recuerdo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que decidió el PP de Mariano Rajoy con el aval del PSOE de Pedro Sánchez.

Puigdemont se ha preguntado si existe una vía "alternativa" a la independencia para garantizar la "supervivencia de Cataluña" como nación. Y él considera que no, pero deja el balón en el tejado de los partidos "españoles", por la vía de los hechos y no de las "promesas y las palabras". Esto aleja la vía "autonómica" que, para el dirigente catalán, no es la "solución". "El pueblo catalán tiene el derecho de convertirse en un estado independiente en forma de república. No existen impedimentos constitucionales para no celebrar este referéndum", ha zanjado.

Las exigencias de expresident concuerdan con los mensajes que salían de Waterloo poco después del acuerdo para la Mesa del Congreso, ya que la intención de los neoconvergentes es que la proposición de ley de amnistía llegue a la Cámara Baja en los primeros compases de la legislatura, como paso previo a cualquier negociación. Para ese perdón, ha asegurado, tampoco hay "impedimentos constitucionales", como han defendido dirigentes de la izquierda a pesar de que en el PSOE todavía no se han pronunciado al respecto y su mensaje es claro en todo momento: el límite de la negociación con Junts está en el marco de la Constitución.

Puigdemont incluye en sus exigencias un "mecanismo de garantía" para certificar el cumplimiento de los pactos

"Estamos preparados por si hay elecciones. Pero también estamos listos para una negociación que pueda culminar con un pacto histórico. La pregunta que debemos formularnos no es, pues, si nosotros estamos preparados para una negociación, sino si lo están los dos grandes partidos españoles", ha explicado Puigdemont, que se ha referido en todo momento al Partido Popular y al PSOE de manera conjunta a pesar de que su órdago alejará con total probabilidad a Núñez Feijóo de cualquier acercamiento a Junts.

La reunión de este lunes entre Díaz y Puigdemont ha levantado una polvareda política en España, donde el Partido Popular considera que el gesto legitima al huido de la Justicia y donde el ala socialista del Gobierno se desmarca de la cita, y en Bruselas, donde muchos funcionarios, eurodiputados y diplomáticos han pasado años haciendo una labor didáctica hacia las autoridades belgas respecto al procès y que consideran que la reunión es un golpe bajo a ese trabajo realizado desde octubre de 2017, que fue un mes realmente duro para los españoles en la capital comunitaria. Sumar ha querido asumir el papel de mediador con los de Puigdemont, y ese ejercicio, que comenzó inmediatamente después de las elecciones del pasado 23 de julio, culminó en el encuentro de este lunes, en el que Díaz y Puigdemont acordaron “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear del conflicto político” en Cataluña.